Por: Miguel Ángel Sandoval
Fotografía: Prensa Libre
Para el congreso de la república, el dilema está presente desde hace ya varias legislaturas por la sencilla razón que junto con la prédica de achicamiento del estado y de lo prescindible de algunas instituciones, entre las cuales sin decirlo de manera abierta, está el congreso que expresa en el menos grave de los casos lo indeseable de la política; es la prédica neoliberal que se profundiza de manera dramática desde el consenso de Washington y que se repite y se retroalimenta de una forma u otra. La política es corrupta o el poder corrompe, o todos los diputados son por definición corruptos y hay que acabar con ellos, o la depuración de todos es una exigencia y el cierre del congreso una necesidad nacional; así, desde que inicia cada legislatura, que tiene como pasivo esta visión ya instalada en el imaginario colectivo. Casi se puede decir que cuando un ciudadano es electo diputado de manera automática se convierte en indeseable, expresión de corrupción aun si ha ganado la diputación en buena ley y no tiene ningún antecedente o falla que se le señale.
Incluso es posible detectar en ese discurso de asco a la política, la invocación de la idea que los movimientos sociales eran por definición no políticos y ajenos a la política lo cual como sabemos ahora ha dado como resultado la desvinculación conceptual entre la movilización social y los procesos políticos o electorales, entre las urgencias sociales y los partidos políticos, entre los liderazgos sociales y los políticos, en un desencuentro que no se puede medir de forma cotidiana o con ejemplos concretos, salvo cuando aparecen situaciones como la vivida en el año 2015. En el vimos la emergencia de un fuerte movimiento social, amplio, plural, irreverente, que no pudo encontrar sintonía con ninguno de los partidos políticos pues el discurso es que todos eran iguales y que todos eran por definición corruptos. El resultado fue la victoria de la anti política representada por el actual ocupante de la presidencia. Al que se le elige, de manera abrumadora hay que decir, sin programa de gobierno, sin luces sobre por dónde encaminar el país y sobre todo, sin saber si existía algún compromiso con la demanda genuina de la plaza movilizada. Es el resultado de años de discurso que no realiza que el movimiento social es por definición político y que sus objetivos son igualmente políticos.
A título de ejemplo la pregunta de si una política sobre consultas comunitarias es política o no, pues tiene una sola respuesta: es de naturaleza política pues tiene que ver con intereses de diversos sectores, sean económicos, sociales o políticos, nacionales o internacionales, pero no se trata solo del ejercicio de un derecho ciudadano o de comunidades aséptico. La otra parte de la historia es la existencia de partidos políticos que en verdad no lo han sido en nuestro país pues los mismos se han convertido en empresas electorales y de otros negocios a la sombra del gobierno y ahora lo sabemos con pelos y señales.
Se tiene muy poco en cuenta el hecho de que en una república democrática, como es el caso nuestro, la existencia de un poder legislativo es condición sine qua non para que funcione el conjunto de instituciones del Estado y en sentido general, es la base de los pactos de gobernabilidad que existen y que se expresan en los textos constitucionales, como primera instancia y en la permanente emisión de nuevas normas legales que vayan tomando el pulso de las nuevas demandas ciudadanas y los nuevos problemas que se van presentando ante fenómenos nuevos. Sin ir muy lejos, solo la discusión anual del presupuesto debería de ser un indicador de lo que el congreso está llamado a impulsar como actividad, en donde lo que debería prevalecer es una visión de país, de estado, pues eso es lo que representa la discusión del presupuesto nacional que debe ser aprobado año con año.
De lo anterior el carácter plural de los sistemas políticos y sus representantes en el legislativo. Claro que esto es lo teórico, lo real es que durante años el congreso guatemalteco ha funcionado mal, pésimo si se quiere y ello por la existencia de un sistema de partidos políticos que en verdad no lo son.
Al grado que la ex guerrilla convertida en partido político no supo o no pudo proponer una forma nueva de hacer política y gradualmente se hizo parte de los usos y costumbres del organismo legislativo, quizás no de forma tan espectacular pero si limitó sus posibilidades de acción a las reglas no escritas del trabajo en el legislativo. De ahí la necesidad de impulsar una verdadera ola de cambios tanto al interior del organismo legislativo como en la estructura de los partidos políticos y las normas existentes para su funcionamiento.
