Por Sergio Palencia
Segunda parte.
Desde la Centroamérica en crisis, 2008-2015
¿Qué hace Bolívar en el trasfondo de nuestra memoria?
Que venga a decir otra vez su profecía; a decirle a nuestros pueblos:
LIBERTAOS ANTES DE VEINTE AÑOS.
Roberto Obregón[1]
Entre el 25 y el 27 de agosto las organizaciones campesinas, indígenas o no, salieron a bloquear más de 40 puntos en distintas carreteras del país. En la ciudad grupos estudiantiles, sindicatos críticos y colectivos recién surgidos de las manifestaciones tomaban instituciones públicas, tramos de calzadas y se agrupaban frente a instancias gubernamentales. En el área rural el comercio con salidas hacia México, El Salvador y Honduras, estaba siendo detenido. La exigencia era el paro in crescendo de la actividad económica hasta que renunciara el presidente, general Otto Pérez Molina. Contrario a los últimos cinco años, en la ciudad capital de Guatemala había un ambiente de empatía hacia los bloqueos, manifestaciones y paros, normalmente definidos como contrarios al progreso nacional, al comercio y al empleo. El presidente Pérez Molina, por su parte, no renunciaba pese a la denuncia oficial de la CICIG[2] hacía una semana. Al contrario, negaba los cargos y amenazaba al empresariado nacional, insinuando que si él era corrupto también lo era quien pagaba. El general se le había insubordinado al capital. Rumores de un auto golpe rondaban. Mientras, un buque de guerra se detenía frente a las costas atlánticas de Guatemala, proveniente de la base estadounidense de Honduras. ¿Cómo se había llegado a esta situación? Más que una respuesta basada eminentemente en los meses de 2015, es necesario ver cómo la crisis de este gobierno es parte de una más profunda crisis regional, tanto en México como en el triángulo norte de Centroamérica (Véase adelante: Mapa, pág. 7). A continuación, detengámonos en las fisuras que fueron posibilitando un nuevo momento de la lucha social
- Nuevo avasallamiento en proceso, 2008-2011
Es más que probable que la crisis capitalista del 2008 haya repercutido en los empresarios y banqueros de la región centroaméricana, creando miedo e incertidumbre. Aunado a los conflictos que venían desarrollándose y el temor a una “Venezuelización” de Centroamérica – nueva versión de los añejos odios anticomunistas centroamericanos –, el año 2009 marca una separación histórica. En Guatemala, para el año 2008 había sido elegido como presidente Álvaro Colom, de discurso socialdemócrata. Recuerdo a los estudiantes de un colegio de élite referirse que con Colom había “llegado el comunismo”. Por su parte, en Honduras, desde el año 2006 había asumido la presidencia Manuel Zelaya quien, poco a poco, fue tomando un curso en conflicto con la oligarquía local y un mayor acercamiento a la política comercial-petrolera de Venezuela. Esto fue incomodando al régimen económico, auspiciado en el narcotráfico, el impulso minero y el manejo de las remesas de sus migrantes. Asimismo, en El Salvador, el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) conseguía la presidencia, en marzo 2009, a través de Mauricio Funes.
En el caso específico de Guatemala, en términos de acumulación de conflicto en los últimos años, hay por lo menos dos eventos que marcan el periodo previo de Pérez Molina. Aquí solo nos estamos refiriendo al gobierno de Álvaro Colom, de discurso socialdemócrata, pero el ataque venía intensificándose sobre todo desde los gobiernos empresariales-oligarcas de Álvaro Arzú y Oscar Berger. Primer evento: la imposición armada del complejo minero-industrial de una nueva cementera en el municipio kaqchikel de San Juan Sacatepequez, cercano a la capital (Véase adelante, pág. 8). El 19 y 20 de septiembre 2008 se declara Estado de Sitio sobre el municipio, lo que previamente iba acompañado de escuadrones de seguridad privada de la empresa y la movilización policiaca en el área. Segundo evento: la serie de desalojos violentos en el valle del Polochic, los cuales tenían por objetivo arrebatar las tierras del uso humano para darle paso al cultivo de la mercancía-palma africana. Uno de estos desalojos se da el 15 de marzo de 2011 donde la Policía Nacional Civil dispara bombas lacrimógenas directamente al cuerpo de los campesinos, uno de ellos Antonio Beb Ac, quien recibe el disparo en la cabeza. A las horas, muere.
