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Red de periodistas Congreso.

Por: Andrea Ixchíu Hernández.

Luego de que el pasado 4 de septiembre la Corte Suprema de Justicia diera trámite a la solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público y la CICIG a la Corte Suprema de Justicia contra el presidente de Guatemala Jimmy Morales, por cometer el delito de Financiamiento Electoral Ilícito, el Congreso de la República de Guatemala entró a conocer dicho caso este 11 de septiembre para decidir sobre el retiro de la inmunidad del mandatario.

Luego de varios días de trabajo, la comisión pesquisidora, conformada por 5 diputados, entregó a las 10 de la noche del domingo 10 de septiembre, su informe de investigación al pleno del Congreso de la República y recomendó retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales. Sin embargo las conclusiones de dicho informe eran contradictorias, no estableciendo con claridad los motivos para el retiro del antejuicio.

Este 11 de septiembre el pleno del Congreso luego de conocer el contenido del informe procedió a deliberar sobre el destino del mandatario. 129 diputados de los 158 que conforman dicho órgano se presentaron a la sesión. Son necesario al menos 105 votos para que la decisión del retiro del antejuicio sea válida.

Sin embargo, para la aprobación de declarar sin lugar a la formación de causa para las diligencias del antejuicio contra Jimmy Morales Cabrera, únicamente 104 diputados votaron en contra y 25 diputados votaron a favor. Esto significa, que 104 diputados manifestaron su desacuerdo en retirar la inmunidad a Jimmy Morales. Por lo que no existe un resultado definitivo y dicha solicitud debe votarse nuevamente en el pleno.

Los argumentos dados por los diputados fueron de lo más inverosímiles, entre alegatos de injerencia extranjera hasta citas bíblicas, los diputados que defendieron la inmunidad del presidente Jimmy Morales compartían la opinión sobre “la politización de la justicia”. Por el contrario algunos de los 25 diputados que votaron en favor de retirar inmunidad, explicaron la necesidad de dar continuidad a la investigación penal del Ministerio Público y CICIG en contra del mandatario, por existir indicios que lo vinculan al delito de Financiamiento Electoral Ilícito, ya que el antejuicio fue solicitado por que el mandatario siendo Secretario General del Partido FCN, había ocultado información de más de 6 millones de quetzales provenientes de empresas vinculadas en otros casos de corrupción y los cuales fueron utilizados para financiar la campaña electoral en 2015 que lo llevó a la presidencia.

Autoría y edición

Es Maya K'iche de Totonicapán, activista, gestora cultural y periodista.

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