Esa es la agenda que surgió desde la plaza en las jornadas iniciadas en abril del año 2015. Por supuesto que no con todas sus aristas pero en sentido general si apuntaba estos temas de fondo. Así se plantea la urgencia de una reforma política y electoral en serio, y mientras se hacen estas reformas, se cuestiona el modelo electoral, y se demanda depuración del congreso. Esa es la agenda y no hay nada que señale que es otra, pero tampoco hay nada que diga que esta no es la vía.
La demanda genérica de la renuncia de los gobernantes señalados por el caso de la línea, hacía de la exigencia de combatir la corrupción, un tema central, definitorio del momento creado por la plaza, pero sin agenda, sin demandas puntuales. Parecía que todo iba a quedar en el terreno de la improvisación en el gran marco del descontento y punto. Pero el fenómeno que hizo su irrupción un 25 de abril iba mucho más allá. Es así que se van perfilando las demandas de leyes nuevas, de nuevos comportamientos en la ciudadanía y sobre todo en la forma de ejercicio del poder.
Así las cosas, se instalan varias mesas de discusión, que hay que decir, son caóticas como es el momento que se vive en el país pues no podría pensarse en mesas de trabajo ordenadas si junto con los temas se discutía la próxima concentración y las nuevas convocatorias, y en el congreso de la república se identifican varios temas. Una sobre la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, otra sobre las reformas a la justicia, una más sobre las reformas a la ley de compras y contrataciones, una relacionada con la urgencia de dotar a la seguridad y la justicia de mejores herramientas para el combate a la corrupción. Y la mesa para la discusión de una serie de reformas a la ley de servicio civil, que con razón se ha caracterizado como el complemento de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. De estas mesas hay resúmenes hechos al calor de los debates, y por elemental justicia histórica se reproducen fragmentos de estos.
De manera paralela se instala la plataforma convocada por la universidad de san Carlos, en donde uno de los temas torales en la discusión es el de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Sin duda de ninguna naturaleza se puede afirmar que los temas identificados constituían en primera lectura, compromisos de los acuerdos de paz que no se habían implementado desde la firma de la paz en el año de 1996. Pero ahora era con otros actores pues aquellos de la firma de la paz se habían desdibujado o simplemente desaparecido y ahora eran nuevos actores sociales y políticos. Aunque como vemos, los contenidos no tenían ruptura con los temas planteados desde la firma de los compromisos de la paz.
Estos debates se quedaron algunos sin conclusiones acabadas, quizás por la fuerza de las actividades electorales y la especie de frustración que recorrió muchos espacios al ver que la euforia de las plazas pasaba a segundo plano, al menos de manera coyuntural, por la evidencia que las fuerzas ganadoras en el proceso electoral recién concluido, desde todo punto de vista no habían formado parte de las demandas ciudadanas de los meses precedentes. Gradualmente los temas de las mesas impulsadas desde el congreso sufrieron una especie de adormecimiento.
Sin embargo el 14 de enero de 2016, una nueva coyuntura cobró vida. Esto se produce alrededor del organismo legislativo que sin duda era blanco de las más duras críticas, de los más despectivos comentarios y que en el imaginario de las personas que habían acompañado las mesas, las movilizaciones, los esfuerzos por cambiar algo en el país, lo menos que se podía hacer era depurar el congreso, en su conjunto, de manera total. Si ya se había defenestrado a los representantes del ejecutivo encabezados por el presidente y vicepresidente, así como de varios ministros, pues resultaba fácil desprenderse de un organismo legislativo corrupto, bueno para nada, depurable.
La apuesta inicial
Contra todo pronóstico, la toma de posesión de las nuevas autoridades ese 14 de enero, vio a un presidente de la república sin mayores dotes para el cargo, pues desde el discurso inaugural dejó más dudas que certezas, más interrogantes que claridades. Pero sobretodo, se había presentado a la toma de posesión luego de jornadas de movilización social de un alcance y profundidad insospechadas, que exigían cambios, reformas y no solo la renuncia de unos cuantos gobernantes. A ese momento estelar, el nuevo presidente se había presentado sin nada que ofrecer, sin nada que proponer y salvo alguna muestra de humor limitado, lo único a recordar de ese primer encuentro con el nuevo gobernante, fue la ausencia de propuesta y de programa de gobierno.
