Por: Rony Morales
En asamblea las autoridades comunitarias, autoridades indígenas, líderes, lideresas, miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) y vecinos del municipio de San Pedro Carchá expresaron que cuentan con su propia voluntad y con los mecanismos de legalidad que les proporciona la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el código municipal y la ley de consejos de desarrollo. Estas leyes y convenios establecen la obligación del Estado guatemalteco de garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan los medios de vida, el territorio y la cultura de los pueblos. Ellos están dispuestos a defender lo que queda de sus territorios ancestrales y sus derechos. Cuentan
Según indicaron las autoridades comunitarias, la privatización de los ríos del municipio Carchá ha originado malestar entre los vecinos, quienes se ven en la necesidad de organizarse y manifestarse para frenar la introducción de empresas que utilizan los ríos con intereses económicos garantizando las ganancias de empresas extranjeras, además los pobladores no han sido consultados para la introducción de dichos proyectos.
Miembros de la empresa hidroeléctrica Renace ya está llegando con la maquinaría que busca ser introducida sobre el río Tz’unutz e indicó que pertenece a otra empresa, sin poder indicar a cuál pertenece dicho equipo, solo buscan imponer una serie de hidroeléctricas y presas de forma violenta y legal, sin la consulta previa a las comunidades.
Las comunidades reafirmaron su compromiso de seguir la defensa de los ríos y que no permitirán a que estas empresas hidroeléctricas ingresan en su comunidad ya que las empresas extractivas de monocultivos, hidroeléctricas y minería se han adueñado de la mayoría del territorio y los ríos, sin consultarle a la población indígena y campesina. Estas dinámicas como desalojos violentos son instrumento de los terratenientes y personas que tienen sus intereses particulares.
Estas prácticas de la hidroeléctrica, se contradicen con los miles de quetzales en propaganda que gastan mensualmente tratando de adornar la imagen de la empresa, dicen que respetan la vida y a los pueblos indígenas y para ello lanzan su propaganda a través de radios comerciales, evangélicas, los canales de televisión y los medios escritos.
Todos y todas quienes asistimos a esta asamblea comunitaria, manifestamos que estamos cansados de tantas mentiras que traen problemas en las comunidades y todas ellas vienen principalmente de las autoridades que tienen como función velar por el bien común.
