Fuente: eldiario.es
El Congreso de El Salvador aprobó hoy una ley que prohíbe la minería metálica por considerarla “una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias”.
La Ley de Prohibición de la Minería Metálica, avalada con 69 votos de los 84 posibles y con la concurrencia de todos los partidos políticos, veta la explotación minera en “el suelo y bio-subsuelo del territorio” salvadoreño, e incluye las actividades de “exploración, explotación y procesamiento a cielo abierto o subterráneo”, según el decreto legislativo que dio vida a la ley.
La legislación deja “sin efecto” todos los procesos que estén abiertos para la obtención de licencias mineras y da un plazo de dos años a los mineros artesanales, de “pequeña escala” y “subsistencia familiar” para “reconvertir” sus actividades a otras con el apoyo estatal, y desde ya les prohíbe la utilización de “químicos tóxicos como cianuro, mercurio y otros”.
La ley también blinda al país para que “ninguna institución, norma o acto administrativo” pueda “autorizar” o dar licencias para la “exploración, explotación, extracción y procesamiento de minerales metálicos”.
Mediante este cuerpo legal el Congreso también ordenó al Ministerio de Economía proceder “al cierre de minas metálicas” y coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente el remedio “a los daños causados por las minas” para “devolver a la población las condiciones de un ambiente sano”.
No obstante, los diputados dejaron fuera de la prohibición “el trabajo artesanal de fabricación, reparación o comercialización de joyas o productos de metales preciosos”, que se contemplaba en el proyecto discutido hoy.
El diputado del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Guillermo Mata lamentó la tardanza para promulgar esta ley, que se venía discutiendo desde el 2005 y para la cual fueron presentadas al menos seis iniciativas.
No fue hasta que los jerarcas de la Iglesia Católica salvadoreña presentaron una propuesta, el pasado 7 de febrero, que el Congreso discutió y llegó a un acuerdo que devino en la decisión de hoy.
Mata también afirmó que “esta ley está bañada con sangre” por los asesinatos de al menos 4 ambientalistas que organizaciones sociales atribuyen a las empresas interesadas en explotar el recurso, en la zona norte del país.
“Nuestros agradecimientos póstumos a las personas que entregaron su vida por la lucha contra la explotación minera, (…) defendieron los recursos naturales y tuvieron el valor de denunciar que no beneficiaba a nuestro país”, concluyó Mata.
El diputado del FMLN aseguró que el presidente del Ejecutivo, Salvador Sánchez Cerén, estaba a la espera del decreto para refrendarlo y ponerlo en vigencia con su publicación en el Diario Oficial.
El parlamentario de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena) Johnny Wright remarcó la “importancia” del “consenso alcanzado por los partidos” para aprobar la ley.
“Esta decisión es un reflejo del trabajo guiado por la democracia y esto debe expandirse aún más sobre las decisiones que tomamos. Este día, en El Salvador, el agua le ganó al oro”, sostuvo.
Las diferentes organizaciones sociales que componen la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, principal ente promotor de la prohibición, y representantes de la Iglesia católica estuvieron presentes al interior del Congreso y fuera de este con pancartas y banderas.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) aseguró hoy mismo que el “impacto fiscal” que tendría la prohibición de la minería en El Salvador será “poco significativo”, debido a que el aporte de este sector al producto interno bruto (PIB) entre 2010 y 2015 ascendió apenas al 0,3 %.
La actividad minera en El Salvador estaba relativamente parada desde que el presidente Elías Antonio Saca (2004-2009) estipuló en 2008 que no concedería permisos de extracción minera si no se realizaba un diagnóstico sobre el impacto en el medio ambiente y se promulgaba una ley que regulara al sector.
A raíz de esa negativa, la empresa canadiense Pacific Rim, que comenzó a operar en 2002 con unos permisos de exploración, llevó al país a un litigio por el que ahora debe al Estado salvadoreño 8 millones de dólares más intereses.
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