La microrregión de Ixquisís (Yich K´isis, de aquí en adelante) está ubicada en el municipio de San Mateo Ixtatán, cerca de la frontera con México, y está compuesta por ocho aldeas y tres caseríos. Como microrregión, posee una gran cantidad de ríos y recursos naturales que han despertado el interés de inversiones extranjeras.
En 2009, las comunidades del municipio de San Mateo Ixtatán celebraron una consulta comunitaria de buena fe en la que dejaban en claro su rechazo ante cualquier forma de reconocimiento, explotación y expropiación minera o hidroeléctrica con la participación de 25 mil 646 personas. A pesar de esta clara toma de decisión del 99% de la población, la voluntad de las personas no fue respetada.
En 2011, el alcalde de San Mateo Andrés Alonzo (quien actualmente ha perdido su inmunidad por la imputación de una serie de delitos) autorizó dos licencias hidroeléctricas en las regiones de Yich K´isis y Pojom, quién acepto públicamente haber recibido Q200 mil de parte de la empresa hidroeléctrica para el “desarrollo del municipio´´. Desde ese momento, los mecanismos y las dinámicas con que la empresa y los megaproyectos han tratado de violentar la voluntad de la población han sido numerosos.
En enero de este año, una manifestación pacífica en contra de la empresa hidroeléctrica fue reprimida y atacada con armas de fuego. Como resultado de esa agresión, Sebastián Alonso Juan, una de las personas que acompañaba la manifestación, perdió su vida: fue asesinado. El lunes 13 de noviembre de 2017, se repitió una historia similar. Un grupo de personas manifestaba para exigir la retirada de la subestación de la Policía Nacional Civil y el destacamento militar de la región. Ambos están ubicados dentro de las instalaciones de la empresa hidroeléctrica, lo que evidencia de forma clara su parcialidad a favor de la empresa.
Los manifestantes también exigían la retirada de la empresa de la región. Al llegar a la sede de la Policía, para entregar un acta firmada, la manifestación fue dispersada con una bomba lacrimógena; por lo que decidieron retirarse del lugar. En su retirada, un grupo de personas civiles, armadas, afines a la empresa hidroeléctrica, comenzaron a disparar en contra de los manifestantes. Al igual la manifestación de enero, la manifestación fue pacífica. Sin embargo hubo varios grupos que se encargaron de desinformar sobre los hechos ocurridos para beneficiar a la empresa y para criminalizar la protesta social.
Acusaban a la manifestación de tratarse de “personas disfrazados de manifestantes”. En función de esta criminalización, se han desplegado más de 200 agentes de la PNC en la zona de YichK´isis. La PNC difundió además imágenes de agentes heridos y golpeados, por “un grupo armado disfrazado de manifestantes”. Según corresponsales de este medio, fueron los simpatizantes del proyecto hidroeléctrico quienes atacaron las áreas de la empresa, con el objetivo de generar conflicto y criminalizar la protesta pacífica. Estos grupos provenían de la aldea Yalanhuitz y fueron liderados por un pastor evangélico llamado Andrés Bernabé, quien se autodenomina como el presidente de la Organización Permanente de Apoyo Mutuo de Desarrollo.
El clima de tensión por la amenaza de la violencia estatal, generada por la presencia de agentes de la PNC permaneció hasta la tarde. Tras la incidencia violenta que provocó personal de la empresa y la Policía Nacional Civil, el gobernador departamental de Huehuetenango circuló un comunicado en el que hace alusión al hecho ocurrido en Yich’Kisis, en el comunicado transmite un mensaje tergiversada y fuera del contexto de la situación lo que puso en evidencia su postura clara a favor de la empresa.