- La crisis del 2009: reacción conservadora
La piel de la oligarquía regional estaba sensible a cualquier fantasma de Hugo Chávez, visión revisitada de los miedo atávicos hacia Fidel Castro y el socialismo cubano. Los proyectos nacionalistas de América del Sur – con su reivindicación de los recursos naturales recuperados, la inicial negativa a las políticas económicas (FMI-Banco Mundial-Washington) y la redistribución social vía fisco – hacían perder los estribos a una élite regional que, hacía poco más de una década, acaba de salir de una guerra total a los proyectos nacional-revolucionarios desatados entre 1960 y 1980 por las guerrillas. A mediados de mayo 2009, en Guatemala, un abogado de banqueros y grandes empresarios, Rodrigo Rosenberg, filma un video donde culpa al presidente Álvaro Colom y a parte importante de su gabinete, nada menos que de su futuro asesinato. El 10 de mayo 2009 muere Rosenberg, lo cual unifica el descontento de las clases propietarias que veían, en las tímidas políticas sociales de Colom, la construcción de una nueva Venezuela. Periódicos, medios de comunicación, radios llaman a manifestarse contra Colom. Asisten vestidos de blanco, emulando las movilizaciones antichavistas de 2001-2002. Colom, asustado, convoca a contramanifestaciones y moviliza gente de escasos recursos. Las fotografías de los medios son terribles: gente vestida de blanco, con sus guardaespaldas, enseñan billetes de 50 quetzales a los movilizados por Colom, gritándoles que eran “acarreados”. Uno de los principales exigentes de la renuncia de Álvaro Colom era el general Otto Pérez Molina, quien había recién perdido las elecciones contra él. Colom sortea la crisis, entre otros apoyos, a través del Ejeŕcito, congraciándolo con un aumento jugoso de su presupuesto anual.
En Honduras, la élite está desesperada ante Manuel Zelaya y su convocatoria a un plebiscito donde se consultaría sobre una nueva Asamblea Nacional Constituyente. La fecha estaba programada para el 28 de junio 2009. No obstante, ese día no se haría el plebiscito y, en su lugar, el Ejército descontento secuestra al presidente Zelaya y le da Golpe de Estado. La reacción de condena en el Hemisferio es unánime. En América Central se inicia nuevamente una regresión al militarismo y contra los procesos de la democracia procedimental. Mientras tanto, en El Salvador, el partido de la extrema derecha, ARENA, ve con muy malos ojos la llegada al poder de la antigua guerrilla, ahora devenida partido político FMLN. En Nicaragua la Revolución sandinista ha pasado a formar un programa de centralización de los planes de expansión capitalista en el país. Uno de los líderes de la década revolucionaria, Daniel Ortega, elabora políticas de asociación comercial, energética y de control social con capitales venezolanos, chinos y rusos. El discurso del antiimperialismo, desprovisto del contenido revolucionario de los ochentas, ahora es parte de su estrategia por monopolizar el poder. Mientras tanto esta pequeña región, tan golpeada por las guerras financiadas por EE.UU., sigue expulsando a su población en tanto migrantes y se convierte, así, en jardín de paso para el narcotráfico. El impulso capitalista, “legal” o “lavado”, ahora busca invertirse en minería, energía eléctrica y agroindustria.
