Por: Daniel Goñi – Argentina
Fotografías: eldestapeweb.com / lanacion.com.ar
Santiago es el menor de tres hermanos, su familia es del pueblo 25 de mayo, en el centro de la provincia de Buenos Aires, en pleno corazón de la pampa húmeda cuya producción es netamente agraria. Cabecera del partido homónimo, hoy con poco más de 35000 habitantes es una ciudad, pero como es característico de los pueblos de la provincia, nunca pierden su escénica pueblerina, de andar pausado, de siestas y de vueltas a la plaza los domingos.
Sus hijos cumplida la etapa de estudios secundarios, suelen ir a completar sus estudios terciarios o universitarios a la capital provincial, a 240 kilómetros en la ciudad de La Plata. Así lo hizo Santiago para cursar bellas artes. Su espíritu libre y crianza de pueblo, lo marcaron en esencia, buena persona, atento al dolor del otro, empático y solidario. Su sentido de la libertad fue buscando horizontes y espacios que ya no podían contenerlo en su pueblo natal y así decidió viajar por su país y países vecinos, haciendo de su arte una herramienta de vida y se dedicó al tatuaje, así como a cosechar amigos y afirmar su sentido de mundo pleno, sin contaminación, con igualdad, con libertad y sin sujeciones a diarias a rutinas que lo fueran apagando.
Se vio, se perfiló, se fue haciendo a sí mismo, sin tener como método el individualismo, pasó por cuanta causa pudo, dando testimonio de su posición, a la que le puso el cuerpo y en eso andaba cuando estando por El Bolsón supo de la lucha de la comunidad mapuche Cushamen cercana a Esquel provincia de Chubut, tierra de la estancia Leleque, propiedad de la familia Benetton, con 900 mil hectáreas adquiridas por parte de anteriores propietarios ingleses que ante la caída del valor de la lana y la incorporación en la industria de nuevos sintéticos, no le sacan mayor provecho, tierras arrancadas a sus originales habitantes aborígenes a manos del ejército nacional comandado por Julio argentino Roca, cuya tropas armadas con la última tecnología, incluso a un costo mayor que el soldado prusiano, el mejor equipado y remunerado del mundo en ese momento, en el año 1874 comenzaron el mayor fenecido del Estado argentino sobre lo que eufemísticamente llamaron “La campaña del desierto”.
En el reclamo de parte de sus tierras está la comunidad mapuche, y a ese reclamo llevó Santiago su solidaridad y cuerpo presente. En ese 1 de agosto se venía sosteniendo un corte de ruta, un piquete del cual participaban 10 personas. La interrupción de una carretera configura un delito por evitar la libre circulación, se llega a esta instancia porque ya se agotaron todas las formas de peticionar y reclamar ante las autoridades, siendo siempre estos reclamos, caídos en saco roto y la única alternativa es visibilizar el reclamo para generar en principio su difusión, el conocimiento de la sociedad y las solidaridades que sumen apoyos a los pedidos. Estos pedidos surgen de las necesidades más elementales que no son cubiertas, desde vivienda hasta una dieta diaria mínima, el derecho a la salud, a la educación bilingüe, a la posibilidad de un espacio donde desarrollarse social y económicamente.
Este periodo que se vuelve exigencia, no es solo de las comunidades mapuches ni del resto de las etnias aborígenes, es un reclamo de gran parte de la clase trabajadora, en el caso de las comunidades mapuches, la determinación va tomando mayor preponderancia sostenida por el hecho de haberles sido arrebatado su espacio originario anterior a la conformación del Estado argentino y ese arrebato no sólo no fue compensado, sino que fue hecho a sangre y fuego, a puro sable y bala, matando a miles y esclavizando a tantos más con el agregado de haber sido desterrados.
Ese 1 de agosto y a ese piquete de 10 personas, movilizaron a más de 130 gendarmes, 14 vehículos y el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, enviado por la ministra de seguridad de la nación, Patricia Bullrich. El despliegue es altamente desproporcionado para 10 personas cuyas armas son piedras y caras tapadas, las cuales estaban cubiertas para evitar ser reconocidos y por esto son perseguidos en la cotidianidad de sus vidas.
La orden de liberar la ruta 40, la emitió el juez federal Guido Otranto. Curiosamente es el mismo juez que investiga la desaparición de Santiago, un raro caso de que el investigado resulte ser el que investiga. Esa orden judicial la pone en marcha gendarmería y con presencia del funcionario ministerial, se da curso a una cacería feroz.
