Por Gilberto Che
Advierten responsabilidad de autoridades municipales por participar de los engaños generados por la empresa.
Familias del barrio Satis, Cobán, Alta Verapaz, son afectadas por la instalación de una torre de telefonía de una empresa nicaragüense denominada Torrecom Guatemala, ilimitada. Esta instalación es producto de la manipulación de los miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo por parte del anterior y actual gobierno municipal y por el abuso de poder.
Con el hecho, se ha evidenciado claramente cómo las autoridades con el poder público utilizan tácticas que solo contribuye a generar engaños, conflictos y pobreza en los pueblos, bajo los lineamientos e intereses empresariales de carácter transnacional, dejando por un lado los interese colectivos y de la humanidad.
Como relata el señor César Humberto Pacay, miembro del Consejo de Desarrollo Comunitario (Cocode), los anteriores miembros del consejo cometieron el delito de usurpación de cargo, pues ya no tenían vigencia en sus cargos. Además el permiso fue avalado solo por doce personas, en su mayoría, familiares. Entre ellas solo dos personas eran miembros del Cocode.
Asimismo César Pacay manifiesta que cómo es posible que el actual alcalde no actúe en contra de las acciones, teniendo a la vista las evidencias y las denuncias respectivas. Es decir que el actual alcalde municipal también está incurriendo en un delito.
La instalación de la antena es una acción que responde a los intereses de las empresas extranjeras sin considerar la vida de los vecinos. Pues no se ha tenido en cuenta que la Coordinara Nacional Para la Reducción de Desastres (Conred), delegación de Alta Verapaz, efectuó una investigación en el área de influencia, constatando que el terreno es susceptible a deslizamientos. En el informe de Conred se concluyó que el terreno no es apto para la construcción de una torre de telefonía. De acuerdo con las observaciones realizadas, se pudo evidenciar la vulnerabilidad de las familias asentadas en el lugar, debido a la humedad y la influencia.
La problemática que afronta la población de esa localidad tiene siete meses de antigüedad. Cuando la municipalidad de Cobán autorizó la instalación de una torre de telefonía de la empresa nicaragüense Torrecom. Para la autorización, la municipalidad tomó como aval comunitario, un acta firmada por miembros de una sola familia de la comunidad. Desde ese momento la asamblea comunitaria se ha opuesto a dicha construcción, pues pone en riesgo la vida de varias familias.
La asamblea general de la colonia Satis ha procedido a anular el acta notarial que avala la construcción. De esta acción se ha notificado a la municipalidad para que proceda a cancelar la licencia de construcción de la torre, pues no cuenta con el consentimiento de los vecinos. Los vecinos de la localidad han hecho ver a la municipalidad sobre los riesgos de deslizamiento, y esta intuición comunitaria ha sido confirmada por la Conred. Sin embargo la empresa y la municipalidad de Cobán insisten en seguir con la construcción.
Para el juicio de la comunidad y las organizaciones acompañantes, debe prevalecer la parte humana y la protección de las familias que están cuesta abajo de la construcción.
La Instancia de Consenso del Pueblo Maya y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) han acompañado los diálogos que la comunidad ha sostenido con el alcalde municipal para expresar su demanda por retirar la estructura, que ya ha sido colocada en el área comunitaria. Se ha dado fe de los acuerdos y de los procesos que se siguen.
Sin embargo también se ha evidenciado la constante violación de los acuerdos y del debido proceso en el caso. Uno de los ejemplos es que el viernes 2 de diciembre, los empleados de la empresa se presentaron a la comunidad para continuar con la construcción. Sin embargo la resistencia comunitaria nuevamente se manifestó, y se solicitó la presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la municipalidad de Cobán, para ratificar los acuerdos de no autorizar la construcción hasta que sea resuelta la inconformidad comunitaria.
La comunidad logró que el personal se retirara aproximadamente a las 12:00 horas del lugar. Lo preocupante fue que el personal de la empresa se presentó nuevamente en el transcurso de la tarde, pero con el acompañamiento de dos autopatrullas y de agentes motorizados de la Policía Nacional Civil (PNC). A todas luces este fue un mecanismo de intimidación, lo que además es ilegal puesto que la fuerza pública debe velar por la seguridad pública y no puede estar al servicio de empresas para imponer sus intereses.
La PDH verificó si la fuerza pública tenía una orden de ingreso a la comunidad, emitida por alguna entidad jurisdiccional. Sin embargo se evidenció que su presencia se debía a una solicitud de la empresa.
La comunidad Satis lamenta y se indigna por el irrespeto de los procesos y porque se violen los derechos humanos de la población, al poner en peligro la vida de todas las personas que viven cerca del lugar donde quieren colocar la torre, solo por el interés económico de transnacionales, con el consentimiento de las autoridades municipales de Cobán.
Se convoca a organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos que mantengan la alerta y que se acerquen a verificar la situación de la comunidad Satis de Cobán, pues han decidido mantener vigilancia permanente de fuerzas de seguridad estatales por la construcción. Últimamente la empresa insiste en llegar a la comunidad para reiniciar la construcción de la torre, violando así el proceso que se está llevando ante las instancias correspondientes.
