Santa Inés: el primer desalojo del 2017 en el territorio de Alta Verapaz

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Créditos: santa-ines

 

fotografia de miembros de la comunidad Santa Inés en apoyo a la consulta comunitaria de Cahabón.
fotografia de miembros de la comunidad Santa Inés en apoyo a la consulta comunitaria de Cahabón.

Por: Rony Morales

El  jueves 5 de enero por fin llegaron las instituciones del Estado a la comunidad de Santa Inés, en Santa Cruz, Alta Verapaz, no para resolver la problemática histórica de propiedad de la tierra que afecta a 20 familias poqomchi’, si no para mostrar el rostro represivo de la institucionalidad democrática que tanto nos exigen que respetemos.

Miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), acompañados de la  Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH), y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) –   instancias representantes de gobierno, cuyo papel es velar por la defensa de derechos humanos- llegaron a la comunidad de Santa Inés, la cual alberga desde el año 2000 a varias familias mayas poqomchi’ que  durante el tiempo del conflicto armado interno debieron abandonar estas tierras. Las familias retornaron 4 años después de la firman de los Acuerdos de Paz  y decidieron recuperar su tierra por la necesidad de alimentación y vivienda, ya que la encontraron a su regreso en manos de otros propietarios privados.

Desde entonces, Santa Inés ha sufrido 4  desalojos,  dos de tipo judicial en los que estuvieron presentes funcionarios del Ministerio Público, Juez de Paz, personal de la Procuraduría de Derechos Humanos, aproximadamente 160 elementos de la Policía Nacional Civil y un pelotón de miembros del ejército nacional. Estos desalojos se realizaron uno en el año 2002, otro en el 2004 y un tercer desalojo extrajudicial en el año 2006 en donde participaron personas armadas contratadas por la supuesta propietaria, María de Jesús Sosa Lemus, que apareció en el año 2001 con un supuesto título de propiedad.

Se lleva una mesa de conflictos agrarios por este y otros casos, con autoridades de Alta Verapaz  desde hace 16 años, en la cual se ha pedido hacer un geopocesionamiento, ubicación física, investigación registral y catastral de la  finca, como compromisos con la mesa de negociación, en donde participan Gobernación, municipalidades, Secretaría Agraria, Fondo de Tierra, Catastro Nacional, Derechos Humanos y las comunidades afectadas.

En Santa Inés no  hubo detonaciones de cientos de bombas lacrimógenas, ni luego disparos, como lo sucedido en el valle de Polochic, Lanquin, Samococh, Monte Olivo y las comunidades del Estor Izabal, la gente escucho de manera pacífica y consiente a los representantes del estado que llegaron a desalojarlos, pero esta vez no había alegría, si no temor, ya que era la quinta vez en que los niños, mujeres, mujeres embarazadas, ancianos y población miraban como los sueños de tener su tierra era destruido, recordando la  historia de despojo en las Verapaces.

La tierra se llena de tristeza, 20 familias poqomchi’ se quedan vivienda, en las calles, eso es lo que les espera. Mientras hay personas que tienen grandes cantidades de tierra que no trabajan, solo utilizan a los mismos miembros de otras comunidades y los confrontan rompiendo el tejido social histórico del pueblo poqomchi’.

Una de las formas de represión de las que hablo es la criminalización y judialización. Esto quiere decir que se estigmatiza, se acusa, se persigue penalmente y se encarcela a quienes simplemente defienden sus derechos, por considerarlos nocivos para la vida. Muchas veces la criminalización se hace en contra de dirigentes sociales, otras veces no. El mensaje para ambos casos es el mismo “que nadie se atreva a seguir organizándose, a pensar, opinar y defender lo propio”.