En un cuadro como el descrito, cargado de expectativas y con deseos de algunos cambios, así fueran limitados, parciales, pequeños, el discurso del nuevo presidente del congreso apareció como la propuesta a impulsar, la agenda a desarrollar y sobre todo, el rumbo que de alguna manera el país podría tomar. Como lo reflejaron publicaciones de la época, el presidente del congreso había “ganado” ese primer día en el ejercicio de las nuevas autoridades. Y eso de ganar se explica de manera sencilla. Mientras todas las expectativas se encontraban en torno de la figura presidencial, por ser representante de lo que podría ser la emergencia de la nueva política, el presidente del congreso, sin duda representaba en el imaginario de la gente a la vieja política. Lo limitado del discurso del nuevo presidente de la república y el esbozo de una agenda de país por parte del nuevo presidente del organismo legislativo hicieron el resto.
En efecto, en un discurso que se puede considerar sobrio, el nuevo presidente del organismo legislativo decía el 14 de enero, frente a la expectativa nacional, con los poderes de estado presentes, invitados extranjeros, la comunidad internacional en pleno, los medios de comunicación en su totalidad, en suma, un marco como solo se produce al momento de cambio de autoridades luego de elecciones en los países democráticos:
“Como todos los ciudadanos saben, los últimos meses se han caracterizado por una serie de convulsiones cívicas en la que los guatemaltecos han reclamado, como no se tenía registro en la historia nacional reciente, de una manera enfática, coherente, y con fervor patriótico para que el estado de cosas en nuestro país cambie de una manera drástica para propiciar un verdadero estado de derecho y la construcción de una verdadera democracia en la que el pueblo sea oído y sobre todo escuchado en sus legítimas demandas y aspiraciones”
Un tono como este con ese rumbo, era el que la ciudadanía esperaba no del presidente del congreso sino del presidente de la república, pero el mismo no llegó y se puede afirmar sin temor a ninguna equivocación que no ha llegado. Es eso lo que se encuentra en el fondo de una serie de actitudes y medidas que se han tomado en la casona de la novena avenida desde los primeros días del nuevo mandato.
En otra parte del discurso Mario Taracena se refiere al momento que como sociedad atravesamos desde que dan inicio las movilizaciones:
“Dado el momento histórico, Guatemala necesita que hoy más que nunca todos nos fundamos en un trabajo dinámico y constante para que de una vez por todas encontremos nuestro verdadero proyecto de nación y empecemos a recorrer ese camino con fe y optimismo. Guatemala, repito, lo necesita y nosotros debemos asumir ese reto”.
Las reacciones, fuera de quienes saludaban el empuje presentado por el nuevo ocupante de la junta directiva de la casona de la novena avenida, fueron de escepticismo, de una especie de desencanto pues el nuevo presidente Morales, había dejado que desear, especialmente porque de alguna manera representaba, a pesar de él, la nueva política, o posiblemente, al emisario que podría dar nacimiento a la nueva política en el país. Y esa especie de frustración se alimentaba por el hecho que el nuevo presidente del congreso, Mario Taracena Díaz-Sol, si algo representaba era la vieja política, era una especie de engendro del político con unos 20 o 30 años de ejercicio legislativo y por lo tanto, cualquier cosa se podía esperar de su gestión, menos la expresión de una oportunidad para la renovación del poder deteriorado del congreso de la república de Guatemala.
3.1El secreto del congreso
No se terminaban los ecos de la toma de posesión de las nuevas autoridades cuando en un mensaje vía twitter el nuevo presidente del congreso revelaba uno de los secretos mejor guardados de la casona de la novena avenida. Sin anuncio previo, publicó la nómina de empleados y sus salarios. Era el 17 de enero a las 9 en punto de la noche, que Taracena dio la aprobación para publicar en twitter la nómina de las plazas 0-11. Apenas tres a tres días de la toma de posesión como nuevo presidente del organismo legislativo. Apareció entonces, la historia de conserjes con salarios de 30 mil quetzales, secretarias de 40 mil, contadores de 60 mil, choferes de 20 o 25, muchos con sueldos mayores que un diputado, y de la mano, las célebres plazas fantasma. Con ello se armó un remolino absoluto con epicentro en el congreso de la república. Junto con la publicación de la planilla se hizo evidente que a pesar de múltiples demandas, las anteriores juntas directivas habían hecho oídos sordos a una demanda ciudadana que tenía, como vemos, mucha razón de ser.
Con un tuitazo en el mejor de los tiempos políticos posibles, se instaló una nueva fase en la vida política nacional. La plaza que continuaba aún si estaba en calma, empujaba las acciones del nuevo ocupante de la casona de la novena avenida, que no vaciló en decir que lo que estaba impulsando era resultado de la plazocracia que se había instalado en el país, y se puede agregar, que había llegado para quedarse. Por cierto no decía nada extraordinario sino solo le daba sustancia a lo planteado en el discurso de toma de posesión como presidente del legislativo.
