Créditos: Cortesía.
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Por Quimy De León

El día de hoy reinició el caso en contra de los militares Efraín Ríos Montt presidente de facto, José Mauricio Rodríguez Sánchez jefe de G-2 (inteligencia militar) y Héctor Mario López Fuentes jefe del Estado Mayor Presidencial entre 1982 y 1983, están procesados por genocidio y delitos contra la humanidad.

Sus abogados defensores interpusieron 73 incidentes o recursos que han impedido la realización de una audiencia de apertura a juicio, quienes argumentaban en contra de la competencia del juez Miguel Ángel Gálvez, sin embargo éste seguirá al frente del caso en el Tribunal Primero B de Mayor Riesgo.

A la audiencia solamente se presentó Ríos Montt, ya que los otros alegan padecimientos de salud, actitud bastante conocida para evitar enfrentar a la justicia. Se espera que mañana martes 22 de enero que da inicio la fase intermedia, se ordene la apertura a juicio por lo menos contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez; ya que según fuentes de prensa en el caso de López Fuentes hacen falta peritajes[1].

Con la fuerza de la historia se concreta en estos días hoy la posibilidad que se haga justicia a una parte de la población que sufrió los efectos del terror y el miedo por parte del Estado, en el caso del grupo étnico maya Ixil, se les juzgará por la muerte de un “mínimo de 1771 personas, según la comisión para el Esclarecimiento Histórico dentro de la cuales a la fecha se ha individualizado solamente 267 víctimas mortales de población civil no combatiente, hechos documentados en 11 masacres en los municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul; 44 casos de muertes violentas.”

Según la Apreciación de Asuntos Civiles (G-5) para el área IXIL, ésta “pasó a ser un área de conflicto subversivo, el Alto mando dispuso que se estableciera un área de operaciones con jurisdicción específica en los municipios de Chajul, San Juan Cotzal y Nebaj…”

En el Plan de Campaña Victoria 82  justificaron el exterminio desde lo que definieron como  el enemigo interno, tal como está en el Manual de guerra contrasubversiva así: “estaba constituido por todos aquellos individuos, grupos u organizaciones que por medio de acciones ilegales tratan de romper el orden establecido”

En el Gobierno de Lucas García (1978-82), la estrategia contrainsurgente se concentró en eliminar al movimiento social tanto urbano como rural, el cual había crecido sensiblemente durante los años previos, así como combatir a la guerrilla. Posteriormente, Efraín Ríos Montt (1982-83) le dió continuidad a la estrategia de tierra arrasada, destruyendo cientos de aldeas, principalmente en el altiplano, provocando un desplazamiento masivo de la población civil que habitaba las áreas de conflicto.

Paralelamente el Ejército implantó estructuras militarizadas como las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) para consolidar su control sobre la población, buscando contrarrestar la influencia de la insurgencia y reducir las causas que generaban malestar entre la población organizando, los denominados polos de desarrollo. (Informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico)

 
Fotos de archivo: Barricada
 

[1] García, Jody. Tras meses de impasse, se reactiva caso contra Efraín Ríos Montt. La hora. 21 de enero de 2012. 

 

 
 

 

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