Por Nelton Rivera
Representantes de los pueblos Maya Achí, Ixil, Kaqchikel, K´iché, Mam, Popti´, Sipakapense y Xinka, comparecieron ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), para interponer una demanda contra el Estado de Guatemala.
La demanda, responde a la finalización de todas las instancias legales que permite la Constitución Política de la República, para defender los derechos colectivos de los pueblos originarios. El Estado de Guatemala a través de la Corte de Constitucionalidad, emitió un fallo contrario a la petición de los pueblos, el 28 de febrero del 2013.
La Corte de Constitucionalidad, declaró “inexistente” la inconstitucionalidad parcial o total de la Ley de Minería, contenida en el decreto 48-97 del Congreso de la República, sin la consulta previa e informada de los pueblos originarios de Guatemala.
Los pueblos fundamentan esta demanda contra el Estado por las reiteradas violaciones de los derechos colectivos e individuales de los pueblos, derechos políticos, derechos de igualdad ante la ley, derecho a las garantías judiciales y protección judicial.[1]
“La invasión, el despojo y el saqueo de nuestros bienes naturales, ha representado históricamente, violaciones a nuestros derechos colectivos en forma sistemática, es imposible entonces vivir en tales condiciones, no podemos convivir con masacres, no podemos convivir con torturas, violencia sexual, asesinatos crueles y otros crímenes”[2]
“Hacemos un llamado a los pueblos del mundo, como Pueblos Maya y Xinka, constituidos en Consejo de los Pueblos Indígenas de Guatemala, asumiendo claramente nuestra existencia como sujetos de derechos, mujeres y hombres. Reconociendo que somos los y las herederas de nuestro territorio, entendido este como la máxima expresión de nuestra cultura, de nuestra política, de nuestra espiritualidad y de nuestra organización comunitaria.”[3]
“Dejamos bien claro, que cuando hablamos los pueblos de territorio, no estamos hablando simplemente, de un terreno, o de una expresión de un espacio específico simple, hablamos de la coexistencia en su máxima expresión.”[4]
“Hoy les decimos, que sus leyes y que sus instancias de Estado, son un obstáculo claro para el caminar de los pueblos, porque hoy estamos expresando que mantienen una clara expresión política de todos los gobiernos de turno de seguir arrodillados ante las empresas transnacionales, llámense minería, hidroeléctricas, monocultivos, petróleo y otras. Por encima de todos nuestros derechos elementales, inclusive el derecho a la vida”.[5]
Síntesis de la demanda
El abogado maya Gudiel Miranda, dio a conocer los fundamentos de la demanda internacional que los pueblos originarios de Guatemala establecieron ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en contra del Estado guatemalteco:
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