En el Valle de Susa, en el corazón de los Alpes, existe una comunidad que lleva 25 años resistiendo un megaproyecto que el Estado italiano quiere imponerles: es la “Comunidad NO TAV”, los que dicen NO al Tren de Alta Velocidad que debería cruzar el valle para unir la ciudad de Turín con Francia.
Desde finales de los 80 del siglo pasado, los habitantes y autoridades de los pueblos de este valle se han tenido que enfrentar las estrategias de las diferentes instancias públicas y privadas regionales, nacionales y europeas por construir la vía de comunicación por encima de su voluntad. Esto ha implicado desde la organización de mesas de trabajo, hasta la militarización del valle y la presecución penal cada vez más dura y arbitraria. Frente a ello, jóvenes, mujeres y ancianos, ecologistas, anarquistas y católicos, están creando una auténtica comunidad con un proyecto de futuro
Anna Avidano, turinesa que lleva 9 años acompañando a las mujeres Ixiles en Nebaj, investigó y sistematizó este experiencia la Tesis “SOMOS TODOS CULPABLES DE RESISTIR” DEL MEGAPROYECTO TAV AL PUEBLO NO TAV, que les brindamos al final, y cuyas primeras páginas copiamos acá. Consideramos que es un aporte para comprender cómo actúa el despojo hoy en día en todo el mundo, pero también cómo al resistir, se crean alternativas
“El tribunal exhorta a las comunidades que lo convocaron, a sus mayores, a sus
jóvenes, a sus niños, a seguir alimentando su solidaridad, su indignación, frente a la
injusticia, a mantener su mirada vigilante frente a las falacias del poder y a nutrir de
manera decidida su voluntad de desobedecer a la tiranía, buscando la justicia y la
democracia, que son inherentes a la paz. Nicoletta y Ava muy claramente lo dijeron
a este tribunal en su testimonio: resistir, no es sólo un derecho, es un deber. Es el
deber del amor. Es el deber que surge del amor, el amor a la vida, a la humanidad, y
al territorio. Val de Susa, ¡todo nuestro reconocimiento y solidaridad en este
proceso impresionante de responsabilidad con las actuales y futuras generaciones!”
(Dory Lucy Arias, 8/11/15, Almese).
Con estas palabras, Dory Lucy Arias, jueza colombiana del Tribunal Permanente de los Pueblos, cerró la sesión del tribunal dedicada al tema de “Los derechos fundamentales, la participación de las comunidades locales y los megaproyectos” en la Unión Europea. La sesión -que duró cuatro días- se desarrolló en Turín y en el Valle de Susa en noviembre del año pasado, y analizó, entre otros, el caso de la implementación del megaproyecto TAV/TAC en la región de Piamonte, en el Noroeste de Italia. Este megaproyecto ve contrapuestos el estado italiano -promotor de la obra- con la mayoría de las personas que habitan el Valle de Susa -contraria a su realización. El Tribunal concluyó, en su sentencia, que la imposición de la infraestructura es ilegítima, mientras que felicitó la resistencia de lxs habitantes del Valle, ya que representaría un “proceso impresionante de responsabilidad con las actuales y futuras generaciones”, siendo un producto de, en palabras de la jueza, la “indignación frente a la injusticia” y “el amor a la vida, a la humanidad, y al territorio”.
i. Planteamiento del problema
El conflicto alrededor de la construcción de la línea de trenes de alta velocidad y capacidad conocida como TAV/TAC en el territorio del Valle de Susa lleva más de veinticinco años de historia. Dicha disputa es en parte consecuencia de las características geográficas y orográficas del territorio, que desde el siglo XIX fue convertido – a los ojos de los diferentes gobiernos italianos- en un potencial corredor de tránsito entre Francia e Italia, ya que conecta de forma natural la ciudad de Turín, antigua y primera capital de Italia, a Francia, a través de tres pasos alpinos1. Por eso, el Valle hoy día está atravesado por cuatro grandes infraestructuras de transporte -una línea de trenes, dos carreteras estatales, y un autopista, cuya realización fue degradando el entorno y redujo paulatinamente la superficie de tierras fértiles disponibles.
En particular, la construcción de la última grande infraestructura en el área en los años ochenta del siglo pasado -la autopista A32, marcada en verde en el mapa-, generó un impacto ambiental nocivo, principalmente por la contaminación producto de la cementificación de parte del territorio y por la reducción de tierras cultivables. A pesar de dicha degradación del Valle, el gobierno italiano no proporcionó a los municipios locales ninguna compensación o herramienta de mitigación del impacto del megaproyecto, aunque se había comprometido en la etapa de evaluación de la obra en hacerlo, por lo que eso generó cierta desconfianza de parte de las personas del territorio hacia las instituciones
estatales supracomunales. Asimismo, dicha experiencia llevó a parte de la población a reflexionar sobre la relación con su entorno y acerca de las implicaciones de vivir en un territorio contaminado, desde un punto de vista ecológico y de salud, generando una renovada consciencia ambiental entre la gente del lugar.
