Por: Rony Morales
En el municipio de Santa Cruz, Alta Verapaz, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra dialogando con las comunidades y organizaciones civiles sobre la situación de los defensores de derechos humanos y cómo en estos momentos en Guatemala se criminaliza la lucha de los pueblos y territorios.
Que es CIDH?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH).
El SIDH se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948, en el marco de la cual también se adoptó la propia Carta de la OEA, que proclama los “derechos fundamentales de la persona humana” como uno de los principios en que se funda la Organización.
El pleno respeto a los derechos humanos aparece en diversas secciones de la Carta. De conformidad con ese instrumento, “el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”. La Carta establece la Comisión como un órgano principal de la OEA, que tiene como función promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA en dicha materia[1].
¿Por qué la Visita a la zona norte del país?
Verificar los derechos humanos, la coyuntura de las comunidades, especialmente los casos de criminalización y judicialización de la movilización comunitaria, autoridades ancestrales, comunitarias e indígenas de la naciones q’ eqchi’ poqomchi’, achi’ y mestiza
Se presentaron casos importantes de violaciones de derechos humanos cometidos por el Estado de Guatemala, como son las más de 400 órdenes de captura hacia defensores del territorio y líderes comunitarios de la zona norte.
Entre los peticionarios están organizaciones campesinas, indígenas y pueblos mayas, hablaron sobre la problemática agraria, las hidroeléctricas, minería, expansión de la palma africana, los monocultivos, la contaminación de los ríos y el poco acceso que tienen a la justicia las personas y pueblos.
También se abordó el tema de los desalojos violentos, detenciones ilegales, despojo de los conocimientos ancestrales, la privatización de semillas criollas, la reglamentación de las consultas comunitarias y la situación de los presos políticos, entre otros
Un punto significativo que se trató fue la falta de libertad de expresión en el país, como un claro síntoma de la falta de libertades políticas en la defensa de derechos humanos, de la vida y de los recursos naturales, ya que las personas sufren constantemente la criminalización y represión por oponerse al desarrollo neoliberal represor en las comunidades.
Las instituciones que administran la justicia y la protección de la ciudadanía del país, deben considerar que la vida en la tierra tal y como la conocemos, depende de que se reconozca a los pueblos indígenas y las comunidades locales como custodios de la tierra y territorio de nuestro planeta. Asegurar estos derechos es el eje central para construir un mundo justo y equitativo desde la salud a la educación, de la participación a la paz, del crecimiento a la diversidad cultural.
De manera pacífica y consiente las comunidades resisten desde sus procesos y organizaciones, intentando generar un futuro y presente mejor. Los pobladores piden que se respete su trabajo y organización e hicieron un enérgico llamado al gobierno para que le dé cumplimiento a las demandas presentadas.
[1] http://www.oas.org/es/cidh/mandato/que.asp
