Por: Nelton Rivera y Aroldo Mateo
David Yurambir Rivera Alvarado es abogado y es el secretario del Juzgado de Primera Instancia Penal del municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango. Fue detenido el viernes 5 de mayo de 2017 a las 8:30 p.m. en la ciudad de Huehuetenango por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) mientras conducía un vehículo robado.
Yurambir Rivera es un actor clave en el norte de Huehuetenango. Desde el Organismo Judicial facilitó la estrategia de criminalización de autoridades ancestrales y comunitarias a través de los procesos penales, las órdenes de aprehensión y las detenciones desde 2012 hasta 2016. Las autoridades ancestrales y comunitarias rechazan la construcción de hidroeléctricas en la región.
“Aquí vino el señor David Yurambir Rivera, el secretario, nos vino a mentir aquí al tribunal…” estas fueron las palabras de la jueza Yassmin Barrios al momento de presentar la sentencia el Tribunal de Mayor Riesgo A.
En el informe de la Sub Dirección General de Investigación Criminal de ese departamento se detalla que, mientras realizaban una diligencia de trabajo, identificaron el vehículo Mazda color gris en la 1a. calle de la zona 8 de Huehuetenango.
La detención del secretario del Juzgado de Santa Eulalia se realizó frente al complejo deportivo de la CDAG. Los agentes de la PNC determinaron que las placas de circulación P-0531CJR del vehículo en posesión de David Yurambir Rivera correspondían a otro.
“Al sacarle solvencia estas placas, le corresponden a otro vehículo tipo Camioneta Sport, marca Jeep, modelo 1976. Chasis J6M15MN076613. Motor F34-41-56 color beige a nombre de Hidalgo López Israel Damián”.[1]
Los problemas para el secretario del Juzgado de Santa Eulalia no terminaron ahí. Al momento de que los oficiales solicitaron información a la sección de vehículos robados de la DEIC, comparando el número de chasis del Mazda (JM7BK246101115669), confirmaron que este fue robado el 8 de noviembre de 2010, en la 4a. avenida 18-40, zona 14, de la ciudad capital a las 7:00 p.m.
La denuncia del robo se registró en el expediente 623-10 en el Ministerio Público en el departamento de Guatemala, también las placas originales del Mazda son las P-508BKC. Los agentes de la PNC detuvieron en el lugar al secretario del juzgado de Santa Eulalia y lo llevaron ante el juez de turno de Huehuetenango, abriéndose el expediente: oficio número 386-2017.
¿Quién es el Secretario del Juzgado de Santa Eulalia Huehuetenango?
David Yurambir Rivera Alvarado tiene 41 años de edad, nació en el municipio de Santa Eulalia en el territorio norte de Huehuetenango. Realizó sus estudios de nivel medio en el Instituto Normal Mixto Alejandro Córdoba (INMAC) en el departamento de Huehuetenango.
Se graduó como abogado en la Universidad Mariano Gálvez (UMG) y comenzó a ejercer la abogacía. Aplicó para trabajar en el Organismo Judicial (OJ). Luego regresó al municipio de Santa Eulalia como trabajador del Juzgado de Primera Instancia Penal, dentro del Centro de Administración de Justicia (CAJ), posiblemente desde 2012 a la fecha.
Él junto con el juez Luis Fernando Pérez Zamora tienen más de cinco años de permanecer en el CAJ de Santa Eulalia. Para las autoridades ancestrales y comunitarias mayas q’anjob’al de Santa Eulalia, los trabajadores del OJ estaban beneficiando los intereses de las empresas hidroeléctricas en el territorio norte del Huehuetenango.
El CAJ fue trasladado por el OJ a la ciudad de Huehuetenango desde enero de 2015, luego de que dos jóvenes de San Mateo Ixtatán fueran detenidos de forma arbitraria en la madrugada del 19 de enero de ese año.
Ambos funcionarios del OJ fueron testigos en un el juicio que se realizó contra siete autoridades comunitarias del Gobierno Plurinacional de Santa Eulalia y de la Sociedad Civil de Barillas en 2016. Las personas juzgadas fueron criminalizadas y acusadas por oponerse a la empresa Hidro Santa Cruz. El tribunal de Mayor Riesgo A resolvió que las declaraciones testimoniales que ofrecieron eran falsas, este tribunal fue presidido por la jueza Yassmin Barrios. Lea: Si creo en su inocencia
La justicia está cooptada por el crimen y las empresas
Para el abogado Benito Morales Laynes, quien formó parte del equipo de abogados que conocen los casos de persecución y cárcel política en el norte de Huehuetenango, los operadores de justicia como David Yurambir Rivera Alvarado juegan un papel estratégico y decisivo en los procesos de persecución penal en contra todas aquellas personas que se oponen a los proyectos extractivos en el territorio.
El secretario del Juzgado de Santa Eulalia, por ejemplo, es la persona clave que tiene el control y el manejo sobre todos los expedientes judiciales que se abrieron desde 2011 en el CAJ. Él como secretario y el juez de Paz tuvieron el control sobre los expedientes, los tiempos judiciales y toda la información sobre estos procesos.
Por ejemplo: de 2009 a 2017 hay causas penales y órdenes de aprehensión vigentes en Barillas, San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia promovidas por empresas como la española Hidro Santa Cruz – Ecoener Hidralia, la empresa Proyectos de Desarrollo Hídrico, S.A. (PDHSA) y la empresa Cinco M.
“Casos como el de David Yurambir Rivera que logran permanecer durante mucho tiempo en el juzgado de Santa Eulalia por ejemplo, le permiten tener un mayor control de la actividad judicial de la región. En todo este periodo de criminalización en contra de autoridades comunitarias se han realizado varios cambios de los jueces, pero en el caso del secretario del juzgado, este ha permanecido durante varios años.
Con la sentencia del Tribunal de Mayor Riesgo A en 2016 por el caso de las presos políticos se confirma el perfil de esta persona, que llegó al extremo de llegar a mentir ante el Tribunal de Mayor Riesgo con tal de criminalizar a las personas que solamente están defendiendo sus derechos. El hecho de que ahora aparezca involucrado en el robo de vehículos, es solo una confirmación de que podría estar participando de una estructura mucho más grande que se dedica a este tipo de delitos.
Desde las personas que identifican los vehículos a ser robados, las personas que ejecutan los robos, otras personas que modifican los documentos para después venderlos, o de otros grupos que se dedican al desmantelamiento de vehículos para después venderlos.
Esto nos permite reafirmar tienen vínculos con una estructura criminal y que desde el CAJ de Santa Eulalia se ha dedicado a articularse con empresas para imponer los proyectos extractivos, este hecho, la detención del secretario del Juzgado de Santa Eulalia le da mucha fuerza a las denuncias de la complicidad de este con la estrategia de criminalización de las empresas.”[2]
[1] Policía Nacional Civil. Sub Dirección General de Investigación Criminal de Huehuetenango. Mayo 2017.
[2] Entrevista con el abogado Benito Morales Laynez. Mayo 2017.