La plazocracia se había instalado. Al grado que un par de meses después de la toma de posesión, en los muros del congreso de la república el 25 de abril fue conmemorado con carteles gigantes en las fachadas y en el emblemático salón de los pasos perdidos del edificio legislativo, una exposición de fotos de las jornadas desatadas en abril sorprendieron a propios y extraños. Simultáneamente las puertas del congreso se habían abierto a las personas o grupos sociales que quisieran tener acceso a los funcionarios o diputados. Era una fase novedosa en las prácticas conocidas.
A estas alturas era un hecho admitido por analistas políticos que el epicentro de la política nacional se había trasladado al organismo legislativo y con ello la situación política del país conocía un hecho novedoso. Por supuesto que solo si se analizan estos datos pues de lo contrario es el discurso de toda la vida sobre el congreso transero, corrupto, bueno para nada. Lo cual en el fondo nos habla de años de prácticas insanas, corruptas, sin mayor motivo para recordar, pero ello nos aleja de momentos en donde el congreso ha sido, aún si en el pasado remoto, fuente de inspiración para el país. Y sin ir lejos, valdría la pena recordar la forma ágil y atendiendo el clamor popular en que se resuelve con apego a las formas democráticas, el desafuero del presidente y de la ex vicepresidente en momento realmente álgidos en la vida política nacional.
El antejuicio contra el presidente tuvo el proceso normal. Presentada una denuncia ante el Ministerio Público[1], éste lo traslada a la Corte Suprema de Justicia, quien en cumplimiento de su mandato legal, se inhibe de conocer el expediente y finalmente llega al congreso. En tiempo récord, se constituye una comisión pesquisidora que se integra por sorteo: Baudilio Hichos, Presidente; Fernando García, Secretario; Mario Linares, Vocal; Hugo Morán, Vocal y Armando Chun, Vocal. De manera expedita, trabajando incluso en fin de semana, se toma la decisión de dar con lugar el antejuicio y llevar a tribunales del presidente Pérez Molina por una votación de 4 a 1. El voto a favor fue el de miembro del PP.
Antes, con el caso de Roxana Baldetti, no hubo necesidad de integrar la comisión pesquisidora en el congreso por la renuncia de la vicepresidenta. Es el recuento de los hechos. Sin duda la tendencia a tomar distancia del organismo ejecutivo tiene en esta coyuntura y momento estelar, que tuvo el reconocimiento ciudadano, que supo hacer de la presión social el camino para que los diputados ingresaran al hemiciclo y cumplieran la función que les correspondía. Se recuerda aún las vallas de gente protegiendo el congreso de los diputados al edificio de la novena avenida.
Con el cambio de gobierno en el 2016 y la nueva actividad impulsada desde el congreso con sus efectos colaterales, se asistía a una especie de momento de cogobierno que en realidad es algo que corresponde a la división de poderes, al equilibrio entre los mismos, y a lo que desde siempre se ha presentado en los textos teóricos sobre la democracia como un sistema en que para funcionar demanda la existencia de pesos y contrapesos, instituciones de control democrático y otras que sean necesarios como pueden ser la contraloría, o instancias como la PDH o la Corte Constitucional. Todas instituciones inscritas en el balance y equilibrio de poderes. Por supuesto que lo inédito de la situación es que en un país como Guatemala, la tendencia presidencialista ha sido de tal fuerza que las instituciones solo han sido una especie de correa de transmisión del presidente de turno, mientras que ahora se asistía a una fase caracterizada por el ejercicio del poder compartido con la nueva presidencia del congreso. Ese es el dato que merece ser destacado pues de lo contrario queda como anécdota la relación que en los meses posteriores no ha sido de subordinación, ni mucho menos, sino de coordinación cuando ha sido el caso, de diferencias cuando se han evidenciado, o de agendas distintas en ocasiones. Una relación en donde han existido enviados o mediadores para mantener, hasta donde las condiciones lo permitan, un nivel de gobernabilidad institucional que en la actualidad puede ser calificada como algo normal.
