Por: Carlos Ernesto Choc
En este mes mayo de 2018 Rony Morales miembro de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), participa en el Taller de Consulta Gobernanza y resolución de conflictos en territorios indígenas, además de hacer un análisis de la situación de los derechos de tenencia sobre tierra y territorios de Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe.
Este es un espacio de diálogo y consulta con expertos de Pueblos Indígenas sobre como los Estados establecen la articulación entre pueblos indígenas con las oficinas de registro y catastros de tierras nacionales en el proceso de reconocimiento, registro, titulación de tierras colectivas y territorios indígenas en los países identificados del estudio (Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, Perú, Paraguay y Brasil).
Durante la actividad Rony Morales socializó como se resolvió el conflicto de tierras en la comunidad Primavera en San Cristóbal Alta Verapaz “215 años que las familias Poqomchi´ viven en esta finca, y desde entonces han sido “mozos colonos”. Aún en el año 2000 seguían siendo las y los “mozos colonos”, trabajando en la finca. Desde el año 2000 fueron parte de la conformación de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas –UVOC-, iniciando negociaciones para la compra de la finca vía el Fondo de Tierras.
Una década duró la mesa de negociación, en la cual participó la UVOC junto a las instituciones gubernamentales: la Secretaria de Asuntos Agrarios –SAA-, el Ministerio de Gobernación, el Fondo de Tierras, la Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH-, y el Registro de Información Catastral –RIC-. En una de estas reuniones, los miembros de la SAA dieron a conocer que habían negociado con la Empresa ECO-TIERRA, y por tanto, se acordó que las 279 familias serían desalojadas de la finca de tierras que supuestamente pertenecían a esta empresa.
Tras años difíciles de negociación y lucha, doscientas setenta y nueve familias de las comunidades Santa Rosa, Sak – Ixim, El Chico y Baleu, en la finca La Primavera del municipio de San Cristóbal, departamento de Alta Verapaz, formaron la Asociación de Campesinos de Santa Rosa y Sak-Ixim y, quienes finalmente lograron obtener 12 caballerías de tierra, donde se encuentran las viviendas y lugares de trabajo de los comunitarios”.
Además el profundiza la caracterización de los conflictos en territorios indígenas, mapeo de territorios indígenas identificando grados de seguridad jurídica y conflictos e identificar mecanismos de solución a los problemas de conflictos de tierra en los países identificados para el análisis.
Resaltando el papel de los jóvenes rurales en la coyuntura de las comunidades, especialmente en los temas de acceso a tierra, migración, juventud y niñez trabajadora, situación de la tierra para la juventud campesina, condiciones laborales de los jóvenes y mujeres campesinas en las fincas agrícolas, defensa de la tierra y territorio, criminalización y judicialización de la movilización comunitaria.
Este espacio de discusión ha sido enriquecedor y está siendo impulsado por el Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CADPI), el Consejo Indígena de Centroamérica (CICA), el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS), El Foro Indígena del Abya Yala, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y la Coalición Internacional por la tierra (ILC)
En algunos países de la región como Guatemala encontramos una evidente crisis de gobernabilidad en donde la corrupción, al autoritarismo, la violencia y el narcotráfico están debilitando las bases del sistema democrático y del Estado de Derecho, impactando principalmente a aquellas personas que están en mayor condición de pobreza y vulnerabilidad. Por ello, demandamos que en toda la región, la clase política, las instituciones, las organizaciones y la ciudadanía asuman un compromiso indeclinable con la democracia, la verdad y la justicia, respetando los canales institucionales establecidos y la voluntad popular.
En los países de América Latina persiste una violación constante de estándares y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, Perú, Paraguay y Brasil son los países en los cuales se concentra la mayor parte de pueblos indígenas. Este incremento de violencia expresa una relación de poder desigual y un sistema institucional que protege a sectores de mayor poder económico y de influencia política y judicial. Por ello, exigimos que se garantice la seguridad de líderes y lideresas que protegen y defienden la tierra, que cese la criminalización que sufren, que se investigue a quiénes son los responsables de estos crímenes para que no queden en la impunidad y que se respete el derecho a la consulta y consentimiento previo libre e informado garantizado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esta actividad fue facilitada por Gobernanza Responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (DVGT) y el el Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CADPI) y como parte del evento se está preparando un documento consensuado para la discusión y consulta con Pueblos Indígenas representados en las organizaciones indígenas regionales y autoridades tradicionales de los territorios. Este documento tendrá un análisis de la situación de la conflictividad de tierras en territorios indígenas, la seguridad jurídica alcanzada en algunos territorios y la presentación propositiva de soluciones y recomendaciones a realizar a los representantes de las agencias de administración de tierras, pueblos indígenas
