Por: Rony Morales
Este miércoles 10 de mayo de 2017, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Alta Verapaz, dirigido por el juez unipersonal Williams Arturo Chen, declaró sin lugar las acusaciones del Ministerio Público (MP) contra los doce comunitarios q´eqchi´ de la aldea Samococh, municipio de Chisec, quienes fueron acusados por los delitos de “atentado con agravaciones específicas”, supuestamente por agredir a tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) el pasado 15 de agosto de 2014.
En pocas palabras, el contexto del caso de Samococh se dio porque el Estado y las empresas ven a los comunitarios como el enemigo inmediato frente a los intereses de explotación de Alta Verapaz, que cuidan, conservan y protegen la tierra y el territorio. La criminalización y judicialización son resultado de las acusaciones que involucran de forma directa a la empresa trasnacional Energuate en la región.
Como resultado de las acciones de la PNC, fueron asesinados tres comunitarios: Sebastián Rax Caal de 29 años de edad, Luciano Can Cujub de 40 años y Óscar Chen Quej de 22 años.
Mynor Aguilar Bernardino es el fiscal del MP que atiende los procesos en contra de la mayoría de presos políticos de Huehuetenango. Aguilar ha incorporado entre sus argumentos los conflictos sociales en Santa Eulalia y en Santa Cruz Barrillas, pertenecientes al departamento de Huehuetenango y ha pedido que se tomen como ejemplo para sentenciar a las doce personas de Samococh. Este fiscal pertenece a la unidad de delitos contra operadores de justicia adscrita a la unidad especial de derechos humanos del MP. Le pidió al juez que dictaminara una sentencia de dos años y medio de cárcel contra doce indígenas mayas q´eqchi´ de la aldea Samococh, por el delito deatentado con agravaciones específicas.
El juez unipersonal Williams Arturo Chen declaró inocentes a los doce comunitarios porque, según la argumentación, el MP no logró fundamentar objetivamente las acusaciones.
“Lo curioso es que en Huehuetenango, esta misma fiscalía del MP no avanza con ninguna de las investigaciones en contra del exalcalde Diego Marcos Pedro y otras personas afines a él por muchos delitos cometidos en los últimos años, específicamente por los hechos ocurridos entre el 19 y el 20 de febrero de 2015: un atentado armado, amenazas de muerte, el asesinato de un joven comunitario, el secuestro de una mujer perteneciente al Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) a quien había amenazado con desnudarla y arrancarle el pelo en medio del parque central, frente a cientos de personas, por oponerse a la hidroeléctrica. Además se le atribuye el cierre ilegal y violento de la radio comunitaria Radio Snuq’ Jolom Konob’, y el hecho de que varias personas fueran golpeadas. En fin, se trata de un personaje que, tras un año de haber sido denunciado por delitos graves, se presenta en un tribunal de mayor riesgo en la ciudad capital con total impunidad y en coordinación con el MP”.[1]
¿Qué fue lo que pasó en Alta Verapaz el 14, 15 y 16 agosto del 2014?
El 14 de agosto se intentó desalojar violentamente a cientos de familias en varias comunidades de Cobán, causando terror en la población. La situación de alerta de las comunidades aumentó pues se tenía información de que la policía llegaría al siguiente día con la misma intención y se temía que usara los mismos métodos: la represión.
Una serie de hechos represivos y violentos ocurrieron en esta región de Cobán, en concreto en cuatro comunidades que se encuentran en las orillas del río Dolores. Estas comunidades son: Nueve de Febrero, Concepción, Cristalina y Nuevo Amanecer. Las familias que ahí viven son mayas q´eqchi´ y se dedican a la producción agrícola.
Contra ellas se emitió una orden de desalojo, y ya estaban en alerta, pues ya había ocurrido lo mismo el 14 de abril y el 3 de junio pasados. Las comunidades temían que las fuerzas de seguridad lo intentaran en horas de la madrugada del jueves 14 de agosto.Durante la madrugada de ese mismo jueves se observó la presencia de 20 patrullas de la PNC en el municipio de Tactic, Alta Verapaz; mientras que otras 20 patrullas se encontraban dentro de la Plaza Magdalena, un centro comercial de Cobán propiedad de la familia Torrebiarte. En la comunidad de Cubil, ubicada entre Ixcán y Chisec, Alta Verapaz, la población informó a las 7:15 de la mañana que aproximadamente 70 patrullas iban camino a la comunidad Monte Olivo.
