Por Quimy De Leon / Nelton Rivera / Santiago Bastos
Entrevistamos a Benito Morales y Lucía Xiloj abogados querellantes del juicio por asesinato de Andrés Pedro Miguel y el atentado en contra de Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé Mateo ocurrido el 1 de mayo de 2012.
El caso 118-2012 se está llevando a cabo en la Sala del Tribunal A de Mayor Riesgo, presidida por la jueza Patricia Bustamante García en Torre de Tribunales de la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Guatemala. Este juicio está por finalizar, se espera que haya sentencia condenatoria este viernes 6 de septiembre.
Los acusados son dos trabajadores de la empresa española Ecoener Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz: Ricardo Arturo García López y Óscar Armando Ortiz Solares. El crimen del que se les acusa fue cometido alrededor de la problemática generada por esta empresa y la construcción de un proyecto hidroeléctrico al que la población de Barillas se opone por considerarlo dañino para la vida y el agua, además por la serie de actos que esta ha cometido que van desde amenazas hasta el asesinato. A continuación los principales elementos:
El 16 de agosto del 2013 inició este juicio oral, el proceso transcurrió sin mayores limitaciones, tanto el Ministerio Publico, abogados querellantes y abogados de la defensa plantearon una serie de testigos y peritos para profundizar en la aclaración de los hechos ocurridos el 1 de mayo. “Fueron dilucidándose y verificándose todas la pruebas ofrecidas durante el proceso”.[1]
El día lunes 2 de septiembre se tenía programado iniciar la audiencia de Fase Conclusiva con la intervención de un perito y una testigo propuestos por el Ministerio Público y la misma defensa de los procesados. Pero tuvo que ser suspendida por la Jueza Patricia Bustamante, pues el perito Doni Winston Cardona Díaz, quien fue Médico Forense del INACIF, delegado en Huehuetenango en el 2012, no se presentó a dar declaración ante este tribunal.
¿Qué ocurre si no se presenta este perito?
“Ésta es una prueba a la que no podemos renunciar, pues es clave para poder aclarar el caso, y para que el tribunal pueda emitir sentencia”.[1]
Según la abogada Lucía Xiloj, del equipo de abogados de los querellantes adhesivos, si Doni Winston Cardona se niega a hablar sobre el dictamen forense que emitió al realizar la necropsia de Andrés Pedro Miguel, estaría incurriendo en el “delito de obstruccion a la justicia y falso testimonio.”
La importancia de esta declaración es que esta persona pudo determinar en base a su pericia la causa de la muerte de Andrés Pedro Miguel, y determinó que fue un proyectil de arma de fuego que la ocasionó. Encontró la evidencia (el proyectil) en el cuerpo, después ésta fue remitida como corresponde al INACIF.
Este informe es fundamental precisamente para demostrar la responsabilidad de los acusados y que el Tribunal emita sentencia.
Doni Winston Cardona está “prácticamente evadiendo su responsabilidad de comparecer, hay información de que él ya no la labora como funcionario del INACIF, pero independientemente de eso tiene la obligación de comparecer ante el tribunal, porque ha sido notificado y citado debidamente”.[2] Incluso se le ha enviado a conducir[3].
¿Casualidad?
Esta claro que el funcionario del INACIF está evadiendo su responsabilidad. Esta actitud es preocupante pues su residencia está perfectamente ubicada y no se ha podido hacer nada para que comparezca. La Policía Nacional Civil de Huehuetenango ha sido notificada por el Tribunal de Sentencia que conoce el caso.
Coincidentemente, este hecho ha retrasado esta fase importante del juicio y en consecuencia ha impedido que se emita sentencia, justo un día antes de que tenía previsto Otto Pérez Molina una visita a Barillas para intentar resolver en una “mesa de diálogo” el conflicto con la hidroeléctrica. Sin embargo el detalle que faltaba en esta actividad convocada por el Ejecutivo, fue invitar a las comunidades y sus representantes, especialmente porque han reiterado una y otra vez no estar de acuerdo con este proyecto.[4] En esta visita el presidente hizo alusión a la resolución del juicio para el día viernes.
Pareciera ser una estrategia para evadir la responsabilidad de este crimen que en voz de los testigos que acudieron al tribunal a dar su declaración, queda perfectamente claro de la participación de los dos procesados y la vinculación de la empresa, “al final buscan dejar impune un hecho, que provocó y generó consecuencias muy graves”
¿Funcionará la justicia a favor de los pueblos?
Al finalizar esta entrevista el abogado Benito Morales nos dijo: “Vamos a esperar que la justicia funcione, seguimos a la espera, nosotros no vamos a renunciar a esta prueba, vamos a esperar que la justicia funcione. Esperamos que el Ministerio Público de oficio actúe, pues esta persona tiene que responder por obstruir la justicia”.
