Por: Quimy De León y Santiago Bastos
El Consejo Nacional de Seguridad notificó recientemente que la mitad de los efectivos militares que en la actualidad están patrullando en las calles, como parte de Cuerpo Especial de Reservas para la Seguridad Ciudadana, se retirarán de esta tarea, que vienen cumpliendo desde hace una década, ante la incapacidad de la Policía Nacional Civil por controlar la inseguridad ciudadana, informa Prensa Libre.[1]
Sin embargo, dado que el apoyo financiero del Gobierno de Estados Unidos quedó condicionado desde 2013 al retiro de las fuerzas militares de las tareas de seguridad ciudadana, desde 2015 se estableció el cronograma para este repliegue que ahora comienza.
Las tropas que dejan las tareas de seguridad se dedicarán a cuidar las fronteras del país donde, según la nota, es apremiante su presencia para el combate del narcotráfico, el tráfico de armas y maras, y el paso de indocumentados.
Puede ser que las primeras cuestiones sean de interés nacional, pero la última –junto al narcotráfico- claramente representan los intereses de los Estados Unidos, que no tienen nada que ver con los de Guatemala, y muestra una vez más la subordinación del gobierno de nuestro país al imperio del Norte, sea cual sea el gobierno y el presidente que haya acá o allá. Los norteamericanos han logrado bajar cada vez más su “frontera sur” desde la enorme línea que comparten con México, primero hasta la que este país tiene con Guatemala; y ahora pretenden que sean las fuerzas armadas de nuestro país las que se dediquen a detener esos migrantes que salen por las mismas políticas enconómicas que ellos impulsan, o esas drogas que ellos consumen. Ninguna es tarea del Ejército de un país
Además, la nota nos dice que las tropas retiradas se dedicarán a “la protección de la infraestructura crítica, como aeropuertos, carreteras principales, torres de energía eléctrica e hidroeléctricas”. Con ello se consolidaría el despliegue territorial del Ejército de Guatemala en su función de guardián de las industrias extractivas que se viene dando desde el gobierno de Oscar Berger, y que llegó a su máxima expresión en el de Otto Pérez.
El Ejército de Guatemala ha sido utilizado, a pesar de los Acuerdos de Paz, para reprimir las movilizaciones de los pueblos y comunidades en la defensa de sus territorios en contra de los intentos de despojo que han sufrido en los últimos tiempos, recreando así el funesto papel que jugó durante el conflicto armado.
Ya fuera en los Estados de sitio como los decretados en San Juan Sacatepéquequez, en Alta Verapaz, San Rafael Las Flores o en Barillas; o en los destacamentos instalados en el mismo San Juan en Yichkisis en San Mateo Ixtatán,[2] las Fuerzas Armadas están siendo utilizadas en contra de la población que defiende sus derechos y en defensa de los intereses de capitales nacionales y extranjeros.
Este nuevo despliegue entonces no parece estar destinado sólo a proteger las fronteras siguiendo los dictados externos, sino que su objetivo sigue siendo el control de la población organizada para defender los megaproyectos por los que se ha apostado.
[1] “Soldados van a vigilar dos mil kilómetros”, Prensa Libre, 23 enero 2017, http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/soldados-van-a-vigilar-dos-mil-kilometros
[2] Ver Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado y empresas. https://www.academia.edu/28139636/Din%C3%A1micas_de_despojo_y_resistencia_en_Guatemala._Comunidades_Estado_y_empresas._2014.; San Mateo Ixtatán: En Peligro La Tierra Comunal Y Los Ríos Del Pueblo Chuj, https://prensacomunitaria.org/san-mateo-ixtatan-en-peligro-la-tierra-comunal-y-los-rios-del-pueblo-chuj/