Es importante subrayar que en los primeros meses del año 2016 hemos asistido a una relación de intercambio y de acuerdos entre los poderes del estado y así, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, con el acompañamiento del Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos, han compartido temas de la agenda nacional, hay que agregar que en ocasiones estas reuniones han contado con el acompañamiento de la CICIG, pues parte del mandato de la misma es contribuir al fortalecimiento de la justicia. Es el caso de las reformas a la constitución de la república para el complejo tema de la justicia. Es bueno anotar que las reuniones se han desarrollado en el Palacio Nacional, en el Palacio Legislativo o en el Palacio Judicial. Me atrevo a pensar que constituye una experiencia de la cual podemos extraer las mejores enseñanzas pues no se trata de mantener en disputa permanente a los poderes que conforman la columna vertebral de la democracia guatemalteca.
En el fondo de esta situación por demás anómala, el tema central se ubicó en torno a la facultad que tenía cualquier diputado para contratar a su sabor y antojo, plazas con los sueldos a cual más arbitrarios. De forma paralela, un pacto colectivo negociado en condiciones por lo menos anómalas, en donde lo principal había sido la negociación bajo la mesa, los acuerdos en lo oscurito y los favores de ida y vuelta entre líderes sindicales y diputados. En cierta forma el sindicalismo en el congreso se ha convertido por la fuerza de las cosas en una especie de antítesis del trabajo sindical.
Por ello se ha asistido a un falso debate. No se trata en ningún caso de pretender que la negociación colectiva, avalada por la legislación nacional e internacional, sea manoseada por las autoridades de la nueva directiva del congreso. Ni se trata en ningún momento, de presentar los pactos colectivos como ajenos de los derechos laborales. Se trata sin duda de una nueva fase en la relación entre los trabajadores del organismo legislativo y las autoridades del congreso. En otros términos, es la urgencia de devolver al organismo legislativo gobernabilidad y en ello cuenta el tema de las relaciones laborales con los trabajadores y trabajadoras. Y en otro nivel de análisis, la idea de que los sueldos y los aumentos existentes, son lesivos desde una perspectiva financiera y política. Pero además, son una expresión de las desigualdades que deben ver un hasta aquí en la vida institucional de una república democrática como la guatemalteca.
El tema de la nómina de empleados y salarios se convirtió de un día a otro en el mayor escándalo de los últimos años en el congreso. Se había solicitado esta información a varios presidentes del congreso [2] pero el tema se mantenía engavetado como un secreto de estado. Antes que salarios y nómina de empleados parecía que se trataba del mayor secreto de seguridad nacional posible. Y todas las demandas de transparencia se estrellaban ante las negativas y la ley de acceso a la información pública se convertía en la institución de la novena avenida una expresión acabada de la letra muerta de la ley.
En verdad es que los partidos políticos en su mayoría habían, durante muchos años, convertido el congreso en una especie de base política para operar. Contar con media docena de secretarias, choferes, asistentes o asesores, le daban a la formación política, activistas pagados por el congreso. De tal suerte que un partido con mayor número de activistas profesionales pagados por el congreso se convertía de manera automática en un partido que poseía un contingente de cuadros organizadores que podían recorrer el país, realizar las actividades políticas del tipo que fueran y de esa manera, preparar al menos en parte las campañas políticas. Un activo que no podía perderse.
Este funcionamiento que a lo largo de años había producido plazas y plazas no productivas o no centradas en el trabajo legislativo o administrativo del congreso, se llegaron a considerar como un derecho adquirido, como la forma de hacer política en el medio, como la razón de ser de un partido. Tener una bancada y asesores, secretarias, choferes, ujieres, asistentes, pasó a ser el alfa y omega del funcionamiento de los partidos políticos en el medio guatemalteco. Y esa práctica fue de manera simultánea creando un proceso de deterioro de los partidos.
Hubo entonces negociación de plazas por votos, de favores contra favores, y en esa dinámica las fronteras ideológicas o políticas se van gradualmente perdiendo. Quien mejor negocia no es quien convoca a sectores contradictorios para el impulso o aprobación de una ley, sino quien consigue mejores plazas, o más plazas, o en lo que convirtió en una especie de declaración de principios de algunos diputados, la búsqueda de proyectos para su departamento, no importando el costo ni los métodos, pero esa es la dinámica instalada. Es la razón o la que aun con los cambios que se están produciendo, el asunto del listado geográfico de obras sigue siendo intocable y podría afirmar que al momento de tocarlo y ponerlo en cuestión, habría una rebelión total de los diputados. Es la fuente del negocio principal. Especialmente para los distritales que de forma paralela construyen empresas constructores, distribuidoras de materiales, y el largo etcétera que siempre acompaña esas actividades que por su naturaleza, rozan el delito de forma más que obvia. De estos extremos hay suficientes datos como para insistir en ello.