- El militarismo regresa de civil: Honduras y Guatemala
Juan Orlando Hernández es un presidente hijo del golpismo en Honduras. Tanto el Congreso como el Ejército hondureños habían lanzado la campaña de desestabilización de Zelaya. El líder del Congreso, Roberto Micheletti, había asumido la presidencia pese a la negativa de muchos países latinoamericanos a legitimar su cargo. Por eso su insistencia en llamar a elecciones en enero 2010. Dos personajes críticos al Zelayismo asumirían los principales poderes. Por un lado Porfirio Lobos, antiguo contrincante de Zelaya en las elecciones de 2005, quien no había aceptado su derrota en las urnas. Por otro lado, Juan Orlando Hernández, joven político elegido también en enero 2010 como presidente del Congreso. Como es usual en muchos países latinoamericanos, el Congreso se convierte en el eje de la tranza mercantil y de la defensa de los privilegios para beneficiar empresas (telefónica, mineras, energéticas), tratados de libre comercio o, simplemente, gozar de antejuicio e inmunidad. En 2014 Juan Orlando Hernández – conocido como JOH localmente – es elegido presidente de Honduras. El golpismo mantenía el continuum en tanto régimen.
Del otro lado de la frontera, en Guatemala, muchos de los grandes capitales movilizados en las insinuaciones golpistas de 2009, contra Colom, se lanzan a apoyar la candidatura de Otto Pérez Molina y de Roxana Baldetti. Entre ellos, el grupo Multiinversiones y prominentes miembros del CACIF[3], quienes quieren mantener la relación histórica entre el capital “guatemalteco” y el estamento militar. Gran parte del voto a Pérez Molina vendría de las áreas urbanas, atizadas por el discurso de la mano dura contra la delincuencia común y, paradójicamente, contra la corrupción. Como contexto, el general Pérez Molina había desempeñado planes de contrainsurgencia contra las aldeas insurrectas junto al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en el área indígena Ixil, en 1982. Posteriormente había desempeñado cargos de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, supervisión de grupos rebeldes urbanos y rurales. En 1996, junto al presidente criollo-empresarial Álvaro Arzú, el general Pérez es el encargado de firmar los Acuerdos de Paz con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
Desde inicios de la década de 2000 empieza a organizar un partido de militares de su promoción y empresariado conservador. Como binomio, Roxana Baldetti, comunicadora que había crecido bajo la escuela de Mario David García, civil golpista en 1988, detrás de la filmación del polémico video de Rosenberg y futuro candidato, durante la crisis de 2015, al moribundo Partido Patriota (PP). Como principales socios del Partido Patriota, estarían militares directamente relacionados con las campañas contrainsurgentes sobre el terreno, entre ellos el futuro Ministro de Gobernación, López Bonilla y el Presidente del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, ambos acusados de corrupción.
- Finalmente, Pérez Molina y la lucha de clases en Guatemala, 2012-2015
Hacía apenas un año el capital agroindustrial había ordenado a la policía el desalojo en las fértiles tierras de Polochic, Alta Verapaz. Ante esta situación y como una medida de presión al gobierno, distintas organizaciones campesinas deciden, junto a sus comunidades miembro, realizar una marcha de más de 200 kilómetros hasta la capital de Guatemala. Ingresan alrededor de 15 mil personas el 27 de marzo 2012, apenas dos meses y medio después de la investidura en la presidencia del general Pérez Molina. El objetivo de la Marcha Indígena y Campesina, como le llamaron sus organizadores, era detener los desalojos, conseguir tierra y financimiento para las comunidades desplazadas así como impulsar la Ley de Desarrollo Rural, nunca aprobada por la negativa de la Cámara del Agro. El general permitió la marcha e incluso los recibió, sin embargo sus planes eran otros. El 1 de mayo de 2012 pobladores de Barillas, en el norteño departamento de Huehuetenango, se levantan contra el asesinato de dos líderes sociales a manos de la seguridad privada de la empresa. En el acto, toman un destacamento militar. Rápidamente se moviliza el presidente Pérez con su Ejército, desplegando un primer Estado de Sitio en la región. Luego de dos semanas y ante la presión popular y de la comunidad internacional, el Estado de Sitio se elimina. Fracasa, no obstante, las secuelas de la guerra en la región vuelven a surgir.
