Texto: Quimy De León
Fotografías: Andrea Ixchíu
Hasta la fecha parece no haber un registro completo que dé cuenta de quiénes y cuántas niñas vivían en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, cuántas se habían logrado escapar, a cuántas encerraron, cuántas y quiénes ingresaron a los centros asistenciales y cuántas fueron enviadas a otros centros. Mucho menos cuántas estaban embarazadas y la situación legal en la que se encuentran.
Todo parece que sigue con hermetismo, a pesar de los muchos esfuerzos de organizaciones de derechos humanos y de protección de la niñez que verifican y monitorean los diferentes lugares. No hay información fidedigna otorgada por la Secretaría de Bienestar Social (SBS), la dirección del mismo hogar ni la Procuraduría General de la Nación PGN).
Las víctimas de este terrible crimen
Fue el Estado, dicen y reclaman las voces populares en diversas manifestaciones de repudio en todo el país e incluso fuera de él. El 8 de marzo ocurrió uno de los crímenes contra mujeres más grandes y graves de la historia reciente, perpetrado contra aproximadamente 56 y 64 niñas[1] y adolescentes que debe ser esclarecido.
Ellas habían intentado huir una noche antes de su cautiverio, denunciaron una serie de maltratos sobre sus cuerpos, incluyendo explotación y violación sexual. ¿Quién no intentaría escapar y denunciar si vive en esas condiciones?
Cuarenta niñas y adolescentes han muerto, hasta hoy han sido identificadas 39 de ellas. Una todavía está como “XX”.
Diecinueve niñas murieron calcinadas o por asfixia en ese mismo momento. Otras fueron llevadas a centros asistenciales, 22 al hospital Roosevelt y 17 al hospital San Juan De Dios, siete de ellas fueron trasladadas a un hospital en Estados Unidos.
El Instituto Nacional de Ciencias forenses (Inacif) hasta el día de hoy ha entregado 38 cuerpos a sus familiares. Una de las familias todavía no sabe de lo ocurrido y debe viajar a la capital, probablemente desde Chiquimula
La situación de deterioro de sus cuerpos también hizo muy difícil su identificación forense, hubo que hacer pruebas de huellas dactilares y de ADN a sus familiares y realizar reconocimiento físico por parte de las familias como el último recurso.
Falta de atención y apoyo a las familias
Además de la tragedia y a la falta de información existente, personal del hogar, de la Alerta Alba Keneth, de la Procuraduría General de la Nación y de los hospitales –especialmente del San Juan de Dios– no atienden a los familiares y los tratan con desdén, les niegan la información y los mandan para las demás instancias. Estas familias se encuentran en una situación de angustia y zozobra. Muchos ni siquiera son de la ciudad capital. El equipo de médicos forenses del Inacif ha sido la instancia que ha estado trabajando sin parar y ha dado atención a las familias.
De esa cuenta, desde el día de la tragedia hasta este 15 de marzo ha sido complicado que muchas de las familias sepan de sus hijas, de su paradero, de su situación de salud, incluso han habido confusiones. Quienes fueron enviadas a Estados Unidos no van acompañadas de sus papás, y tampoco les informan exactamente el estado de salud de sus hijas ni del pronóstico de su estado.
Se tuvo que solicitar, por parte de un grupo de voluntarias a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y otras organizaciones para poner recursos de exhibición personal a favor de varias niñas de quienes no se tenía información sobre su paradero.
De acuerdo a un recurso de exhibición personal, se ordenó a la Secretaría de Bienestar Social (SBS) que en no menos de cuatro horas se estableciera un “centro de información y atención para familiares de víctimas, cercano a cada uno de los puntos donde hubiera niñas”. Sin embargo, en el Inacif al menos no hubo ninguno.
[1] Según informe de OACNUDH publicado el 15 de marzo de 2017.