Se podía no contar con agenda nacional o declaración de principios, no contar con estructuras nacionales, pero si se contaba con diputados electos de la forma que fuera y con ese contingente de cuadros financiados por el congreso, le adjudicaba poder al partido, pero sobre todo, a los secretarios generales, diputados y especialmente a esa figura denominada jefe de bancada.
Junto con esta práctica en verdad cuestionable de muchas formas y con diversas razones, apareció la razón más grande o más grave para el intento de mantener oculta la nómina del congreso. Varios diputados por las razones más disparatadas, tenían asignadas por lo menos 25 plazas, mientras que de acuerdo con disposiciones y normas, el máximo podía ser de unas 3 o 4 plazas, esto entre asesor, ujier, secretaria y algún otro empleado como podría ser un encargado de comunicación o de seguridad para el diputado. Pero jamás más de 25 plazas. O verdaderos clanes familiares con hermanos, hijos, esposas.
Se trata de casos claros de nepotismo que de acuerdo con la normativa y prácticas internacionales no deberían existir en organismo como el legislativo. Siendo incluso demasiado flexible, quizás si las plazas se hubiesen ganado por oposición luego de exámenes o de evaluaciones serias, independientes, pero el asunto es que se trató siempre de tráfico de influencias. Tal fue el caso de un diputado con más 35 plazas adjudicadas sin poder determinar la utilidad de las mismas o la existencia entre ellas de las denominadas plazas fantasma.
Esa es una de las vertientes de la corrupción en el palacio legislativo. Otra es la de funcionarios o incluso dirigentes sindicales con familiares en plazas obtenidas a cambios de favores, como se ha establecido. Asimismo, se supo luego de investigaciones realizadas, que al menos uno de los dirigentes implicados servía como colector de mordidas entre los empleados contratados por algún diputado, en donde el tráfico de influencias fue adquiriendo ribetes de delitos graves. Se trata de un caso que tiene aristas semejantes a las de las plazas fantasma del ex presidente Pedro Muadi, en donde los cheques recibidos por los empleados de seguridad eran meticulosamente descremados por quienes fungían como empleados de mayor confianza del ese entonces presidente del poder legislativo.
Por razones que merecen otro análisis, el pacto de condiciones laborales vigente en el organismo legislativo, ha sido motivo de muchas críticas, de cantidad de señalamientos pues se tiene la certeza de que el mismo fue obtenido en procesos poco transparentes para decir lo menos, pero ello no niega el valor de la negociación entre patrono y trabajador, ni hace indeseables los pactos colectivos. Solo se señala que las ilegalidades y corruptelas en uno de ellos no pueden ser defendidas como parte de los derechos laborales. En esta perspectiva, hoy día, quienes se atrincheran en una visión conservadora y neoliberal de los derechos laborales, tienen en el sindicalismo del congreso la mejor excusa para condenar la negociación y los pactos colectivos como lesivos a los intereses del país, sin que exista de parte de los dirigentes sindicales una idea del daño que hacen al conjunto del movimiento sindical[3].
Es como si la práctica indeseable de los partidos nos llevara a la conclusión equivocada de que no son útiles y que no constituyen la piedra angular en un sistema democrático como el nuestro. Desde otra perspectiva, la mayoría de dirigentes sindicales no han caído en cuenta que su defensa de las ilegalidades o de los actos de corrupción que se han detectado, no abonan en dirección a un rescate de la institución en la cual prestan sus servicios. Es la falta de sentido político de un sector sindical que en verdad no ha sabido interpretar los signos de la época.
El resultado de esa publicación de la nómina del organismo legislativo y sus sueldos de historia de ficción, no ha llegado a su final, que necesariamente tiene que ser traumático en varias direcciones. De desgaste político para los partidos, de una mala percepción del organismo legislativo, de crisis y desprestigio para los sindicatos y de una suerte de depresión por inseguridad laboral para la mayoría de empleados. Pero también de un desgaste para la junta directiva del congreso pues se trata de un tema que por la legislación nacional existente y por la presencia de convenios internacionales, es una situación casi sin salida, por lo menos en el corto plazo, o si se prefiere, en el plazo de un solo periodo en la presidencia del legislativo. Demanda un proceso que puede ser resuelto en varios periodos y juntas directivas.