Ya despejado el piquete, que no se sostuvo ante el avance inicial de gendarmería, los efectivos comenzaron a disparar a discreción, balas de plomo y de goma cercaban el paisaje de la lof mapuche, porque no se limitaron a cumplir la orden judicial de despejar la ruta, sino que avanzaron sobre el territorio, persiguiendo a estas 10 personas que buscaron un cruce seguro por el río para preservar sus vidas.
Santiago más vulnerable por desconocer la geografía, quedó relegado, atrapado entre unas ramas, dando tiempo a los gendarmes para atraparlo. Desde ese momento en ese día, nada más sabemos de Santiago. Así, el juez que es juez y parte, tiene tiempos demasiado lentos para las pericias, lo que aseguró tiempo para que los gendarmes limpiaran las prueban. A pesar de esto, se lograron colectar pelos y una cuerda con restos de sangre, los cuales se están comparando con el ADN de su hermano mayor y su mamá, esperamos los primeros resultados entre este jueves y viernes.
Desde el momento inicial y a pesar de haber participado en el operativo un alto funcionario del Ministerio de Defensa, el gobierno negó la desaparición forzada e incluso inició una campaña para plantar datos y pruebas falsas afirmando que Santiago había sido visto en tres provincias diferentes y hasta en el hermano país de Chile. Sumado a esto, hicieron lo más doloroso que se le puede hacer a un familiar en su angustia y desesperación por encontrar a su pariente, acusarlos de falta de cooperación, misma acusación que vertieron sobre la comunidad mapuche, siendo ellos quienes más aportaron desde el inicio hasta hoy.
Un amigo de Santiago lo llamó al día siguiente y se activó la llamada al celular por 22 segundos, estaba como testigo protegido, estaba digo porque la ministra Bullrich, conociendo esta situación, hizo públicos los datos personales del amigo y familiares ante el Congreso en una sesión de interpelación que estaba siendo televisada, vale decir que lo dijo abiertamente, exponiéndolos a amenazas.
En días sucesivos, el gobierno siguió tejiendo ” hipótesis” sin nunca asumir la desaparición forzada, manteniendo el extravío y sin apartar a los funcionarios públicos que intervinieron, a los cuales incluso se les encargó la investigación, volviendo a permitir que el lobo cuide de las ovejas.
A cada ” hipótesis” del gobierno se sucedía un testimonio, una afirmación que contravenía la hipótesis gubernamental. Como respuesta a lo que la lógica más elemental desarma y ya no se puede mantener, el gobierno y sus medios de comunicación afines, iniciaron una campaña de demonización sobre la comunidad mapuche, acusándolas de variadas alianzas con organizaciones armadas de medio planeta.
Todas y cada una sobre el potencial de podría o sería o parecería, sin nunca presentar una prueba, pero bajo la instancia de apelar al más rancio nacionalismo que sostiene que los mapuches son chilenos al servicio del imperialismo británico. Personas que sobreviven apenas, sin el menor recurso económico, ni servicios básicos de agua, electricidad, cuya una autodefensa solo la pueden ejercer con piedras, son los acusados de terrorismo por el gobierno.
La esencia del conflicto es la tierra, el solo reclamo cuestiona el derecho de todos y el robo que implica la propiedad privada, dueños de vastísimas extensiones y en su mayoría extranjeros auténticos, latifundistas, lejos de ser cuestionados en su adquisición permanente de tierras, a pesar de contrariar las propias leyes argentinas, son los dueños del Estado o el Estado se maneja a su servicio, teniendo incluso estaciones policiales dentro de sus propiedades.
Así estamos, el juez que ordenó el procedimiento que terminó con la desaparición, es el que está a cargo de la causa por la desaparición, el mismo que le da actuaciones de investigación a la misma gendarmería que es la investigada y un gobierno que niega sistemáticamente la desaparición.
La respuesta social crece pidiendo la aparición con vida de Santiago, siendo el Estado y gobierno el responsable. Por eso se marchará el próximo viernes 1 de septiembre, a un mes de la desaparición forzada de Santiago, en todo el país.
Se empieza a generar una nueva conciencia, presente ya en algunos sectores de la sociedad, pero que se va ampliando, y es que el Estado en democracia también comete crímenes, también mata y sobre todo no resuelve por el bien común, sino que lo hace en un sentido minoritario y privilegiado que se burla impunemente del dolor de las mayorías.
