Por: Lucía Ixchíu
Fotografías: Rafael Maldonado / Resistencia
Los proyectos de carácter extractivista mineros o hidroeléctricos generan un fuerte rechazo por las poblaciones rurales y urbanas que habitan en los territorios donde este tipo de proyectos se instalan, comúnmente con uso de violencia y por medio de la compra de voluntades de funcionarios corruptos.
La persecución, criminalización y encarcelamiento de hombres y mujeres que se oponen a vivir en un sistema extractivistas, neoliberal que despoja el territorio a comunidades de sus medios de vida, generando una seria de conflictos sociales, como la ruptura del tejido social, que significa la división de la comunidad, el desplazamiento de la población, la pérdida de sus costumbres y su cultura, etc.
En Guatemala en los últimos 20 años y como consecuencia de la firma de los acuerdos de paz, la prisión política y la criminalización de la protesta y lucha social, ha sido la estrategia para desmovilizar las luchas de pueblos y comunidades.
La mina que divide
La minera San Rafael opera ilegalmente según el abogado Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal Ambiental (CALAS). “La Corte Suprema de Justicia rechazó, el 20 de septiembre del 2017, la solicitud de minera San Rafael para que se les autorizara reiniciar operaciones, esto debido a que la sentencia no causó firmeza por las apelaciones presentadas por las partes y las aclaraciones y ampliaciones presentadas por la misma empresa.” enfatizó
Con esto se prueba claramente que la intención de la minera de reiniciar actividades industriales el pasado 26 de septiembre fue totalmente ilegal y constitutiva de delito, según Rafael Maldonado.
Desde hace ya varios años los problemas de división entre la población, provocados por esta empresa son evidentes, pues según videos publicados en canales de televisión hay población que está a favor de este tipo de proyectos.
Los medios corporativos siguen criminalizando las resistencias pacíficas
El 28 de septiembre del 2017 viajamos como Prensa Comunitaria a la resistencia pacífica de Casillas San Rosa ubicada en este municipio, para poder recoger los testimonios de las personas que forman parte de ella.
Lo que pudimos observar fue a hombres y mujeres de Mataquescuintla, realizando el turno, cocinando, ordenando la carretera y controlando a los camiones que entran y salen, pues de manera directa y contundente pobladores de los 7 municipios de Jalapa y Santa Rosa han dicho no apoyar ningún proyecto minero desde hace casi 8 años.
Ellos y ellas nos explicaron que son una resistencia pacífica, comprendida y conformada por campesinos y campesinas, colectores de café y que se les ha criminalizado por llevar con ellos machetes, cuando explican que es su herramienta de trabajo. Así mismo dijeron, que no están privando de la libre locomoción a nadie y que la manifestación es un derecho humano tipificado en la Constitución de la República de Guatemala.
Osvaldo Anavisca fue una de las personas de quien pudimos recoger su testimonio, miembro de la resistencia pacífica, del municipio de Mataquescuintla “Defendemos la vida y el medio ambiente y somos pacíficos” – afirmó
Vea entrevista:
El progreso de las empresas, una idea falsa impuesta por los medios
Hemos visto en la televisión anuncios de Minera San Rafael hablando de todo el progreso y apoyo que han dado a la economía local, lo que se les olvida mencionar es el deterioro del medio ambiente que han provocado en toda la región.
Los daños a comunidades enteras como La Cuchilla, cercana al proyecto minero que reporta daños estructurales en las viviendas en un 50% y que tiene ya victimas mortales por derrumbes de casas consecuencias del uso de explosivos para túnel de explotación de minerales de Minera San Rafael.
Vea también: https://prensacomunitaria.org/que-es-la-prision-politica/