Por eso, cuando se propuso por primera vez el megaproyecto TAV/TAC, en 1989, parte de la población ya estaba consciente de los riesgos vinculados a grandes obras de esa naturaleza: sabía en particular que una obra de dicho tamaño implicaba una reducción de las fuentes hídricas del Valle, la contaminación del territorio causada por los trabajos y las excavaciones previstas –ya que para garantizar la rapidez de la línea en un área montañosa era necesario realizar túneles-, la expropiación de porciones de territorio para realizar el megaproyecto, sí como la reducción del valor de los inmuebles en la región, generada por la articulación de la contaminación del territorio y la presencia de los trabajos de construcción durante por lo menos un par de décadas. Así que, desde un principio, una parte de las y los habitantes -en particular, ambientalistas, exponentes del partido comunista y personas del área católico-militante del territorio-se organizó, y conjuntamente a algunas autoridades locales y académicas y académicos del Politécnico de Turín, empezó un proceso de resistencia al megaproyecto que conllevó a la sensibilización de la gran mayoría de la población local.
Año tras año, este primer núcleo organizado logró ampliar y consolidar un frente de rechazo a la obra, dando vida al así llamado Movimiento No Tav, que hoy día involucra a la mayoría de las y los habitantes de la parte baja del Valle de Susa y de sus autoridades locales, así como a numerosas personas de otras regiones de Italia. Al mismo tiempo, el movimiento se volvió referente de otras luchas -tanto italianas, como europeas- de resistencia a la imposición de megaproyectos y de defensa del territorio. El perfil de las y los activistas es muy variado a nivel generacional, de género, de origen geográfico y de condición socioeconómica; aun así, todas y todos se autonombran como pertenecientes al “pueblo No Tav”, y hoy día consideran haberse conformado en una “comunidad”.
La contienda entorno a la implementación del megaproyecto fue y sigue siendo caracterizada por una actitud autoritaria de parte del estado italiano, que no sólo excluyó a la población local de la toma de decisión sobre la TAV/TAC, sino también ha estado promoviendo una campaña mediática de deslegitimación y criminalización del movimiento que, entre otras cosas, ha favorecido un clima de tensión política funcional a la persecución civil y penal de sus activistas. Bajo el lema del “interés de la mayoría” se ha pretendido presentar la implementación del megaproyecto TAV/TAC como símbolo de avance democrático y progreso económico colectivo, mientras que las reivindicaciones del Movimiento No Tav son representadas, en esta última fase histórica de la disputa desde 2011, como un “problema de orden público”.
Cabe aquí destacar que a lo largo del último cuarto de siglo cambió el panorama político y económico italiano y se transformó la función misma de la obra, pensada en un principio para el transporte de las personas, y hoy en día reconvertida en una línea de alta capacidad para el transporte de mercancía. También han cambiado las reivindicaciones del movimiento, el cual progresivamente ha ido adquiriendo consciencia sobre la necesidad de cuestionar no sólo la obra en sí, sino el modelo de desarrollo económico subyacente a la obra, el cual es vigente hoy en día. La consecuencia ha sido, en los últimos años, la militarización del Valle por parte del estado y la adopción de medidas represivas antiterroristas, incluyendo el encarcelamiento de activistas. Dichas medidas presentan similitudes con las estrategias implementadas en otros países así definidos del “Sur”, en la imposición autoritaria de megaproyectos como parte de la promoción del modelo económico neoliberal. En ese sentido, es posible vislumbrar la transversalización geográfica de dicho fenómeno, cuando en su momento se consideraba más bien una característica exclusiva del “Sur” del mundo.
Si bien es posible argumentar que existen también patrones comunes en los discursos y prácticas de resistencia de las poblaciones que se oponen a la implementación de los megaproyectos a lo largo del planeta –entre los cuales destacan la construcción de modelos alternativos de participación política, así como propuestas de alternativas al actual modelo económico- cabe destacar que existe una diferencia en cuanto a los sujetos que promueven dichas propuestas.
En los casos latinoamericanos, muchos de los movimientos activos en la defensa de su territorio están protagonizados por poblaciones reconocidas como originarias y eso, si bien no limita las agresiones y los intentos de deslegitimación de dichos movimientos –tachados como anti-desarrollistas y pre-modernos-, provee una legitimidad aunque sea formal a la reivindicación de una relación especial con su territorio habitado, amparada por algunos instrumentos del derecho internacional, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, y a menudo avalada por las constituciones nacionales.