Entre mayo y agosto 2012 el gobierno de Pérez Molina intenta realizar reformas a la Constitución, lo cual es denunciado en los periódicos y rechazado por varias organizaciones capitalistas, entre ellas CACIF. No obstante, en otras ramas como la educación y la energía eléctrica, el gobierno está en abierta componenda con el empresariado organizado. Durante julio 2012 se elimina la carrera de Magisterio en las Escuelas Normales, bajo la excusa de su mala calidad y se sustituye por un Bachillerato en educación. Con esto se suprimía la opción de miles de jóvenes estudiantes, de las áreas urbanas marginales y del área rural, por apostarle a la profesionalización laboral. Varios institutos son tomados por los normalistas y bloquean carreteras en la ciudad y las carreteras en el campo. Rápidamente son desalojados con violencia por los equipos antimotines. Mientras tanto, Pérez Molina mueve su gente en puestos claves con acceso a financiamiento público: el Seguro Social (IGSS), la Superintendencia Tributaria (SAT), aduanas e incluso puertos, como el de la entrada desde el Pacífico. Concede el Puerto Quetzal a una empresa española, a pesar de la negativa de un sector del empresariado, de las denuncias del sindicato portuario y de varios periódicos. La meta, ahora lo vemos, era apropiarse de los canales de comercio y la dirección del dinero de impuestos.
Las luchas, no obstante, se incrementaban en el país. En Totonicapán, una de los gobiernos indígenas mejor organizados del país, 48 Cantones, decide manifestar el 4 de octubre 2012. La razón primordial era la exigencia de bajar las tarifas cobradas por DEOCSA, distribuidora de energía eléctrica, en ese entonces de capital español, privatizada durante el gobierno de Álvaro Arzú a finales de los noventas. Después de haber reunido más de 15 mil personas en ocho bloqueos de su territorio k’iche’, el Ejército llega e intenta desalojar a los manifestantes. Si bien inicia con bombas lacrimógenas, pronto se les sale de control la propia resistencia de los manifestantes a lo que responden con disparos de fusiles Galil, los mismos utilizados durante la guerra cuatro décadas atrás. Mueren 6 k’iche’s y resultan heridos más de 34. Algunos la consideran la primera masacre gubernamental luego de los Acuerdos de Paz de 1996. En mayo 2013 los indígenas xincas, en el departamento de Jalapa y Santa Rosa, oponen resistencia a la construcción de una de las minas de plata más grandes de Latinoamérica. De nuevo se decreta Estado de Sitio e ingresan fuerzas combinadas de la policía y del ejército.
El 23 de mayo 2014 un enorme contingente de antimotines policiacos logra, finalmente, desalojar la resistencia comunitaria en San José del Golfo, municipio en la entrada a ciudad de Guatemala. Esta resistencia había sido paradigmática por su carácter pacífico, comunal, rotativo y con un papel preponderante de las mujeres, en un área étnicamente mestiza. La mina empieza a operar en ese lugar conocido como La Puya, la resistencia se reorganiza. El 15 de agosto 2014 sucede todo un operativo conjunto de la policía, con resguardo militar, en una zona rica en recursos hídricos en el departamento de Alta Verapaz. El operativo, comandado por el Ministro López Bonilla, es realizado en día feriado para la capital, desplegando varios contingentes policiacos contra la resistencia a la hidroeléctrica en la comunidad q’eqchi’ de Monte Olivo y Semococh. Empero, la resistencia también adquiere un carácter regional y logra imposibilitar la rápida movilización policial, obligando a los agentes a disparar contra uno de los bloqueos, matando a 3 campesinos q’eqchies. De igual manera, en Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán, en el norte de Huehuetenango, se envían convoys policiacos para imponer hidroeléctricas en las tierras bajas que tienen su salida hacia Chiapas, en México. De nuevo, comunitarios q’anjobales y chujes se organizan territorialmente para impedir la entrada masiva de las fuerzas estatales, si bien al precio de enfrentamientos puntuales e incluso, la paulatina pero certera persecución y encarcelamiento de los líderes del Gobierno Plurinacional indígena.
