¿Qué amarra 2015 con 2017?

Fotografía: Nelton Rivera

Por: Miguel Ángel Sandoval

Con una falta de imaginación política de espanto, analistas con alguna experiencia o ninguna, dicen con la mano en la cintura que 2017 es diferente de 2015, que ahora no son las mismas causas ni las mismas expresiones, o que uno es militar y el otro civil. O   que hace falta establecer bien a bien que se trata de un nivel de corrupción distinto, etc. Los argumentos siguen por ese camino y en verdad no van a ninguna parte pues olvidan lo principal en esta historia.

Me refiero a la categoría de proceso, histórico si se quiere, pero proceso en fin. En otras palabras, sin 2015 no habría 2017. Y no solo porque sean años casi correlativos, sino porque las fuerzas sociales que se desataron en el 2015 siguen operando en la actualidad y no se ha encontrado un nuevo punto de equilibrio. Es por ello que el 2017 solo es posible analizarlo si se toma en cuenta que su origen se encuentra en abril de 2015.

Solo para que se tenga una idea de esta afirmación, los mandatarios defenestrados en 2015 viven ahora procesos judiciales que están en el centro de la tormenta del debate actual y de las expresiones de los más diversos sectores involucrados de manera directa o indirecta. Uno de ellos el expresidente dice a quien le quiera escuchar que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) debe salir del proceso en que se encuentra. Mientras por otro lado, diputados o funcionarios del más diverso nivel, afilan cuchillos contra la CICIG y su máximo representante.

Se quiera ver o no, resulta que el debate sobre la CICIG y las acciones que abandera desde antes del  2015 a la fecha, es permanente, y tiene que ver con un hecho fundante: solo un  organismo internacional, repudiado por los corruptos desde que percibieron la magnitud de los casos que iba destapando,  pudo dar una sacudida a lo que en términos coloquiales se denomina como en árbol frondoso de la corrupción y destapar la impunidad que corría pareja.

Por este hecho, aunque solo fuera por este, la continuidad del proceso abierto en abril de 2015 se puede ver con toda su dimensión. No olvidemos que el escándalo de la línea fue acaso el detonante de una movilización sin precedentes en la época reciente de nuestro país. Pretender entonces que se trata de dos cosas diferentes o que la plaza no es la misma pues ahora hay gente de uno y otro lado, parece algo alejado totalmente de las ciencias sociales y más particularmente de la ciencia política.

En otro nivel de análisis, el tema de la corrupción con su aliada la impunidad está en el centro de dos expresiones sociales de diverso calado. De una parte la nueva Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) tiene en su origen la demanda de sacar la corrupción de la universidad de san Carlos, mientras los nuevos dirigentes de esta instancia estudiantil, hicieron sus primeros ejercicios ciudadanos de calle y masivos en las jornadas que irrumpieron en 2015.

De otro lado, uno de los colectivos más activos en estos días es precisamente ¡Justicia ya!, cuyo origen es la convocatoria a las movilizaciones de la plaza en el 2015. Estamos pues, ante una continuidad de actores en un proceso único, indivisible, con momentos y expresiones distintos pero finalmente de la misma naturaleza: luchar contra la corrupción y la impunidad.

En otro nivel de análisis, el actual presidente fue electo como resultado del hartazgo de los liderazgos corruptos y por su oferta de “ni corrupto ni ladrón”, lo que ahora como el efecto bumerang se le revierte por una razón de fácil comprensión: la sociedad guatemalteca redujo de forma sustancial la tolerancia ante formas y prácticas corruptas, mentirosas, de mal gobierno.

Es lo que afirmo en un texto publicado en el año 2015. En él decía que si antes de esas movilizaciones la corrupción era socialmente aceptada, después de ellas había pasado a ser socialmente rechazada. Por supuesto que la corrupción no está derrotada, pero esa es la apuesta de nuestra sociedad. Es lo que caractericé como la Revolución Moral del siglo XXI en nuestro país. Esa es la lucha que en la actualidad continúa en Guatemala.

La idea de situaciones distintas solo escondería otra: la corrupción de 2015 ya fue superada y ahora estamos ante casos “politizados” “espurios” pues se trata de naturalezas diferentes. Que la CICIG se quede pero el comisionado se vaya.  En un caso si valía poner en función las medidas utilizadas, en el actual es el debido proceso, las garantías, la defensa de la soberanía, en suma, el inmovilismo. El regreso al pasado sin decirlo, sin invocarlo.

Y esto es algo que preveía en un libro que publiqué hace apenas unos meses, “Recuperar la política o perder el país”.  En el texto afirmaba que la lucha contra la corrupción no había terminado y que existía el riesgo de involución. Es lo que ahora ocurre: estamos ante el peligro de involución, si se instala en el análisis social la matriz que dice que 2015 y 2017 son diferentes sin pensar en un único proceso a todas luces necesario e indispensable para nuestro castigado país.

 

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