Los habitantes de Santa Inés, los verdaderos dueños de la tierra están siendo estigmatizados y criminalizados por el Estado, los medios de comunicación y terratenientes. Los criminalizan por el rol que juegan los comunitarios al ser miembros de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), por su lucha en defensa de la tierra, agua y los bienes naturales en las Verapaces

Con éstas estrategias se persigue: defender los intereses económicos de las elites, de finqueros, empresarios y profundizar el proyecto militar de control y miedo para controlar el territorio por medio del saqueo y el despojo. Y finalmente controlar, neutralizar y desarticular la lucha de resistencia comunitaria por la defensa del territorio y el descontento social.

santa-ines

La PNC realizó 4 detenciones de personas el jueves 05  de enero 2017 en esta comunidad. : Albina Chocooj Col, quién está embarazada, Romelia Veliz Caal, Cristóbal Mo Ti y Crisanto Tul Cojoc, autoridades de la comunidad, acusados de Usurpación Agravada que dando con órdenes de capturas en contra de los demás comunitarios.

Cristóbal Mó Ti de 42 años de edad y miembro de (UVOC), el viernes 8 de abril de 2016 logró encontrar los restos de su padre Domingo Mó, quién fue identificado entre las 588 osamentas exhumadas en el año 2012 dentro de las 85 fosas clandestinas ubicadas dentro de la zona militar número 21, actualmente Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (Creompaz).

Albina Chocooj Col defensora de los derechos humanos, está embarazada y durante todos estos meses en Santa Cruz Verapaz  ha dado  batalla por la protección de la tierra, los bosques y el territorio luchas principales de las comunidades.

Romelia Veliz Caal lideresa que con apoyo de la movilización comunitaria puso públicamente una denuncia por el robo de tierras y ha estado desde el principio en la defensa de su tierra y territorio ante las autoridades gubernamentales y sus instituciones que hacen de oídos sordos a su denuncia.

Crisanto Tul miembro del Concejo Corazón de UVOC, represente de su comunidad, dirigente comunitario desde hace 20 años y muy activo en el trabajo en las diferentes comunidades donde tiene presencia la organización.

Rol de la Municipalidad de Santa Cruz Verapaz.

Por su parte el Alcalde Municipal Roberto Ja, ha enviado dos escritos. El primero dirigido a la Fiscalía Distrital de Cobán, específicamente a la unidad de Dirección de la Investigación. El segundo al juzgado segundo de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, con la causa 16005-2016-00272, dando un paso en la protección de la población indígena poqomchi´ el cual dice:

“Respetuosamente me dirijo a usted, con el objeto de comunicarle la preocupación de la municipalidad de Santa Cruz Verapaz, de este departamento, la cual está relacionada con una orden de desalojo que de ejecutarse afectaría a un grupo de campesinos de la Comunidad de Santa Inés, de esta jurisdicción.

Según se tiene información el Ministerio Publico de Cobán, ha solicitado  una orden de desalojo al Juzgado respectivo y de realizarse ocasionara afectación a un grupo de campesinos, que tiene siembras y viven en dicho lugar, desde hace más de dieciséis años.

Es necesario que el Ministerio Publico como responsable de la investigación tome en cuenta lo siguiente: El inmueble o inmuebles en donde solicita el desalojo es un área en donde confluyen varias personas acreditando ser dueños y esta confusión ha generado –que oportunistas- estén realizando todo tipo de negocios, disponiendo de esta tierra mediante donaciones, compraventas y otros contratos, y afectando a otros grupos de personas habitantes del lugar, en este caso los afectados son campesinos de la comunidad de Santa Inés.

Con todo respeto, y en mi calidad de Representante legal de la municipalidad de Santa Cruz Verapaz, solicito que previo a ejecutar esta orden se tenga certeza por parte del Ministerio Publico, de lo que está haciendo, porque la municipalidad de Santa Cruz Verapaz, es parte en este asunto y considera que las autoridades agrarias son las competentes para resolver este caso, según la ley, la municipalidad es de la opinión que se debe encontrar una solución pacífica y tomar en cuenta también los derechos de los posesionarios en este caso de la comunidad de Santa Inés”.

Las instituciones que administran la justicia y la protección de la ciudadanía del país deben considerar que la vida en la tierra tal y como la conocemos, depende de que se reconozca a los pueblos indígenas y las comunidades locales como custodios de la tierra y territorio de  nuestro planeta. Asegurar estos derechos es el eje central para construir un mundo justo y equitativo desde la salud a la educación, la participación a la paz, el crecimiento a la diversidad cultural.

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