La ingobernabilidad no la generan los pueblos indígenas

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Créditos: editorial
Tiempo de lectura: 3 minutos

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Por: FGER

Editorial

“No se debe en nombre de la gobernabilidad, criminalizar cualquier demanda de la población”.

La movilización social es una acción básica para la ciudadanía con el fin de consolidar la gobernabilidad y la democracia, además para exigir derechos ante la ausencia del Estado en garantizar el acceso a servicios básicos para los pueblos que se movilizan. Sin embargo, las movilizaciones han sido catalogadas por sectores económicos, conservadores y algunos medios de comunicación del país, como acciones para alterar la gobernabilidad y que por oficio las fuerzas de seguridad deben que actuar para reprimir, Estos mismos sectores que por años han criminalizado cualquier acción legítima de lucha de los distintos movimientos sociales, campesinos y pueblos indígenas y en muchas ocasiones llamándolos delincuentes.

Conceptos que tiene por objetivo anular las demandas y desprestigiar cualquier acción pública y liderazgo a favor de poblaciones que históricamente han sido excluidos y así conservar los privilegios obtenidos de manera anómala o ilegal a partir de nexos con funcionarios corruptos; que en la mayoría de las movilizaciones sociales se pide su anulación.

El 26 de octubre el Comité de Desarrollo Campesino CODECA y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas CNOC realizaron a nivel nacional una movilización denominada -Paro Nacional- que fue anunciada una semana antes, tiempo que fue utilizado en los distintos medios de comunicación para crear en el imaginario social un clima de tensión y de caos logrando distintas manifestaciones de rechazo, racismo y criminalización contra las organizaciones y las acciones anunciadas.

A estas manifestaciones de racismo y criminalización se une la persecución penal que ha emprendido el Estado contra autoridades comunitarias y ancestrales de los pueblos indígenas por la defensa del territorio ante las imposición de megaproyectos con actividades extractivas con permisos irregulares e ilegales; la persecución sistemática a los defensores y defensoras persiste, el caso más reciente ocurrió el 26 de octubre; se detuvo en el municipio de Chiantla del departamento de Huehuetenango a Domingo Francisco Cristóbal de origen maya Q´anjob´al coordinador local del Gobierno Ancestral Plurinacional en el municipio de Santa Eulalia, después de su participación en el Paro Nacional, hasta este momento no ha sido escuchado su primera declaración como lo manda la ley.

Ese mismo día, se calcula que entre dos mil a tres mil elementos de la Policía Nacional Civil PNC y del Ejército ejecutaron una orden de desalojo contra el pueblo maya Q´eqchi´ en el municipio de El Estor, Izabal; vulnerando y reprimiendo todos los derechos de la población del lugar y en consecuencia resultaron heridos elementos de la PNC.

Sumando a estas acciones el proceso de antejuicio contra el diputado Amílcar Pop de la Bancada WINAQ por haberse presentado para observar una acción de arbitrariedad de la Policía Nacional Civil en el mes de junio 2015 contra pobladores de la comunidad Los Pajoques de San Juan Sacatepéquez; después de su participación en una las manifestaciones pacíficas en la ciudad de Guatemala en contra de la corrupción. Donde al legislador se le acusa de obstrucción a la justicia.

De igual manera la campaña de desprestigio en contra del diputado Leocadio Juracán de la Bancada Convergencia por su compromiso y liderazgo en la promoción de leyes a favor de la población en el Congreso de la República y mostrar su preocupación e indignación por los desvíos de ríos que han realizado los mega proyectos, denunciados durante la Marcha del Agua en los meses de marzo y abril, recientemente fue retenido y agredido verbalmente por trabajadores de una hidroeléctrica en Alta Verapaz al verificar la situación del Río Cahabón.

A esta serie de hechos encontramos la ausencia del Estado, la arbitrariedad de las fuerzas de seguridad y desgaste político contra representantes de los pueblos en el Congreso, acciones que genera un clima ingobernabilidad con consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo; lo que vulnera los derechos de la población en general. Las demandas de CODECA y CNOC no tienen diferencia con las de otras organizaciones campesinas y de pueblos indígenas ante el aumento de la pobreza en el país, la criminalización de autoridades comunitarias y ancestrales en defensa del territorio, el alto costo del servicio de la energía eléctrica, el aumento al costo de la canasta básica y otras.

Estas demandas en ningún momento vulneran la gobernabilidad, al contrario es una manifestación legitima de los pueblos para garantizar el derecho a un trabajo digno, una educación con calidad, un servicio de salud integral y otros servicios para alcanzar el buen vivir.

No se debe en nombre de la gobernabilidad, criminalizar cualquier demanda de la población para beneficiar a sectores privilegiados, porque las movilizaciones se realiza en el marco del Estado de derecho establecido en la Constitución Política de la República porque siendo así, se vulneraría cada vez el derecho a la libre expresión, manifestación y movilización; las demandas y acciones son justas y legítimas y deben ser atendidas por las instituciones correspondientes.

 

Autoría y edición

Descendencia kaqchikel y afrodescendiente. Infancia en la cuna de una organización revolucionaria. Crecida dentro de la revolución cubana.

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