El asunto de las plazas fantasma ha dado ya muchas vueltas y la lección aprendida en este espinoso asunto, es la urgencia de abordar una ley de servicio civil a nivel general para el combate de esta enfermedad que lacera la administración pública, que hacia donde se vea y escarbe un poco, tiene componentes similares. No es casual que se hable ahora de plazas fantasma en el ministerio de salud o educación, en aeronáutica civil, en el ministerio de comunicaciones, infraestructura y vivienda –MICIVI-, en gobernación, en el ministerio de la defensa, o en municipalidades, en realidad, en toda la estructura del estado por las prácticas de corrupción e impunidad que dieron como resultado una idea patrimonialista del mismo por parte de los partidos políticos, de quienes hicieron durante años un negocio el financiamiento de campañas o la construcción de empresas a la sombra del estado y de la mano de los partidos y/o funcionarios nombrados o electos, y otros tomadores de decisiones en su turno y momento.
Por suerte ya se ve la luz al final del túnel. La corrupción en el palacio legislativo está viviendo sus últimas horas pues eso es lo que significa a pesar de todo, la publicación de la nómina que un día se hizo por la vía de las redes sociales y que ahora mantiene en vilo al personal administrativo de la institución. Con todo, se trata de un proceso de transición entre la corrupción y la transparencia. Esa es la meta.
3.2.- La agenda y los desafíos
Desde la toma de posesión de la nueva junta directiva se observa una inusitada labor legislativa. Leyes que descansaban en las gavetas desde hacía cuatro o cinco años finalmente vieron la luz. De la misma forma, leyes difícilmente aprobables lo fueron. Es el caso de las reformas a la ley de régimen interno del congreso, la ley de servicio civil del congreso o la reforma a la ley de partidos políticos. [4]
Un paquete que esperaba desde la firma de la paz, pero que incomprensiblemente no se había impulsado. Parecería que el fondo de ello es que las tres leyes aprobadas incluyen medidas que limitan la acción sin controles ni normas a los diputados que se habían acomodado a un funcionamiento sin ninguna cortapisa. El momento del cambio o de fijar nuevas reglas del juego llegó, con un notable impulso de la plaza hay que decirlo. Aun con la incomprensión de los medios de comunicación o con la incomprensión ciudadana, pero se instaló. Pues si algo se planteó en las mesas que se instalaron en el congreso como resultado de las presiones de las plazas, fue justamente este tipo de reformas, que desde mi perspectiva, solo buscan establecer normas que hagan gobernable ese país y que coloquen en su lugar, a legisladores que velen por los intereses de la ciudadanía y del bien común como reza la constitución de la república, a los ocupantes del congreso.
Las leyes a que se hace referencia, no son todas las leyes aprobadas. Por la importancia que tienen para el fortalecimiento de la independencia de poderes y de los órganos contralores del estado se señalan dos. Las reformas a la ley orgánica de la SAT en donde fue aprobado lo relacionada con el secreto bancario y se limitan las facultades presidenciales para nombrar, a voluntad, al superintendente de esa institución recaudadora de impuestos. Luego la ley del Ministerio Público en donde se amplían las facultades a la investigación criminal y se limitan la opción presidencial a nombrar o destituir sin mayores tramites al jefe del MP. Por supuesto que en el cuerpo de los dos instrumentos aprobados hay muchos más contenidos pero se señalan estos que parecen con mucho ser los más relevantes y que explican las razones por las que durmieron largos años en las gavetas. Como se recordará, es un largo periodo en donde las funciones de estas dos instituciones estaban de hecho cooptadas, la SAT por intereses de corruptos y personajes ligados al sector privado, mientras que el MP a grupos organizados ligados al crimen organizado y secuestrados por las comisiones de postulación que como hemos visto en estos meses, se convirtieron en uno de los lugares predilectos para el tráfico de influencias por los favores que se negociaban, las cuotas que se asignaban y todas las maniobras que en algunos casos partían desde la propia presidencia de la república.
En esta nueva actividad del congreso se han aprobado al momento, unas 38 leyes [5] que en su conjunto nos hablan de una ola legislativa acorde con los tiempos que vivimos. Por supuesto que no son todas las leyes y los contenidos de las mismas que se esperarían, aunque sin duda se trata de una producción mucho mayor que la de dos legislaturas juntas y ello en un lapso de 6 o 7 meses.
