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Foto: Nelton Rivera

Texto: Carolina Escobar Sarti

Fotografía: Nelton Rivera

13 de enero de 2016. Cuando me hablan de Marco Antonio Molina Theissen, lo imagino aún de 14 años y lo sitúo en 1981. Si aquel niño estuviera vivo, cumpliría este año medio siglo y hubiera sido posiblemente muchas cosas en la vida, pero estuviera y hubiera son apenas verbos en pretérito imperfecto. En la memoria y la historia, Marco Antonio sigue siendo el niño del relato y, según varios testimonios, un muchacho alegre, lleno de vida e ilusiones, un estudiante magnífico y optimista, que dibujaba y construía todo el tiempo de camino a ser el ingeniero que soñaba, en el país que imaginaba.

Ese niño se detuvo en el tiempo. Nunca pudo crecer, como tantas y tantos otros de aquella primavera mutilada. Tres hombres armados entraron a su casa el 6 de octubre de 1981, lo engrilletaron a un sillón, le pusieron masking tape en la boca y luego uno de los hombres lo sacó de allí. Mientras, su madre era arrastrada, empujada y golpeada por otro hombre que registraba toda la casa a su paso. Cuando estaban por irse, ella vio cómo a su hijo le cubrían la cabeza con un saco, lo ponían en la parte de atrás de un picop, con placas que luego se confirmarían como de la funesta G2. ¿Qué reglas de guerra fueron esas? ¿Qué orden de juez llevaban? Hoy, 34 años después, sigue desaparecido y cuatro militares han sido ligados a proceso por desaparición forzada y delitos contra la humanidad: Francisco Luis Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas y Manuel Antonio Callejas Callejas.

En el memorable informe Hasta encontrarte: Niñez desaparecida por el conflicto armado interno en Guatemala, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, se señala que en la mayoría de los casos de desaparición forzada que se conocen, el autor material e intelectual de los hechos fue el Ejército de Guatemala, actuando directamente o con la colaboración de las fuerzas paramilitares de entonces. El 92% de los casos de niñez desaparecida fue responsabilidad del Ejército; otro 3% del Ejército, en conjunto con las Patrullas de Autodefensa Civil, y el 2% de la guerrilla. Del restante 3% de los casos se desconoce la autoría.

Solo en 1981 hubo más de mil personas detenidas ilegalmente y desaparecidas, y esos delitos eran tan delitos entonces como hoy. La paradoja es que en ese mismo año, todos alimentamos un presupuesto de Defensa que superó a todos los gastos sociales y nos hizo más pobres, en todo sentido. Entre 1980 y 1985, “Defensa”, que no incluye Gobernación, pasó de conformar un 9.3% de gasto del Estado guatemalteco, a 21%. (Gastos militares en Guatemala: su impacto fiscal y macroeconómico: 1969-1995 – Thomas Scheetz).

La familia Molina Theissen quedó devastada, fragmentada, estigmatizada, empobrecida. Su padre, un contador que trabajaba en el sector privado, y su madre, una maestra de años, no pudieron continuar trabajando. Las hermanas vivieron también esta pérdida de asideros emocionales y de seguridad en sus vidas, y una de ellas incluso había sido antes secuestrada, incomunicada, torturada y violada en la base militar de Quetzaltenango, de donde pudo escapar. Y solo hasta el año 2004, el Estado de Guatemala reconoció, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su responsabilidad en la desaparición del menor, y se comprometió a buscar a la víctima e investigar y sancionar a los autores intelectuales y materiales de lo sucedido.

¿Cómo ayudó la desaparición y muerte de tantos Marco Antonios a la construcción de una mejor Guatemala? ¿Acabó con la exclusión? ¿Somos una sociedad más dialogante, más justa, más segura, menos violenta? ¿Acaso los indicadores de pobreza y exclusión o la revisión del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio no nos sitúan como uno de los países que sigue teniendo una enorme deuda histórica con su ciudadanía, especialmente con su niñez y adolescencia? ¿Queremos a nuestra población joven formada en recintos militares haciendo deporte sobre 588 osamentas con signos de violencia y rodeada de esa mezcla de impunidad y silencio que no nos permite desmarcarnos de una justicia que nos permita nuevos comienzos? Sí, que haya justicia para todos. Estamos pasando un momento difícil como sociedad, pero esto anuncia nuevos caminos para la democracia que queremos ser.

Fuente: Prensa Libre

Autoría y edición

Descendencia kaqchikel y afrodescendiente. Infancia en la cuna de una organización revolucionaria. Crecida dentro de la revolución cubana.

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