Texto: Sergio González
Fotografías: Lucía Ixchíu
El proyecto hidroeléctrico Rocjá Pontilá ha estado sonando bastante últimamente y por todas las razones equivocadas. Este es un proyecto que quiere utilizar el caudal del río Iqbolay para la generación de energía. Sin embargo, el río entra y sale del parque nacional laguna de Lachuá, uno de los principales del país. Se trata de un humedal protegido por el tratado internacional de la Convención sobre los Humedales Ramsar. La ecorregión Lachuá ya se encuentra amenazada por la proliferación del cultivo de palma africana.
El parque es el último relicto de la selva de la zona y en su interior se encuentra un verdadero tesoro de biodiversidad, patrimonio natural que pertenece a todas y todos los guatemaltecos y que debemos cuidar. Es de los ecosistemas más prístinos de Guatemala y se ha luchado por mantenerlo así, pues es una de las áreas protegidas mejor administradas del país. El río Iqbolay entra y sale del parque en una zona problemática que se encuentra en disputa por los campesinos, pero no deja de ser jurisdicción del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap). Este río se vuelve subterráneo por un kilómetro y va a dar al río Chixoy.
Esta zona es de una gran complejidad hídrica ya que el suelo es kárstico, tiene altos niveles de carbonato de calcio que puede disolverse y generar un paisaje de lagunas, cenotes, redes subterráneas de ríos y meandros muy complejos. La complejidad de este ecosistema hace que sea delicado y que un proyecto hidroeléctrico sea complicado de manejar en la zona ya, que su impacto puede ser impredecible. Es especialmente importante mantener las condiciones del área de influencia del parque porque los ecosistemas, su dinámica y la biodiversidad que se encuentra allí han ido evolucionando en conjunto y ese proceso evolutivo es el que debe protegerse y representa el verdadero valor del parque.
Por esto es que los dictámenes de Conap, de la Escuela de Biología y el Instituto Nacional de Bosques (Inab) son negativos. Además de las advertencias institucionales, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado es pésimo, lleno de inconsistencias y de poco rigor para un proyecto de tal magnitud. El Conap pidió llevar a los consultores que lo generaron al Tribunal de Honor del Colegio de Ingenieros. Todo esto apesta y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) debería de dar un inmediato no, ¿verdad? Pues así lo había hecho el departamento encargado del dictamen, pero poco después hubo un despido y una nueva contratación. Luego de eso, surge un “sí” de la terna encargada, con lo que fue suficiente para proseguir con el proyecto y dicho sea de paso, se dio un “ascenso”. Esto apesta aún más. Pero el viceministro Alfonzo Alonso dice que el proyecto procede porque procede. Pues le cuento, viceministro, que el MARN tiene la última palabra y bajo los criterios pertinentes, el proyecto no debe concretarse, a menos que existan otros intereses que “deslicen” el expediente por el ministerio. Esto no me consta y quedará en manos del viceministro aclarar las sospechas o darse más color. Su mandato de protección al medio ambiente ha quedado rezagado en un gobierno manco, cooptado y realmente desinteresado.
