Por: Mardoqueo Paz Tejada
Fotografías: Facundo Correa
Al parecer gritar consignas es un delito en Chile, así que el jueves pasado (26 de septiembre) terminé detenido. Los mensajes que se lanzaban al aire eran el rechazo a una ley antiterrorista, la libertad a los presos políticos y el apoyo a los comuneros mapuches presos que están en huelga de hambre en son de protesta. Por mi condición de extranjero terminé en un proceso legal donde resulté estando en una especie de libertad bajo palabra y debo firmar un libro todos los viernes. Parece ridículo pero así las cosas. De cualquier modo mi caso no es importante, pero resulta ser muy ilustrativo para ver hasta dónde llegan las formas en las que funciona el estado chileno para el control social.
Lo fundamental en esta historia es la represión del Estado en contra del pueblo mapuche y su histórico papel para facilitar a los capitales la explotación de los recursos y la población. Y pues en todo esto es inevitable remitirme a la realidad de otros países y darse cuenta del racismo genealógico de cada cual.
Como es sabido, en Chile se instaló una dictadura militar por 17 años a partir del 11 de septiembre del 1973 con el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, por una junta cívico-militar con apoyo de Estados Unidos (oooh que novedad!) y conducida por Augusto Pinochet. Los asesinatos, la persecución y las desapariciones se vuelven política de Estado y 1984 aparece la ley antiterrorista para legalizar una parte de esto. Por la condiciones de la dictadura militar, se implementa en Chile una neoliberalización muy temprana, lo cual involucra la descomunal implantación de capitales para la explotación de los recursos naturales y los servicios públicos. Y aquí el Estado entonces, se vuelve una mezcla de facilitador y represor para el capital, que en la Wallmapu (nombre del territorio mapuche) significa la irrupción de las forestales y de otros negocios, es decir, avanzar en el despojo de sus tierras. Con el plebiscito, gana el “no” y entra la “democracia” y la “izquierda”, la cual lleva 23 años de los 27 (solo con la pausa del gobierno de Piñera) después de la dictadura.
En los años 90s las condiciones hacia los mapuches los van acorralando porque las forestales se expanden y el Estado apoya el control social. De allí que en 1998 modifica la ley antiterrorista para adaptarla como herramienta para la desmovilización de las protestas mapuches a partir del encarcelamiento y la acusación con testigos sin rostro. Ya para la década pasada, de aquel territorio al sur del Bio Bio solo quedan fragmentos disgregados, que igual el Estado los considera una amenaza que debe estar bajo la presencia militar.
Y entonces ya llegamos al desastre actual, donde los carabineros y sus fuerzas especiales ingresan a comunidades, allanan casas, tiran gases lacrimógenos en escuelas, realizan retenes, detienen personas y disparan a quema ropa en poblaciones mapuches. Solo entre el año pasado y este tenemos el encarcelamiento de la machi Francisca Linconao y un grupo de más de 15 personas por el caso judicial llamado Caso Luchsinger – Mackay; esta el caso de Brandon Hernández, un joven de 17 años que recibió un disparo por un carabinero; el ingreso de un escuadrón a la comunidad de Temucuicui con gases lacrimógenos en una escuela del lugar, donde aprehenden a Valeria Millanao para amenazarla e intimidarla para que entregue información sobre miembros de la comunidad; y el caso de los 4 comuneros detenidos en un puesto de registro en una ruta, que serán acusados y encarcelados por el caso judicial conocido como iglesias.
Y sobre este último han ocurrido muchas cosas en las últimas semanas. Por el manejo malicioso y dilatorio, actores oscuros que influyen, y ya de plano, la actuación represiva del juzgado, la fiscalía y el ejecutivo. Los comuneros decidieron iniciar una huelga de hambre desde 6 de julio de 2017. Ante el muy largo periodo de abstinencia y la permanente injusticia y falta de respuesta de se da inicio a una serie de plantones en Concepción y Temuco (Región del Bio Bio y de la Araucanía) y otras ciudades, marchas de protestas, actividades culturales de solidaridad y toda clase de apoyos para la movilización ante la ya muy crítica condición de los comuneros (según evaluaciones medicas, su recuperación total no es ya posible). De cualquier manera todas no han podido durar mucho porque la fuerza policial llega de manera inmediata a desalojar con toda la fuerza del caso. Carros tira gas (zorrillos), camiones con bombas a chorro (guanacos), otras clases de tanquetas y carros de detención. En todo esto han sido partícipes también municipalidades y otras instituciones para limpiar la escena porque aquí no ha pasado nada, Chile es el país de la prosperidad.
La semana pasada fue un momento que caló en el enojo ante el inminente traslado al hospital de los presos políticos por su grave situación de salud ante más de 100 días del inicio de la huelga de hambre, y ha habido manifestaciones todos los días y con ello entre 40 y 50 personas detenidas diariamente. Esto logró que el gobierno se sentara a negociar para que se retire del proceso penal a los 4 comuneros y basados en la ley antiterrorista se les dé una medida sustitutiva en lugar de la prisión preventiva, se siga un proceso judicial transparente y se derogue la ley. El gobierno tuvo el descaro de decir que se sentaba porque buscaba preservar la paz social, como si toda su actuación fuera amor y paz. Así y todo, la fiscalía no quiso cambiar su posición ni tampoco el juzgado y el martes 3 de septiembre reiteró la continuación de la prisión preventiva como medida cautelar por “considerar que la libertad de los imputados (los comuneros) es un peligro para la seguridad de la sociedad”. Con este argumento no podía quedar más claro, la población mapuche es para el estado chileno lo que fue el “enemigo interno” en Guatemala, es decir el racismo y la clasificación y opresión social basada en la ascendencia indígena.
Y como mencioné, es un racismo genealógico y tiene un carácter ontológico para el estado chileno porque su condición fundacional tiene este carácter. Por ello hoy el director de Hospital Intercultural Nueva Imperial, en acuerdo con los carabineros, decidió de manera anómala regresarlos a la cárcel de Temuco, a pesar de que la recomendación del médico tratante era exactamente lo opuesta, y hoy mismo fueron trasladados en condiciones inadecuadas e interrumpiendo el tratamiento. Toda la información sobre la decisión fue negada y los familiares, de hecho no fueron informados previamente. Tenemos entonces que los derechos humanos aquí parecen estar todavía en la condición previa al ya bastante lejano Consejo de indias motivado por Bartolomé de las Casas (la llamada Junta de Valladolid) donde se discutió es ser o no ser de los “indios”. Los mapuches siguen siendo entonces para Chile un “no ser” y por tanto es mejor que no aleguen mucho por derechos humanos.
El médico de la cárcel dijo hoy que en las instalaciones no tiene los implementos para mantener su salud y que su estancia allí es un riesgo. Parece entonces (y no puedo más que tener toda la rabia del mundo) que seguirán habiendo detenidos mientras vemos de nuevo un asesinato de Estado.
