Créditos: Nelton Rivera
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Por: Nelton Rivera

“El Ejército de Guatemala quemó las viviendas de las familias de la Laguna Larga, también robó y destruyó el patrimonio de la gente, hay una misión que informó que todavía se ve el humo de la quema de las casas. El Ejército sigue a un kilómetro de donde está la gente, y hay autoridades del Gobierno mexicano que no dejan pasar a la gente a la zona de México. Eso contraviene la convención de 1951 sobre el estatuto de refugiados con el derecho internacional”. Ramón Cadena.

La insistencia del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) por realizar desalojos es realmente incompresible. Las autoridades nacionales y regionales de esta institución desatienden radicalmente el proceso de diálogo impulsado por las comunidades afectadas por los desalojos en Petén.

Fotografía: Nelton Rivera

El desalojo de la comunidad Dos de Junio, alertado por varios representantes comunitarios en del departamento, puso en riesgo y en una grave emergencia humanitaria a más de 70 familias. La negligencia del Conap nuevamente provocó una de las peores emergencias humanitarias de la historia del país, San Andrés Petén: la comunidad 2 de junio en la Laguna Larga corre el peligro de ser desalojada.

Esta emergencia es comparable con el desplazamiento forzado provocado por las operaciones militares durante la contrainsurgencia, realizadas por Benedicto Lucas y José Efraín Ríos Montt durante la Guerra (1991-1983).

En este nuevo desplazamiento forzado participaron mil agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), y elementos del Ejército. Por otro lado las autoridades del Conap que promueven estas acciones están siendo fuertemente cuestionadas por estar implicados en varios delitos de corrupción, al frente de esta institución en Petén, como el caso de la directora Alma Yadira Polanco Solís: Detienen a defensor de la naturaleza, después de salir del congreso ambiental organizado por el organismo judicial.

El abogado Ramón Cadena Rámila de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) calificó como inhumana y criminal la actuación del Estado guatemalteco y de crisis humanitaria la provocada con las familias de la Laguna Larga que ahora involucra a México tras el desplazamiento de las familias a ese territorio.

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“Las instituciones del Estado debieron haber evitado una emergencia humanitaria. Esta emergencia se pudo haber evitado. Aquí no estamos para hablar sobre si la Conred debe de hacer esto o lo otro… No.

La emergencia humanitaria se pudo haber evitado, esa es la primera premisa, la normativa de las Naciones Unidas es clara, el desalojo es la última alternativa. Si estamos en esta mesa de diálogo, cómo puede ser posible que las comunidades habiendo presentado una propuesta que les costó mucho hacerla, pero como siguen existiendo los viejos desprecios. Total si como son pobres, son indígenas, el Estado los ve con desprecio, claro si esa es la historia del país.

Entonces resulta que a pesar de que presentan una propuesta, a pesar de que hemos discutido en este Congreso esa propuesta, que es una propuesta de desarrollo sostenible, tal y como lo piden las Naciones Unidas, cómo es posible que implementen un desalojo mientras hay un proceso de diálogo y una mesa técnica para este.

Me quedo completamente perplejo, eso no es actuar de buena fe. Desde el punto de vista ético eso no es correcto: cómo pueden irle a dar de palos a una persona que está en una mesa sentado esperando una respuesta del Estado de Guatemala. Segundo: pudieron haber evitado la emergencia humanitaria, y lo tercero que se debió de evitar, frente a la emergencia, debieron evitar que las familias se quedaran sin vivienda.

Sobre estos tres aspectos me estoy basando en las resoluciones de la Naciones Unidas, y me estoy basando en el espíritu del Ministerio Público (MP) en su resolución 3-12, que por algo la emitió el MP. Sabemos que el Gobierno de México tuvo información del desalojo antes de que este se llevara a cabo y eso es gravísimo, le pedimos al señor diputado Juracán que tome nota, para para que pueda investigar.

