Por: Rony Morales/Gilberto Cucul
El 15 de agosto 2014 en la comunidad de Samococh, del municipio de Chisec, Alta Verapaz, miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) participaron en un fuerte operativo en el que realizaron varios desalojos violentos, allanamientos y violaciones a los derechos humanos de la población. Este operativo buscaba detener a líderes y lideresas comunitarios. Como resultado fueron asesinadas tres personas: Sebastián Rax Caal, de 29 años, Luciano Can Cujub, de 40 años y Óscar Chen Quej de 22 años.
Diecinueve agentes de la PNC fueron puestos a disposición de la justicia para responder por la responsabilidad de estos hechos. En la Torre de Tribunales del Organismo Judicial, ubicada en la ciudad capital, con relación a lo ocurrido en Samococh.
En un expediente solicitado por la Fiscalía Municipal de Chisec se hace constar que las tres personas asesinadas el 15 de agosto en Samococh eran padres de familia, agricultores y miembros de la comunidad. También describe que el comunitario Luciano Can Sujub –cadáver (A)– murió de un disparo en el tórax (hombro) sin orificio de salida, según investigación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Sebastián Rax Caal –Cadáver (B)– presentó una herida penetrante que le provocó una hemorragia masiva y Óscar Chen Quej –Cadáver (C)– recibió una herida en el cráneo y falleció luego en el hospital de Cobán.
Las denuncias de la población, de organizaciones de derechos humanos y de medios comunitarios de comunicación registraron que en Samococh se encontraban 649 elementos de la PNC de diferentes rangos ese día. Además había agentes vestidos de civil portando armas de grueso calibre. Los querellantes y el Ministerio Público pidieron que se ligue a proceso
Proceso penal
Este miércoles 8 de febrero se inició el debate oral y público de doce miembros de la comunidad Samococh en la Sala del Tribunales de Segunda Sentencia Penal de Cobán, Alta Verapaz. El debate se abrió por los delitos de atentado, agravación específica . Solo dos campesinos dieron su declaración y en la mayoría de los casos, los acusados demostraron que son inocentes y que los elementos de la PNC efectuaron las capturas de manera violenta. Uno de los sindicados demostró que aún tiene la cicatriz en la parte superior de la cabeza donde fue golpeado por la policía.
Para Cristian Otzín, abogado defensor de los sindicados, existe un nivel de criminalización contra los pueblos ya que no hay ningún elemento probatorio que demuestra la culpabilidad de los comunitarios. “Una de las formas de represión de las que hablo es la criminalización y judialización. Esto quiere decir que se estigmatiza, se acusa, se persigue penalmente y se encarcela a quienes simplemente se oponen a estos proyectos por considerarlos nocivos para la vida. Muchas veces la criminalización se hace en contra de dirigentes sociales, otras veces no. El mensaje para ambos casos es el mismo: ‘que nadie se atreva a seguir organizándose, a pensar, opinar y defender lo propio’”, dijo el abogado.
comunitarios de samococh, defienden derecho de manifestación y resistencia ante tribunal segundo de sentencia penal, en apertura de debate oral y público.
Las comunidades Q’eqchi y Poqomchi, hoy siguen defendiendo lo poco que les queda, porque es su vida y su futuro. Pero esta forma de vida, hasta el momento no ha sido atendido ni entendido por los grupos de poder existente y a fuerza de todo, teniendo el aparato estatal a su favor, hacen y deshacen con la vida de las comunidades.
