Propaganda y difamación en la prensa contra abogado de CALAS y en favor de empresas mineras

Por: Andrea Ixchíu

Fotografías: José Pablo Chumil

Pedro Rafael Maldonado Flores, es un abogado y notario que  desempeña el cargo de director del departamento jurídico del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), una organización que se dedica a la defensa de derechos humanos y ambientales.

Desde hace 5 años, el equipo de CALAS y Maldonado han denunciado abusos cometidos por la minera Tahoe Resources Inc. y su filial guatemalteca Minera San Rafael S.A. en contra de pobladores de Santa Rosa de Lima, Nueva Santa Rosa, San Rafael Las Flores, Jalapa y Mataquescuintla que se han opuesto a la instalación de este megaproyecto. Por su labor acompañando este caso han sido objeto de numerosas agresiones que comprenden desde intimidación, campañas de difamación, acoso judicial hasta amenazas.

El pasado 5 de junio la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó un amparo a CALAS y las comunidades que se han opuesto a este proyecto donde suspende provisionalmente la licencia de operaciones de la minera San Rafael. Esta decisión de la Corte despertó el descontento de los propietarios de la mina así como también el de la Cámara de Industria de Guatemala quienes ahora han interpuesto acciones legales contra esta resolución.

Maldonado ha sido difamado en numerosos artículos de diversos medios de prensa por su trabajo. El pasado domingo, dentro de las páginas de El Periódico se publicó un artículo que sin cita de fuentes y sin firma de autor indica que Maldonado “negoció comisiones con vecinos de San Rafael las Flores para que la Mina San Rafael les pagara mejores precios por la compra de sus terrenos”. Dicho artículo ha circulado en varias redes sociales en Internet, sobre todo en perfiles de empresarios guatemaltecos afiliados a CACIF y empleados de la mina, que acusan al abogado Maldonado de “inmoral, vividor del conflicto, aprovechado, etc” y descalifican el trabajo de Maldonado y de CALAS en defensa de derechos ambientales.

Al consultar al abogado Maldonado sobre el contenido de este artículo, indicó: “Efectivamente a finales del año 2016 Doris Pivaral, abogada de un grupo de personas de la comunidad “La Cuchilla” se puso en contacto con mi persona para solicitar mis servicios profesionales particulares. Pedían mi asesoría y acompañamiento durante la negociación con pobladores a quienes la Mina San Rafael pretendía comprar su terrenos, confiaban en mi experiencia de litigio y conocimiento del contexto de las operaciones de la Mina San Rafael para darles insumos que mejoraran el pago a las familias”.

La Cuchilla es una aldea ubicada en el municipio de San Rafael Las Flores del departamento de Santa Rosa, una comunidad muy cercana a las instalaciones de la Mina San Rafael. Desde inicios del 2016 casi 100 familias alertaron a las autoridades sobre los retumbos y temblores sensibles que habían generado grietas en sus viviendas y que luego de un año han obligado a las familias a abandonar sus hogares y terrenos. Pobladores aseguran que esos temblores son producto de la actividad minera y que el uso de explosivos dañaron sus viviendas y terrenos que muchos ocupaban para cultivo de café. Esto además fue expuesto por el diputado Erick René Lainfiesta Cáceres, del Partido Encuentro por Guatemala durante una citación a Minera San Rafael, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Ministerio de Energía y Minas y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) el pasado 13 de junio.

Antes de estas denuncias, la mina quería comprar los terrenos. Sin embargo, como explica el abogado Maldonado, los precios que ofrecían pagar a las familias eran demasiado bajos, muy por debajo del  valor de la tierra, ofrecían alrededor de 40 quetzales por cada metro cuadrado. “La negociación con la mina ya iba avanzada cuando ingresé y propuse que se subiera la suma de 40 quetzales a 100 dólares por metro cuadrado como pago a los afectados”

En diciembre del año 2016 más de 10 familias pensaron en interponer un amparo constitucional, ya que se violentaba el derecho a la vivienda, sin embargo a la fecha a la gran mayoría de vecinos que tenía casas dañadas ya les pagaron, pero a quienes aún no se les paga es a los propietarios de terrenos que la mina pretendía comprar.

El abogado Maldonado indica que tiene un contrato abierto con CALAS, el cual no le impide dar asesorías particulares. Su labor desde CALAS ha sido acompañar y asesorar jurídicamente a las comunidades que han realizado oposición a la instalación de la mina San Rafael y que han sido agredidas con mucha violencia. “Mi labor con CALAS es muy específica en la defensa de derechos humanos y   ambientales violentados por proyectos extractivos, acompañamos a muchas comunidades en Guatemala y hemos conseguido varias victorias legales en favor de la gente. Por eso llama la atención y me parece mal intencionado el artículo de El Periódico. Definitivamente es una maniobra para atacar mi imagen profesional, lo relaciono con el amparo conseguido que suspende provisionalmente la licencia de la mina San Rafael, ya que la misma lesionó derechos humanos.”

Al consultar sobre el origen de los audios y fotografías de los depósitos monetarios exhibidos en El Periódico indicó: “No creo que interceptaran la llamada, esta es una grabación hecha por alguien que estuvo presente en la reunión en dónde expliqué en una llamada telefónica a los clientes de la abogada Pivaral sobre las condiciones para realizar ese trabajo. Las fotografías son de la abogada Pivaral, ella misma las circuló a sus clientes para hacerles saber que me habían hecho efectivo el pago de honorarios profesionales por el servicio prestado.”

Como abogado particular Rafael Maldonado acompaña el caso de Hogar Seguro, en donde de forma voluntaria  asiste legalmente a las familias de las víctimas.

email

TweetsPC

FacebookPC