Las autoridades nuevamente usaron paramilitares para reprimir y de forma estratégica para dividir a la comunidad. Desde muy temprano llegaron miembros de la policía junto con civiles vestidos de militares o de policías a reprimir a la gente. Los hechos fueron:
- Tiraron más de treinta bombas lacrimógenas en contra de la población, que eran principalmente mujeres, niños y niñas, quienes se encontraban en un culto religioso. Mientras esto ocurría, ellas rezaban, cantaban y pedían a la policía justicia por el asesinato de los dos niños: David y Ageo, cometida por un trabajador de la empresa Hidro Santa Rita.
- Hubo decenas de personas heridas.
- Se realizaron detenciones sin orden de captura contra cuatro mujeres y un hombre
La PNC aumentó su presencia en el área y siguió realizando capturas, muchas de ellas sin una orden, lanzando bombas lacrimógenas e intentando dispersar a las comunidades que en solidaridad con las comunidades de Monte Olivo y Nueve de Febrero taparon sus caminos para no permitir el paso de más elementos antimotines. La carretera del Polochic estuvo bloqueada en cuatro puntos: El Estor, Zepur Límite (entre Panzós y El Estor), Boca Nueva (Panzós), La Tinta y San Julián.
Vecinos y vecinas en el área solicitaron solidaridad de todos los pueblos y organizaciones, pidiendo apoyo con víveres y enseres para las familias que habían perdido todo, desde el maíz hasta los cortes y güipiles, los cuales fueron quemados por la policía. Han exigido la presencia de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la PDH, de la DEMI y CODISRA.
La PNC pretendía despejar el camino sin dialogar con la población. Las fuerzas especiales antidisturbios comenzaron a lanzar gases lacrimógenos, los gases afectaron a más de 500 personas que se encontraban en ese lugar, hombres, mujeres, niños y ancianos. Además muchas de las personas que permanecían en carros y buses también fueron afectadas por el gas lacrimógeno que se dispersó en el ambiente.
Fue a las 15:30 del viernes horas cuando los agentes de la PNC comenzaron a disparar con armas de fuego calibre 9 milímetros en contra de la población. Hubo más de 40 personas heridas por arma de fuego en el lugar.
La población decidió huir hacia las montañas para resguarda su vida, especialmente mujeres y niños. Dos hombres fueron asesinados en este mismo lugar, después de que la PNC disparara armas de fuego, y otra persona falleció por las heridas llegando a la emergencia del Hospital Regional ‘Hellen Lossi de Laugerud’.
Durante la madrugada del sábado 16 de agosto, en varios puntos en las carreteras de Cobán, miles de personas hicieron sentir su descontento por tanta agresión, por la represión y por el irrespeto que los funcionarios públicos y los empresarios tienen por la vida.
En Cubil, en la comunidad de Cubi Guitz, en Alta Verapaz, los pueblos estuvieron denunciando la represión, rechazando las políticas del Gobierno de turno y rechazando los megaproyectos que atentan contra la vida de las comunidades.
En Alta Verapaz, las empresas extractivas de monocultivos, hidroeléctricas y minería se han adueñado de la mayoría del territorio y de los ríos sin consultar con la población indígena y campesina. Estas dinámicas, como los desalojos violentos, son instrumentos de los terratenientes y de las personas que tienen intereses económicos.
Lo sucedido en Samococh no es nada nuevo. Esta combinación de fuerzas represivas de los militares, la PNC y la policía privada (paramilitares) nos recuerdan los desalojos violentos en el valle del Polochic en 2011. Los desalojos sufridos en las comunidades que viven en la cuenca del río Dolores –Monte Olivo, Comunidad Nueve de Febrero, Lanquín– también nos recuerdan las comunidades de San Juan Chamelco, las comunidades de San pedro Carchá, Tucurú y las comunidades de Raxruhá en estos años; todas en el departamento de Alta Verapaz, donde han sufrido campesinos e indígenas de las comunidades q´eqchi´, que trabajan en el cultivo del sagrado maíz para alimentar a su familia. Los comunitarios han sido heridos, amedrentados, criminalizados y judicializados.
Esto quiere decir que se estigmatiza, se acusa, se persigue penalmente y se encarcela a quienes simplemente se oponen a estos proyectos por considerarlos nocivos para la vida. Ha habido campesinos muertos, varios compañeros detenidos y más de un centenar de familias en la calle.
La vida en la tierra tal y como la conocemos, depende de que se reconozca a los pueblos indígenas y las comunidades locales como custodios de nuestro planeta. Asegurar estos derechos es el eje central para construir un mundo justo y equitativo desde la salud a la educación, la participación a la paz, el crecimiento a la diversidad cultural.
[1] https://comunitariapress.wordpress.com/2016/06/13/presos-politicos-nadie-es-superior-a-la-justicia-solo-los-operadores-de-justicia/