Sin duda esta nueva actitud es impulsada por la presión social y la actitud diferente de la nueva legislatura, pues si pensamos en el referente más cercano, vemos que el trabajo legislativo fue detenido hasta por un año con sus días y semanas, por ejercicio de interpelación de ministros que en su momento habían convertido la sede de alguno de los partidos que le apoyaban en su oficina participar para atender desde ese espacio y no perder tiempo. Tal el grado de la presión, sin sentido hay que decir, de las famosas interpelaciones que fueron utilizadas para el bloqueo de la actividad parlamentaria. Y si a ello se le suma que los diputados y sus bancadas con cualquier pretexto rompían quórum, convertido por la vía de la irresponsabilidad en “técnica parlamentaria” pues queda claro que así era imposible avanzar cualquier tema de agenda.
El argumento sobre que esta legislatura ha legislado sin ton ni son, o que ha convertido el hemiciclo en una especie de maquila, solo esconde ignorancia de lo realizado y sobre todo, en el fondo lo que defiende es la inoperancia del legislativo como una manera de justificar los señalamientos y las falencias de los diputados. Mientras que las voces que desde los sindicatos del congreso señalan algo parecido, solo esconden una razón: mientras los diputados de las legislaturas anteriores se mantenían haciendo espectáculos de mala calidad, las luces no se iban a dirigir nunca a las irregularidades que a simple vista se pueden observar en los empleados del organismo legislativo.
En otros términos, tanto las corruptelas de los diputados se mantuvieran solo a nivel genérico con el dedo acusador de la sociedad pero sin pruebas concretas, y los sindicatos a la sombra de esto, pues era un negocio por partida doble, que ahora se ha destapado. En verdad, sin hacer una defensa del conjunto de los que hoy ocupan la casona de la novena avenida, es de primera importancia destacar que la actividad en términos de legislación es en los primeros 6 o 7 meses, digna de encomio.
En el paquete aprobado las más relevantes serían las tres que afectan al congreso y las que tocan a la SAT y al MP. Y se puede destacar que hay dos o tres de alcance mucho más estructural que se encuentran ya agendadas. Son la ley de desarrollo rural y la ley de aguas. Dos temas candentes que durante años han tenido más que dificultad para siquiera ser puestas en agenda. Ahora se espera que puedan ser aprobadas. Son los nuevos tiempos legislativos que muchas veces no se toman en cuenta en los señalamientos que desde las opiniones que se expresan en medios de comunicación aparecen. Falta una mejor divulgación, ni duda cabe, pero sobre todo, falta un mejor análisis del momento político que se vive a nivel legislativo.
[1] El trámite de solicitud de antejuicio fue presentado al Ministerio Publico por el diputado Amílcar Pop quien por esta gestión tuvo el reconocimiento ciudadano.
[2] El expresidente del congreso Luis Rabbé fue más lejos oponiéndose de manera sistemática al señalar en dos o tres momentos ante los medios de comunicación su rechazo a la p publicación de la nómina con pretextos y sin aceptar la urgencia de esa medida. La historia ulterior ya se conoce.
[3] Parto de la defensa de dos principios básicos: negociación colectiva y pactos son inherentes a la práctica sindical y son principios reconocidos por todos los pactos o convenios suscritos por el gobierno de Guatemala. En el caso particular mi punto de vista se refiere a las malas prácticas, a la componenda entre sindicatos y diputados desde el origen. Ello ha dado como resultado expresiones de sindicatos blancos, pelegos, charros, amarillos, o como se les denomine, pero lesivos al movimiento sindical, para decir lo menos.
[4] Son tres leyes que el presidente del congreso Mario Taracena ha calificado como un trípode para el funcionamiento del legislativo. Una de ellas, la ley de régimen interno del congreso, fija las reglas para los diputados; otra, la de servicio civil del congreso, establece normas de funcionamiento para los trabajadores, y una tercera que es la ley electoral y de partidos políticos, que define con mucha más precisión las funciones y los derechos de los partidos políticos del sistema guatemalteco. Son leyes que durante años fueron engavetadas y que solo pudieron salir a luz y ser aprobadas por la fuerza de las plazas y la voluntad política que expresa Taracena desde el momento de su toma de posesión el 14 de enero de 2016.
[5] Como anexo se incluye la lista completa de esas leyes y decretos aprobados por la 8a legislatura. Se trata de unas 50 leyes aprobadas, fuera de convenios suscritos con instancias para la transparencia, internacionales para el desarrollo de congresos abiertos y democráticos. En suma, un volumen de trabajo que supera con creces las anteriores legislaturas.
