Créditos: comunicadores comunitarios
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A la población en general hacemos saber: el día de ayer 25 de octubre del presente año, se giró orden de desalojo solicitada por supuestos propietarios, Miguel Ángel Arriaza de la Finca Guadalupe y Finca Plan Grande; Danilo López de la Finca el Remanso, en contra de alrededor de 80 familias de las comunidades de Nueva Esperanza Túnico, Plan Grande y Río Sumach ubicadas en el municipio de El Estor Izabal.

Estas comunidades se asientan en el área desde hace más de 50 años, sin embargo han sido relegados a condiciones precarias, sin acceso a tierra para vivir y producir dignamente por las dinámicas de expansión de monocultivos. En este contexto el día de hoy 26 de octubre, aproximadamente a las 7 de la mañana se presentaron entre 3,000 a 4,000 efectivos del ejército, policía y antimotines que entraron por la carretera que llega desde Río Dulce hacia la comunidad Nueva Esperanza Túnico, así como también 2 helicópteros que sobrevuelan dicha comunidad a distancia muy baja.

Se presentó jueza con orden judicial de desalojo. Las comunidades, desde hace más de 5 año han venido dialogando con la Secretario de Asuntos Agrarios, Fondo de Tierra, Municipalidad, Registro de Información Catastral para encontrar una solución negociada y pacífica a la problemática de la tierra.

Foto por comunicadores comunitarios
Foto por comunicadores comunitarios

Ante los acontecimientos de hoy, las comunidades procedieron al diálogo para evitar los desalojos violentos, sin embargo en estos momentos se está dando el desalojo violento en la comunidad Nueva Esperanza Túnico, no están permitiendo que otras personas que no son de la comunidad se acerquen al área, y documentar los acontecimientos. La población en general, principalmente, niñas y niños, están siendo afectados por los gases lacrimógenos; quema de viviendas, cultivos y otros enseres de las comunidades.

Ante esta situación, manifestamos nuestra preocupación por estas decisiones de represión y la falta de búsqueda de soluciones a la problemática agrario y condiciones dignas de vida para las comunidades indígenas de El Estor, Izabal; y responsabilizamos a los supuestos propietarios antes mencionados de este acto violento y de las consecuencias que este tipo de acciones provoca en la vida de las comunidades.

Demandamos a las organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, a los medios de comunicación:

1.- Exigimos que se escuchen las demandas de las comunidades y que no se antepongan intereses de particulares de empresas y finqueros.

2.- Que se divulgue y que se denuncien estos hechos de violencia que atentan contra la vida y dignidad de las comunidades, y que no contribuye a la estabilidad del municipio.

3.- Exigimos que se respeten los procesos de diálogo, la vida de las personas y protocolos correspondientes.

4.- Exigimos la búsqueda de soluciones a la problemática agraria y el cese a estas acciones violentas. El hambre no espera y la necesidad de sembrar tampoco. El derecho a la alimentación es diario, e irrenunciable.

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