Por: Andrea Ixchíu Hernández
Abelino Chub Caal es un nombre, de una larga lista de líderes comunitarios presos. Sus delitos: ser pobres, ser indígenas, defender con el cuerpo la tierra de comunidades como la del Valle del Polochic y el Estor Izabal, ante la imposición arbitraria y corrupta de empresas que han despojado a comunidades de su elemental derecho a la tierra, con capital nacional y extranjero, con el beneplácito de las autoridades del des-gobierno de Guatemala del Partido FCN, no es casualidad que hoy una buena parte de sus funcionarios estén tras las rejas, acusados de corrupción y del uso del Estado y sus privilegios como funcionarios públicos en función del enriquecimiento ilícito.
Al profesor Abelino se le acusa de incendio, usurpación agravada, -vaya ironía- a la justicia, hechos que el Ministerio Público (MP), ha sido incapaz de comprobar con elementos contundentes. Ha estado en prisión preventiva por más de 200 días, como parte de una estrategia de las empresas Bananera de Izabal, CXI e inversiones Cobra, todas sociedades anónimas, en contubernio con funcionarios públicos para desmovilizar la lucha comunitaria que busca defender la tierra y la naturaleza en la Valle del Polochic y el Estor Izabal.
Él, un promotor de derechos humanos, profesor, que ha sido recluido en el decadente centro de detención de la zona 18 capitalina. Para él no hay medida sustitutiva, fianza y respeto a sus derechos humanos. Le suspenden audiencias con cualquier excusa y niegan cualquier medida que le favorezca, ya que según el juez Edgar Aníbal Arteaga López, él es altamente peligroso. Los medios de comunicación corporativos han criminalizado a los líderes comunitarios, les niegan el derecho a la “presunción de inocencia”. Todo esto, porque se atrevieron a ponerle un alto a la máquina depredadora del capital que extrae todo lo que toca, que no le importa el futuro y el presente de los pobres, los indígenas, los campesinos, cuando se trata de generar ganancias y acumular riqueza.
Contrasta e indigna el trato que ha recibido Abelino Chub Caal y el tratamiento que han hecho del militar genocida de Otto Pérez Molina, de la corrupta Baldetti, su séquito de empleados y todos los corruptores empresarios, pandilleros de cuello blanco que han destruido las instituciones públicas con todos sus desfalcos y tretas. Para ellos hay prisiones especiales, llevan dietas alimenticias, tienen acceso a medios informativos, para ellos se cuida el debido proceso, las audiencias no se suspenden, para ellos medidas sustitutivas, fianzas, arrestos domiciliares.
Es un hecho evidente que el racismo continúa presente en esta sociedad, por muchos cambios de pensamiento o mejoras en pos de la igualdad que se hayan producido mediante legislaciones y convenios en los últimos 20 años. Racismo y clasismo. Aunque las fronteras que operan entre uno y otro en estas situaciones son muy delgadas, las fronteras étnicas son siempre más fuertes que las económicas. Porque incluso un indígena diputado o un indígena que tiene helicópteros y pertenece al “Cacif Maya” no reciben nunca el mismo trato en la opinión pública que cualquiera de los no indígenas diputados y empresarios, aún sean los más corruptos del país.
Ese racismo que se exacerba hacia las capas más desfavorecidas de la sociedad, aquellas a las que los acomodados ven como una amenaza. Por esta razón, el racismo y el clasismo, se hacen evidentes en la forma en que imparten sentencias en las cortes guatemaltecas. Son una prolongación de esa podredumbre en la que este país está educado, en dónde existe una excesiva admiración por los millonarios y los famosos, aun así lo sean a base del despojo, la evasión fiscal y la corrupción, se fomenta un intolerable desprecio por las capas sociales más pobres, aún estas defiendan con su vida y su cuerpo los derechos colectivos.
Ojalá todos los actores políticos de esta sociedad nos pronunciemos ante estos hechos y hagamos lo que corresponda, de acuerdo a nuestras facultades, para eliminar la injusticia, la desigualdad, el racismo. La liberación Abelino Chub Caal y de todos y todas las lideresas comunitarias y las sentencias condenatorias a todos los políticos corruptos son una responsabilidad del sistema de justicia, no cuestión de filantropía. Debemos presionar en la construcción de otro país más justo, ya que vivimos en uno podrido desde sus raíces.
