Por: Carlos Ernesto Choc y Nelton Rivera
Izabal, 28 de noviembre de 2017. A la preocupación por la acelerada contaminación del agua, especialmente en el lago de Izabal, con residuos de químicos provenientes de la extracción minera del níquel, se suma una nueva preocupación: la empresa sigue operando sin haber completado los requerimientos que la ley en Guatemala demanda.
La empresa minera Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (Pronico) no realizó la consulta previa e informada a las comunidades indígenas del municipio de El Estor, como lo demanda la ley de minería, el Convenio 160 de la OIT y el Código Municipal. Esta empresa ha cambiado de dueños, y ahora es propiedad de la empresa rusa Solway Investment Group, que le compró en 2011 el proyecto minero a la empresa canadiense HudBay Minerals Inc.
Por eso, este miércoles 28 de noviembre, distintos sectores de la sociedad de este municipio revisaron este tema. Hay encaminadas varias acciones legales en contra de la actividad extractiva de la empresa, y del otorgamiento de las licencias de manera anómala durante el gobierno del Partido Patriota.
La sociedad civil de El Estor está analizando la realización de la consulta comunitaria o consulta de vecinos debido a que no hubo ninguna consulta hecha a los pueblos indígenas en el territorio. La omisión de la consulta por parte de la empresa CGN y del Estado es una clara violación de los derechos humanos y colectivos en Izabal.
El Estado de Guatemala y la empresa violaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT: “mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”.[1]
Durante el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina la empresa rusa fue beneficiada por el Estado de Guatemala para las operaciones que tenía previstas. De la misma forma, el exministro de Energía y Minas, Erick Archila Dehesa, ahora prófugo de la justicia por varios casos de corrupción dentro del Estado, aprobó la ampliación de las licencias de la empresa rusa en Izabal a partir de 2013.
“La licencia de explotación minera SEXT-019-11 del ‘Proyecto de Explotación Minero Niquegua Montúfar II’, en el municipio Los Amates del departamento de Izabal, fue otorgada el 3 de abril de 2013 a la CGN”.[2]
Representantes y autoridades comunitarias durante varios años han denunciado que la empresa CGN Pronico opera de manera ilegal, además, a esto se suma la preocupación por la contaminación del agua y la destrucción de los cerros que realiza la empresa minera. Se suma también la criminalización de las comunidades por oponerse a este proyecto minero. Se suman también la persecución penal, la existencia de presos políticos y que existan procesos penales en contra de aquellas personas que piensan distinto a la empresa y se oponen de manera pacífica a esta.
[1] Organización Internacional del Trabajo OIT. Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—americas/—ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf
[2] NIQUELADOS: EL PP Y LOS RUSOS, Revista Perro Bravo. 25 de agosto 2016. http://www.revistaperrobravo.com/niquelados-el-pp-y-los-rusos/
