Una entrevista con el abogado Sergio Beltetón, defensor de Abelino.
Texto y fotografías: Lucía Ixchíu
Transcripción: Jazmín Carrillo
Sergio Beltetón, asesor del Comité de Unidad Campesina (CUC) y abogado encargado de una parte de la defensa de Abelino Chub Caal, preso político acusado injustamente de diversos delitos referentes a hechos vandálicos contra dos fincas en la localidad de El Estor, nos platicó acerca de las irregularidades que se viven en estas tierras, y cuál es el estado penal de Abelino.
¿Cómo inicia esta problemática?
Esta problemática inicia cuando entidades acaparan territorio de la comunidad campesina, dejándolos sin lugares donde residir y producir. Una situación de ilegalidad que el Estado mismo admite y reconoce. Donde varias de las compras de tierra que realizó la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), no han sido registradas como legítimas.
¿Cómo reacciona el Estado?
El Estado forma las denominadas “mesas técnicas”, en donde se tratan temas de compras y ventas. En ellas se reúnen con los campesinos y agricultores, pero jamás logran llegar a acuerdos concretos.
Es importante reconocer que El Estor es un territorio que está siendo objeto de catástrofes, y en lugar de solucionarse la problemática agraria en certeza jurídica, lo que se está provocando es una mayor conflictividad. El Registro de Información Catastral (RIC), no puede solucionar esta contrariedad. Como consecuencia de esto se dan disputas entre empresas y comunidades por límites de tierra, donde se involucran dilemas ancestrales y despojos por parte de dichas empresas a los colectivos, sobre todo las empresas de palma africana.
Situación de Abelino
Abelino se encuentra en medio de esta conflictividad como dirigente y campesino. Él es de origen q’eqchi´, y posee estudios que le permiten constituirse como directivo, en función de aconsejar a las comunidades en términos técnicos, términos jurídicos y términos políticos. Pero no de instruir el actuar de una agrupación de forma violenta hacia una comunidad contraria.
Él siempre procede de manera pacífica, es el interlocutor de las comunidades ante las mesas técnicas, ante gobernación departamental, ante la Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh), ante la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) y ante la máxima autoridad que es el alcalde municipal. Él habla q’eqchi´ y español, por lo tanto comprende las necesidades de los q’eqchis. Esta interlocución implica que se le tenga a él como un enemigo de dichas institucionalidades, de los terratenientes y de los órganos representativos del Estado, por el hecho de ser el vocero oficial de estas comunidades.
Delitos por los que acusan a Abelino
Originalmente se le acusaba de cinco delitos: usurpación agravada, incendio, instigación a delinquir, ser miembro de agrupaciones armadas y de coacción. Se eliminaron esos tres últimos, y únicamente quedaron las acusaciones de usurpación agravada e incendio. Son delitos que permiten medidas sustitutivas, sin embargo el juez de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, Izabal, influido directamente por las empresas que acusan a Abelino, no ha querido otorgarlas.
Hechos concretos de acusación
Se le acusa concretamente de dirigir una supuesta invasión de dos fincas denominadas “El Murciélago” y “Plan Grande”, en el la localidad de El Estor. Realmente la acusación solo se refiere a “Plan Grande”, y las pruebas que se han presentado son únicamente testigos que dan un “copy-paste” de las declaraciones en las que se decía que Abelino era el dirigente de todas las personas que “atacaron” las fincas.
Esto acompañado de fotos de otras situaciones, precisamente donde él funge como mediador para evitar violencia en esta conflictividad. El hecho de que Abelino no se encuentre libre ejerciendo esa actividad de mediación implica la posibilidad de que se agraven las condiciones, porque el elemento conciliador entre comunidades y Estado, es invisible.
Es un error muy grave el que se está cometiendo al convertir en presos a los dirigentes que sirven de interlocutores de los colectivos, porque a estos grupos no les queda más que perder los diálogos y posiblemente recurrir a la violencia.
¿Quiénes están detrás de la detención y la acusación?
Los finqueros, y supuestos dueños de los territorios que abarcan “Plan Grande” y “El Murciélago”. Son sociedades anónimas y grandes empresarios de palma africana, los mismos que tienen acaparadas caballerías de caballerías en El Estor.
¿Abelino es un preso político?
Sí. Por el hecho de que se le está acusando falsamente y que el juez no está actuando con independencia, ni con ética, ni con equidad, ni de acuerdo a la ley. Incluso el Ministerio Público (MP) en este caso pidió una clausura provisional, de forma neutral y de acuerdo al artículo 108 del Código Procesal Penal, que dice que son responsables de actuar objetivamente.
El juez actúa de esta manera y el MP le pide que establezcan primero si los propietarios son realmente las personas que acusan a Abelino, porque hay mucha incongruencia en las escrituras y en la certificación del registro del inmueble. Es decir, que no está claramente establecida la certeza jurídica de estas propiedades a favor de las empresas que dicen estar siendo ocupadas.
Es necesario que antes de dar una orden de culpabilidad establezcamos, a través de un estudio técnico, catastral y registral, toda la situación. Sería lo más lógico. Necesitamos realizar un estudio para determinar si la comunidad efectivamente se encuentra dentro del área que es propiedad ajena y un estudio para averiguar si son tierras ancestrales o no.
Sin embargo el juez, sin dar mayor razonamiento o argumentación, dice que Abelino cometió el delito. “Él dice no, y no, y no”. Dejándolo preso.
¿Ha observado violaciones a los derechos humanos en todo este proceso?
Lo procesal directamente ha sido llevado de acuerdo a la ley. Con lo procesal nos referimos a las etapas del proceso, a los plazos y a las solicitudes que se han hecho para las audiencias. Sin embargo, el fondo del asunto, lo que significa directamente el análisis de la realidad, de si se trata de una usurpación o no, el juez no está valorando, ni analizando la evidencia que se le ha planteado como debe ser.
El MP le ha planteado dudas y distintas situaciones, mientras que él mantiene su posición en cuanto a proseguir con la incriminación de Abelino, obligando al MP que cese.
¿Han existido arbitrariedades?
Esa es la arbitrariedad. Mantener una posición necia, sin base a evidencias, contrario a la petición del MP. En segundo lugar, no decir que sí a la investigación de la propiedad de tierra, no permitir que se indague en la situación de las empresas acusatorias; no dar la oportunidad de indagar si realmente la gente se encuentra dentro o no de un territorio ajeno, si las fincas son legalmente adquiridas o si existen problemas de índole jurídico.
Estas fincas que no permiten decir que hay certeza jurídica en cuanto a la propiedad de las mismas. Eso es lo que no está analizando el juez. Dice no, decidiendo cerrar el proceso, entretanto lo único que vale es que ocurrieron invasiones y lo demás que incrimina a Abelino.
El juez obligó al MP a presentar la acusación, a pesar de que ellos se negaron hasta que se hicieran más estudios y se recaudara más información. En consecuencia no podemos hacer una clausura provisional. Doce meses pidió el ministerio público para investigar a profundidad el asunto, debido a la conflictividad jurídica registral, así que aún no se puede llegar a una conclusión.
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