Por Quimy De León
Semana de las Mujeres en resistencia:
Durante la semana de conmemoración del día Internacional de la mujer 8 de marzo queremos recordar las luchas de las mujeres en el país, luchas que hemos acompañado desde hace varios años ya y consideramos importante recordar: a las mujeres kaqchiqueles de San Juan Sacatepéquez, quienes han defendido con su cuerpo y vida el derecho a vivir en paz y en armonía en el territorio donde nacieron, frente a la imposición de un megaproyecto vial y de una planta Cemetera que ha despojado a cientos de mujeres de sus terrenos aun siendo ellas propietarias legales de los mismos.
Este es el primero de una serie de reportajes.
Breves antecedentes:
Las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez desde el año 2007 han sufrido una serie de agresiones la mayoría alrededor de la instalación de la empresa cementera. Han existido asesinatos de comunitarios opuestos a está, el encarcelamiento de líderes comunitarios y la persecución de 36 personas más de las comunidades quienes forman parte de la oposición a la forma violenta de operar de la empresa y de los dos proyectos en construcción; la carretera privada “Anillo Regional” y la construcción de la Planta San Gabriel.
No podemos dejar de mencionar el Estado de Sitio impuesto en el 2008 por el gobierno de Alvaro Colom, con estos antecedentes seis años despues el presidente Otto Perez decretó el Estado de Prevención para cuatro comunidades de San Juan Sacatepéquez (Santa Fe Ocaña, Los Pajoques, El Pilar I y Pilar II) a través del Decreto Gubernativo 9-2014, vigente desde el 21 de septiembre en San Juan Sacatepéquez.
“detrás de ello está la intención de contar con excusas para declarar el Estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez, y así detener a los líderes y lideresas de la movilización contra la cementera desde el año 2006 y la construcción de la carretera privada Anillo Regional, como ya se ha empezado a hacer. aproximadamente desde el año 2007 el gobierno y la empresa Cementos Progreso, se han dado la tarea de acusar y criminalizar a diferentes actores sociales que cuestionan su accionar a través de algunos de sus operadores y diferentes medios de comunicación corporativos.”[1]
Las mujeres kaqchikeles dicen basta:
Las mujeres están cansadas de tantos abusos y es que con la imposición de un Estado de Prevención, se militariza el territorio kaqchikel y se mantiene bajo asedio, amenaza y control también el cuerpo de las mujeres.
Ellas vinieron a denunciar en conferencia de prensa el día 7 de octubre a la ciudad capital cientos de casos de violaciones de los derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco y otras cometidas por trabajadores o promotores de la empresa cementera.
Después de una visita a tres de las cuatro comunidades afectadas directamente por la militarización, Santa Fe Ocaña, Los Pajoques, El Pilar 1 y 2, luego de escuchar sus testimonios pudimos constatar lo que ellas también han denunciado ante la Procuraduría de Derechos Humanos:
- Amenazas de llevarse a los niños.
- Abusos sexuales.
- Acoso sexual a mujeres y adolescentes.
- Abortos provocados por militarización.
- Amenaza de abortos.
- Allanamientos.
- Apropiación ilegal de herramientas y enseres de cocina.
- Contaminación del agua de varios pozos en uso de fuerzas de seguridad.
- Enfermedad.
- Imposibilidad de cortar leña y buscar comida.
- Deserción escolar por miedo a interrogación e intimidación a los niños y niñas.
- Desplazamiento forzoso.
- Detenciones arbitrarias.
- Las fuerzas de seguridad defecan y ensucian varios terrenos de la gente, ésto puede generar enfermedades o epidemias.
- Escándalo de la policía en la noche (no dejan dormir).
- Expropiación u ocupación de tierra para poner un destacamento (propiedad privada de una señora en la comunidad El Pilar 2).
- Fotografiaron a mujeres, documentos y casas.
- Personas golpeadas.
- Interrogatorio de niños.
- No pueden ejercer su religión, no pueden realizar actividades religiosas.
- Ocupación ilegal de alcaldías auxiliares para dormitorios de la PNC.
- Ocupación ilegal del salon comunal en Santa Fe Ocaña para instalar puesto de mando militar.
- Ocupación de las iglesias para dormitorios de la PNC.
- Obligaron a mujeres a firmar documentos.
- Robo del agua u ocupación de pozos.
- Robo de locales comerciales.
- Robo de cultivos.
- Perdida de la cosecha.
- Susto y tristeza.
- Perdidas económicas por cierre de comercio.
- Secuestro de una persona de Ocaña mientras trabajaba.
- Trabajadores de la empresa cementera vestidos de policía y señalando casasa de comunitarios.
- Trabajadores de la empresa cementera haciendo medición de terrenos.
- Temor a la violación sexual.
- Uso de áreas comunales sin autorización.
- Violación sexual de mujeres.
[1] Santiago Bastos. Muerte en Los Pajoques: Crónica desolada de la barbarie en la que vivimos. Prensa Comunitaria – Guatemala, 29 de septiembre de 2014.