Las personas necesitan atención médica, humanitaria, atención psicosocial, agua potable y necesitan vivienda. De qué nos sirve aquí que vengan a quejarse que todos actuaron con base en una diligencia judicial, cuando ya la emergencia está avanzada, la gente está sin agua, con niños enfermos, sin vivienda, sin comida, son casi 100 familias.

El Ejército de Guatemala quemó las viviendas de las familias de la Laguna Larga. También robó y destruyó el patrimonio de la gente, hay una misión que informó que todavía se ve el humo de la quema de las casas. El Ejército sigue a un kilómetro de donde está la gente, y hay autoridades del Gobierno mexicano que no dejan pasar a la gente a la zona de México. Eso contraviene la convención de 1951 sobre el estatuto de refugiados con el derecho internacional.[1]

No se le puede negar a la gente el tránsito si esta en búsqueda de protección, se le tiene que dejar pasar. No se le puede bloquear, la gente está amenazada de que si se va del territorio mexicano tendrán repercusiones. Claro con estas amenazas no se van a mover de ese territorio.

El desalojo puso en peligro la vida, la integridad, la salud de las personas. Las dejó sin hogar. El desalojo muestra desprecio y discriminación hacia los pueblos indígenas, y esta no es la primera vez que pasa, el Estado es clasista, racista y excluye a los pueblos indígenas de todos sus derechos.

Es urgente ir a la Laguna Larga a verificar, es urgente que se verifiquen estas denuncias, las viviendas fueron quemadas, las cosechas fueron destruidas y los pocos animales que tenían los pobladores fueron robados por los militares.

Es urgente que el Congreso de la República cree una comisión independiente con gente de reconocida experiencia en materia de derechos humanos y que se investiguen estos hechos; como en Guatemala no aprendemos, ya se cometió el Genocidio y como no lo quieren aceptar, entonces sigamos atacando a los pueblos, esto ya debe de cambiar.

Es necesario que se investigue el actuar de los jueces, del poder judicial y del Ejército, etcétera. Desde aquí se debe de resolver la situación de los desplazados en México, y se debe de retomar la mesa de diálogo. Hoy aquí es muy fácil decir que van a retomar la mesa de diálogo con condiciones diferentes, claro si la gente está bien fregada en México ahora.

La propuesta hecha por las comunidades es una propuesta viable. Nosotros la conocemos, la conoce la Procuraduría de los Derechos Humanos, y el mismo procurador llamó al diálogo. Que paren los desalojos, no se puede dialogar con los desalojos encima, el 14 de junio hay otro desalojo, nuevamente el Gobierno tendrá responsabilidad como Estado.

Las comunidades deben de volver a Laguna Larga lo más pronto posible, y que ahí se garantice que el Estado cumpla con las instrucciones de la ONU: debe de indemnizarse, rehabilitarse y reparar los daños de una manera integral de la población afectada.

Debemos ir en contra del Estado para que repare los daños, como lo hicimos en el caso Chixoy, como lo han hecho en varias sentencias los jueces como lo hicieron en la Masacre de Sepur Zarco, por la explotación sexual de mujeres q’eqchi por el Ejército de Guatemala. Ya no podemos seguir repitiendo esos terribles hechos.

Después de parar los desalojos, de construirles una vivienda sencilla y que puedan volver a la Laguna Larga a través de un retorno seguro, después de reinstalar el diálogo, y no como se encontraban estancado, y se reparen los daños en forma integral.

Este caso urge resolverlo en esta mesa, pero si no vamos a tener que ir al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, especialmente ahorita que se va a evaluar la situación del país. Está la Corte Penal Internacional porque este es un crimen de carácter internacional, y el crimen se comete después de la ratificación del estatuto de la corte, está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pero el Estado tiene toda la obligación de asumir con buena fe la resolución de esta crisis humanitaria”.[2]

[1] Aocnur. Convención sobre el estatuto de los refugiados. http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005

[2] Simón Antonio Ramón. Audio de la intervención del Abogado Ramón Cadena de la CIJ, durante citación al Congreso de la República por desalojo y desplazamiento de familias de la Laguna Larga en el Salón del Pueblo. Guatemala jueves 8 de junio 2017.

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