Texto y fotografías: Lorenzo Pez
El sábado 3 de febrero, en el parque central de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, se realizó una concentración pacífica por la cancelación y retiro definitivo de la empresa Hidro Santa Cruz, S.A. del proyecto Cambalam I, Ecoener/Hidralia Energía, según un expediente emitido por la Dirección General de Energía del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
En esta reunión participaron personalidades como el diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia del Congreso, Sonia Raguay de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala, Julio Gómez de la sociedad civil de San Mateo Ixtatán y representantes de la Asociación de Productores de Sal de San Mateo Ixtatán, del Movimiento Ciudadano y Participación de Yichkan del municipio del Ixcán, Quiché, y todos los habitantes de las distintas comunidades del municipio de Barillas.
En la movilización varios comunitarios hablaron sobre la llegada del megaproyecto hidroeléctrico a la región:
“Vinieron a mentir muchas cosas que no son constitucionales, lo primero que provocaron fue divisionismo, ya que 15 días después de que empezaron a trabajar, empezaron a denunciar a quienes de manera pacífica manifestaron sus derechos por no ser consultados a la llegada de este megaproyecto”.
“Segundo ofrecieron trabajo para todo el pueblo y rebajar el precio de la luz, cosa que no es real. Sin embargo en el plan de la empresa sólo tenían que contratar a 15 personas para trabajar. Lejos de generar empleo vino a generar violencia”.
“El 30 de octubre de 2009 hicieron un estudio sobre el río Q’an B’alam y ofrecieron limpiar el rio ya que estaba muy contaminado, pero la intención era quedarse instalado sobre el río”.
La sociedad civil de Barillas rindió homenaje a los mártires que han dejado los megaproyectos en la región, como lo fue el asesinato Andrés Miguel, perpetrado por un guardia de seguridad de la empresa el 1 mayo de 2012; el secuestro y asesinato de Daniel Pedro Mateo en abril 2013; el asesinato de Pascual Basilio de Santa Eulalia por parte de Diego Marcos Pedro, exalcalde municipal, además de las múltiples agresiones y persecuciones políticas que han sufrido los líderes comunitarios por su lucha en defensa del territorio.
En el encuentro se indicó que el 7 de febrero de este año se tenía contemplado la reapertura del caso contra la empresa en los Tribunales de Mayor Riesgo en la ciudad de Guatemala, por el intento de asesinato de Pablo Antonio y Esteban Bernabé, sobrevivientes del ataque armado, donde perdió la vida el comunitario Andrés Miguel, sin embargo fue suspendido.