Todo esto sucedía como un plan del capital regional por imponer nuevas formas de apropiación territorial. Como vemos, está en disputa el control del caudal de los ríos, la producción de energía eléctrica, la distribución y la inversión de capital constante en torres de transmisión eléctrica. En este sentido, la empresa colombiana TRECSA[4] recibe concesiones territoriales por parte del Estado, si bien en distintos territorios comunales le es impedido el paso. Así, también, el beneplácito a la agroproducción de palma africana y azúcar en Petén, Alta Verapaz, Izabal y Escuintla, con una constante vigilancia armada de los territorios, los cuales, a su vez, son canales de narcotráfico. Finalmente, el gobierno de Pérez Molina tenía planeada la construcción de un Corredor Interoceánico Seco, con una carretera atravezando el país, creando además una zona franca de producción maquilera con salarios legislados por debajo del mínimo acordado nacionalmente. No logra los consensos necesarios.
De manera general, los capitales financieros, industriales, comerciales, terratenientes – siguiendo la famosa fórmula trinitaria de Marx – buscan imponer militarmente la apropiación regional de plusvalía. No obstante, la múltiple y persistente resistencia en distintos lugares impidió, al mismo militar de la contrainsurgencia de 1982, completar sus planes por completo. En el año 2015 se abriría una ventana institucional al descontento social. El 16 de abril 2015 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) convocaría a una rueda de prensa importante. Se trataba ni más ni menos que una denuncia contra Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Se le acusaba de dirigir una estructura de defraudación aduanera llamada La Línea, organizada por militares cercanos al gabinete del gobierno de Pérez Molina. En ese momento varias cosas se movieron en Guatemala: uno, los medios escritos y televisivos cubrieron la noticia; dos, la vicepresidenta Baldetti y su secretario, Monzón, estaban en Corea del Sur; tres, la indignación se va propagando poco a poco en la – hasta el momento – indiferente capital del país. En esos días, un grupo de jóvenes organiza un evento en facebook, llamando a una manifestación pacífica en la Plaza central. El gobierno del Partido Patriota había llegado a un punto crucial de no retorno, probablemente sin saber su alcance.
Ahora bien, ¿cuáles fueron las posiciones cambiantes de la Embajada de EE.UU en la reestructuración de su control regional, de la Cuenca del Caribe? ¿Cómo fue enfrentado esto por los partidos políticos en el Congreso y en pleno año electoral? Pero, sobre todo, ¿cómo fue experimentada esta nueva serie de manifestaciones en una ciudad que había sido acostumbrada al silencio por uno de los regímenes contrainsurgentes más violentos de América Latina? A pesar de todo, había vida allí esperando una ventana[5]
[1] Obregón, Roberto. (2007). «El aprendiz de profeta (1965)» (pp. 73) en: El arco con que una gacela traza la mañana. Recuento de poesía. Guatemala: Ministerio de Cultura y Deportes, Editorial Cultura, pp. 203
[2] Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
[3] Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. Organización de capitales de distintas ramas de la industria, el comercio, la agroexportación y parte de la banca, fundada luego de la Invasión estadounidense y del Golpe de Estado a Jacobo Árbenz en 1957.
[4] Proyecto del Plan de Expansión de Transmisión de Energía en Guatemala
[5] Esto se desarrolla en la Tercera parte del Paro nacional. Guatemala, 27 de agosto 2015.
