Por: Nelton Rivera
La delegación de autoridades comunitarias y ancestrales que llegaron desde Huehuetenango el jueves 13 de octubre 2016 al Ministerio de Energía y Minas -MEM- tuvieron que esperar más de una hora en la calle en la colonia Las Charcas, porque las autoridades del MEM les negaron el ingreso sin ninguan explicación, la seguridad simplemente no abrió la puerta principal. Para el actual ministro Luis Alfonso Chang Navarro, no es prioritario atender o resolver la fuerte problemática social en Guatemala provocada por las empresas extractivas, eso es más que evidente.
La delegación que llegó desde Santa Eulalia Huehuetenango, desde el territorio norte fueron delegados por las comunidades de variso municipios para presentar un memorial a través del cual las autoridades comunitarias Evacuaron una Audiencia de Recurso de Reposición, esta audiencia fue fijada por el MEM a través de la resolución 3658 emitida por este ministerio el 1 de octubre 2016, el MEM fijó los plazos, pero no permitió que las personas ingresaran para evacuar este tipo de audiencias.
Para el Gobierno Plurinacional estos procesos no son un juego, la empresa CINCO M propietaria aún de la licencia de la hidroeléctrica San Luis ubicada en la finca con ese mismo nombre en el municipio de Santa Eulalia, sigue pidiendo ampliaciones de construcción, lo mismo sucede con empresas como Ecoener Hidralia Energía, PDHSA, en municipios como Barillas y San Mateo Ixtatán en donde el pueblo Q’anjob’al pidió que fueran revisados los procesos de obtención las licencias de construcción y los Estudios de Impacto Ambiental EIA, fundamentalmente porque la población sabe que hay fuertes indicios de anomalías en los expedientes, como la falsificación de firmas de personas justificando haber realizado una consulta comunitaria en todo el municipio, entre otras irregularidades que le otorgó la licencia a CINCO M.
Es el mismo ministerio el que obstruye a la población el acceso a los mecanismos e instrumentos para oponerse a las peticiones de las empresas los hace incurrir en actos anómalos, fuera de la ley y lejos de las atribuciones y obligaciones que tienen como funcionarios de este ministerio y como trabajadores del Estado.
En un comunicado el Gobierno Ancestral Plurinacional dio a conocer su inconformidad por el irrespeto que el MEM en reiteradas ocasiones ha incurrido.
Como el Estado le da la espalda a la población
Para las autoridades comunitarias y ancestrales viajar a la capital no es cosa fácil, la distancia es extensa, fácilmente si no falla el transporte, si no hay accidentes, derrumbes o si las recientes lluvias no terminaron de levantar el poco asfalto que queda sobre la carretera, cada uno y una de ellas puede tardar 14 horas de viaje, se dejan de hacer varios jornales de trabajo, se quedan las familias y se desatienden necesidades de la población.
Esas horas de viaje, hay que agregar algunas horas más porque en el camino hay que detenerse a comer o para pasar al baño, algunas veces para evitar el desgaste de viajar de forma directa, uno puede detenerse en algún punto intermedio y dormir ahí, para continuar el viaje al día siguiente, de esa cuenta estamos hablando que llegar a la capital les puede tomar un día completo y otro de regreso.
Las autoridades llegaron el jueves 13 de octubre a las oficinas del Ministerio de Energía y Minas MEM ubicado en la colonia las Charcas en la zona 11 de la ciudad, frente a este ministerio se encuentra un campamento de la resistencia pacífica de La Puya, la gente que lleva meses en la entrada del ministerio exige a los trabajadores y funcionarios públicos acaten las resoluciones de las cortes guatemaltecas que les ordenaron el cierre inmediato de la empresa minera EXMINGUA con el proyecto Mina “El Tambor” Progreso VII Derivada, simplemente las autoridades ministeriales hacen lo que les viene en gana, se negaron a acatar, violaron la ley y no los atienden.
Las oficinas del MEM por ser estatales no pueden negar el ingreso a los ciudadanos guatemaltecos, especialmente cuando delegan en sus autoridades comunitarias la responsabilidad de representarles en asuntos importantes como la defensa del agua, tierra o territorio, para muchas personas en este país, la vida está en juego frente este modelo extractivista.
En el campamento de la resistencia de La Puya varios señores expresaron su solidaridad con las autoridades qanjobales, uno de ellos les comentó que también a les ha tocado soportar como ese ministerio simplemente actúa como una extensión de los empresarios y que no respeta las leyes, menos las resoluciones de las cortes.
Ministerios para las empresas
El Gobierno Plurinacional que representa diversas formas ancestrales y gremiales de organización en territorios habitados por pueblos como el Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Poptí, territorios en los que conviven con el pueblo mestizo, la mayoría definieron desde el año 2005 a través de las Consultas Municipales de vecinos y Consultas Comunitarias de Buena Fe que cualquier actividad extractiva que no fuera informada y consultada, pero aque además no contemplen el manejo, protección, cuidado y regeneración de los bienes naturales administrados por la población no pueden funcionar.
Cuatro gobiernos han pasado, los funcionarios públicos en ministerios como Energía y Minas, Medio Ambiente y Comunicaciones colocaron estas instituciones en beneficio de las empresas extractivas, aportan técnicos, facilitan la obtención de licencias que en muchos casos no cumplen con los requisitos mínimos de la legislación guatemalteca, en otros casos ponen toda la estructura de seguridad del Estado para proteger fincas, terrenos, hidroeléctricas, mineras u oficinas de transnacionales, desde la justicia las fiscalías y juzgados funcionan para criminalizar, perseguir penalmente y encarcelar a quienes se opongan pacíficamente o no a estos proyectos.
Todo esto ha sucedido en los últimos 10 años con mayor descaro, también se convirtieron en el vehículo fácil para enriquecer a quienes de manera individual acceden a los puestos claves, o a través de estructuras criminales como las que llevaron al poder a distintos partidos políticos, empresarios o militares.
Un ejemplo de todo esto se dió durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías, 2015 se hizo visible como operan estas redes criminales: entre partidos políticos, funcionarios, militares y grandes empresarios. Erick Archila Dehesa un empresario que mientras estuvo al frente del MEM lo instrumentalizo para enriquecerse y beneficiar a otros con fondos públicos, hoy el ex ministro es prófugo de la justicia, fue durante esta gestión que las empresas se beneficiaron con la aprobación y ampliación de licencias extractivas.
Las investigaciones de la fiscalía del Ministerio Publico y la Comisión Internacional contra la Impunidad CICIG también apuntaron en el caso #CooptaciónDelEstado, a ministerios como el de Infraestructura y Vivienda (CIV) con el ex titular de éste prófugo también de la justicia, Alejandro Sinibaldi Aparicio impulsó por ejemplo la construcción de la carretera semiprivada “Anillo Regional” de la empresa Cementos Progreso, detrás de ésta construcción se han registrado varis delitos, y violaciones a los derechos humanos de las comunidades Maya Kaqchikel opuestas a este.
