Por: Andrea Ixchíu Hernández
La coyuntura iniciada en abril del 2015, tras conocerse públicamente sobre el funcionamiento de estructuras de corrupción en y desde los niveles más altos del Estado con la captura e inicio de procesos judiciales en contra más de 600 funcionarios públicos, no solamente dio lugar a la expresión pública de repudio e indignación a lo largo y ancho del país, sino también generó un espacio necesario para la reflexión sobre el estado de la democracia en Guatemala, la conformación de nuevas expresiones organizativas, el proceso de recuperación de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) en la Universidad de San Carlos y la posibilidad de encuentro entre diversos sectores de la población guatemalteca.
¿Dónde nos encontramos?
Dos años después de esas jornadas de movilización, nos encontramos ante un escenario no muy distinto. Tenemos un gobierno responsable del encierro y tortura de 56 niñas y el asesinato de 41 de ellas dentro del centro de protección estatal “Hogar Seguro Virgen de la Asunción” y la reciente masacre de 7 personas ocurrida dentro del Hospital Roosevelt. El escenario no es muy distinto tanto porque las causas estructurales de la desigualdad, la violencia y la pobreza no se han modificado, sino porque otro presidente de Guatemala ha sido señalado por su potencial actividad delictiva. Este caso no es de enriquecimiento ilícito, sino de financiamiento electoral ilícito. Jimmy Morales Cabrera hizo campaña electoral bajo la premisa: “Ni corrupto, ni ladrón” sin embargo la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) han dicho lo contrario.
Se nos ha explicado cómo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE) al intentar hacer auditoria de las finanzas de la campaña electoral del año 2015 del partido en gobierno FCN-Nación no recibió los informes necesarios sobre los gastos efectuados en la campaña electoral y los informes sobre el origen del financiamiento privado. Se han encontrado irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de FCN con la existencia de cheques emitidos al partido por parte de la Compañía Constructora de Obras Civiles S. A. (COCISA), la cual está vinculada con otros casos de corrupción en los que está relacionado el ministro de Comunicaciones del gobierno del Partido Patriota (PP), prófugo de la justicia, Alejandro Sinibaldi Aparicio.
Esto ocurre días después de que extra oficialmente los medios de comunicación anunciaran que Jimmy Morales viajaría a los Estados Unidos, específicamente para reunirse con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Gutiérrez, para solicitar el retiro de Iván Velásquez de la CICIG.
¿Por qué un presidente que dice apoyar la lucha contra la corrupción pediría algo así?
No debemos olvidar el caso penal develado por la CICIG y el MP en el cual el hijo del presidente, José Manuel Morales y el hermano del presidente Samuel Morales, enfrentarán juicio por el delito de fraude en forma continuada en el caso denominado Botín de la Propiedad, vinculados junto a la ex registradora Anabella de León.
Desde el 2015 la CICIG y el MP han evidenciado la existencia de grupos de poder paralelos, cuyo poder está arraigado en prácticamente todos los departamentos de Guatemala, y donde han conformado complejas redes público-privadas que controlan y manipulan el negocio de la obra pública y tejen influencias de captura del Estado (Cortes, Judicaturas, Legislaturas, Ministerios). Estos poderes se han perpetuado en y desde el Congreso de la República, en donde diputados y funcionarios en otros cargos administrativos (alcaldes, concejales, gobernadores) son propietarios de empresas constructoras que han canalizado al menos Q. 10 mil millones (US$ 1,3 billones) en contratos públicos entre 2004 y 2015.[1] De esta manera diversos contratistas y grupos empresariales se han constituido en el engranaje privado de estas redes. Especialmente en lo regional han configurado una economía informal o subterránea, en la cual la triangulación política-crimen-negocio se presenta en forma de una compleja interacción entre lo público y lo privado, lo lícito y lo ilícito, así como lo formal y lo informal.
Esto nos sirve para entender las acciones del Congreso de la República y su dinámica de poner obstáculos en la consolidación de avances contra la corrupción e impunidad. Sus intereses particulares son el motor del bloqueo sistemático a las reformas democráticas, como la Reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y las Reformas Constitucionales al Sector Justicia. Si la Corte Suprema de Justicia pasa al congreso la solicitud de antejuicio presentada contra el Presidente Jimmy Morales, el Congreso de la República lo rechazará, protegerán sus intereses.
Luego de la cancelación del Partido Patriota y Líder en el 2016, los partidos más señalados por CICIG-MP en el 2015, los diputados de estas bancadas ya son tránsfugas, tomando parte de la bancada oficial u otras bancadas o se han constituido en nuevos partidos. Por eso es necesaria una profunda reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y las Reformas Constitucionales al Sector Justicia para dar paso a nuevas formas de participación social y de fortalecimiento a la ya debilitada democracia guatemalteca.
¿Qué podemos hacer?
Desplegar diversas y polifónicas fuerzas. Movilizarnos, tomar las plazas, organizarnos en los centros educativos, en el trabajo, en la iglesia, en el barrio, en nuestra cuadra, en nuestro municipio. Podemos juntar firmas, enviar Despachos Clasificados al Congreso, obligarlos a leer nuestras demandas en el pleno. Nos toca exigir la renuncia de Jimmy Morales e interpelar a todos los diputados en los distritos electorales para presionarlos y comprometeros en cambiar su actitud. Nos toca romper el cerco mediático que impone verdades a medias y en dónde la narrativa del ejecutivo nos será impuesta y justificada. Ojalá podamos vencer el miedo y la desconfianza para articular nuestras demandas con otras igual de complejas, cerremos filas ante la corrupción. ¡Hagamos un llamado al poder destituyente y a la acción constituyente, es la democracia la que está en juego!
[1] Waxenecker, Harald. Revista Realidad y Visiones sobre Latinoamérica – ReveLA http://revistarevela.com/poderes-regionales-y-distorsion-ilicita-de-la-democracia-guatemalteca/20 de junio de 2015.
Versión adaptada publicada en cinco entregas. Prensa Comunitaria https//comunitariapress.wordpress.comGuatemala, 26 de junio al 16 de julio de 2015
Recopilación disponible en: https://medium.com/@PrensaComunitar/parapol%C3%ADtica-y-distorsi%C3%B3n-il%C3%ADcita-de-la-democracia-guatemalteca-d2400a69fdcf