En los casos europeos, en cambio, y en lo específico en el caso del Movimiento No Tav, si bien el Convenio de Aarhus de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) ampara la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en temas medioambientales, y establece el deber de información y consulta previa sobre la implementación de megaproyectos de parte del estado, así como el derecho de las poblaciones afectadas a presentar recursos judiciales en contra de las obras, no existen marcos jurídicos o legislaciones específicas que respalden formalmente el derecho de una comunidad humana no reconocida como indígena a decidir sobre el uso de su territorio, ni que reconozcan una relación privilegiada entre ésta y su territorio habitado. Es frecuente, en cambio, que dichos movimientos sean tachados como “Nimby” -Not in My Back Yard- para indicar el supuesto carácter egoísta y autorreferencial de sus reivindicaciones, en contraste con los intereses políticos y económicos nacionales, considerados como intereses legítimos de la mayoría.
Bastos y de León señalan que en los casos latinoamericanos muchas de las experiencias de resistencia a la implementación de megaproyectos se originan en procesos previos de fuertes organizaciones comunitarias, ya que “existe una experiencia histórica de vivencia y organización colectiva que le dota de un sentido espacial” (2014:16). Por otro lado, en el caso italiano, en particular en el caso del Valle de Susa, si bien existieron experiencias de organización colectiva y resistencia vinculadas a intereses específicos – como por ejemplo la lucha de resistencia al nazi-fascismo en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, o las reivindicaciones sindicales en la segunda mitad del siglo XX-, no se puede contar con espacios consolidados históricamente de participación y organización colectiva. Aun así, en el caso del Movimiento No Tav, se asistió a la evolución de un movimiento que en un cuarto de siglo, lejos de debilitarse, llegó a involucrar a la mayoría de las y los habitantes de la parte baja del Valle de Susa, y paulatinamente cambió, intensificándolas, las relaciones entre sus integrantes. Por eso, mi investigación se dirigió al estudio de cómo las y los habitantes del Valle de Susa están resistiendo a la imposición del megaproyecto TAV/TAC en su territorio.
Las hipótesis que guiaron mi llegada a campo fueron dos: en primer lugar, consideré que la imposición del TAV/TAC responde a la lógica del modelo neoliberal, y es en particular expresión del despojo de lo común que está avanzando hacia los territorios de la Unión Europea. En segundo lugar, postulé que la gente que habita el Valle de Susa está resistiendo a dicha imposición fortaleciendo su vida comunitaria, constituyéndose como comunidad en resistencia. Por lo anterior, el objetivo general de mi trabajo ha sido estudiar la construcción de la “comunidad No Tav” en el Valle de Susa como estrategia contrahegemónica y de resistencia frente al despojo, y en particular:
a) Describir a nivel histórico y en la actualidad el dispositivo expropiatorio implementado por el estado italiano para imponer el TAV/TAC en el Valle de Susa, y su impacto en la vida de las personas que habitan el Valle y están en contra de la implementación del megaproyecto;
b) Estudiar las prácticas contrahegemónicas y las relaciones sociopolíticas que producen y reproducen a/la comunidad en resistencia No Tav.
En resumen, la tesis trata de la construcción de la comunidad No Tav, evidenciando cómo ésta es en parte producto de un efecto colateral del dispositivo expropiatorio implementado para imponer el megaproyecto TAV/TAC. Esto, porque la represión desencadenada por el estado central italiano en contra de la gente No Tav tuvo el efecto de quebrar la relación de confianza entre los y las ciudadanas del Valle y el estado central, llevando las personas contrarias al megaproyecto a un repliegue hacia dentro y a un fortalecimiento de los lazos sociales internos, consolidado también por la experiencia compartida de violencia vivida en la etapa de represión, la cual se desató en contra de todas y todos de manera indiferenciada generando un nuevo sentimiento de igualdad entre todas las personas que se oponen a la línea de trenes.
En el trabajo, ilustro algunas de las prácticas que producen y reproducen la comunidad No Tav y que rebasan el objetivo común de parar el megaproyecto, como son: la difusión y horizontalidad de los saberes; la igualdad formal entre las y los activistas y los grupos que componen la comunidad; la construcción de una historia común; la producción y reproducción de actividades de cuidado entre lxs miembrxs; y la creación de mecanismos de solidaridad para enfrentar colectivamente el miedo y la represión generada por el despojo. Asimismo, destaco cómo la experiencia de defraudación del estado vivida por las y los activistas No Tav, articulada a un progresivo incremento de su consciencia crítica -producto de la circulación de saberes y de la generación de nuevas reflexiones a partir de los debates colectivos y de los aportes de militantes foráneos de diferentes áreas políticas que se sumaron al movimiento- ha llevado a la comunidad No Tav a poner en tela de juicio no sólo el megaproyecto, sino el modelo político y económico que lo sustenta, y a promover nuevas prácticas económicas, de participación política y de relaciones sociales, con un potencial de ruptura del discurso único neoliberal y de resistencia a los proyectos de dominación contemporáneos.
PARA LEER LA TESIS COMPLETA:
https://es.scribd.com/document/324355592/SOMOS-TODOS-CULPABLES-DE-RESISTIR-DEL-MEGAPROYECTO-TAV-AL-PUEBLO-NO-TAV
