Por: Simón Antonio
El Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) junto a la Fiscalía de Asuntos Constitucionales del Ministerio Público (MP) pidieron este martes 9 de enero, que el director de la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), Javier Zepeda, sea investigado por el delito de discriminación tras negar la existencia de pueblos indígenas en los municipios de San Pedro Ayampuc y en San José del Golfo en el departamento de Guatemala, donde las comunidades desde hace más de cinco años se han constituido en la Resistencia Pacífica “La Puya” en la entrada de la Mina “El Tambor” Progreso VII Derivada de Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A.
Las declaraciones tanto del fiscal Luis Antonio Gordillo Bosque de la fiscalía de Asuntos Constitucionales y Rafael Maldonado de CALAS las dieron al evacuar la vista pública en el Juzgado Octavo de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, respecto a un amparo presentado por el director de la CIG para que no sea investigado y sometido a un proceso penal por el delito de discriminación. Tanto Gordillo como Maldonado pidieron en la audiencia que se deniegue el amparo porque aún no ha comenzado un proceso penal en contra del Javier Zepeda, por lo cual no existe agravio que dé lugar al amparo, como lo establece el artículo 203 de la Constitución.
El amparista Javier Zepeda no se presentó en la vista pública sino evacuó su asistencia por medio de un memorial, que es una modalidad que permite la Ley.
La acusación surge por la declaración que hizo Zepeda a un medio de comunicación el 25 de febrero del 2017, negando la existencia de población indígenas en los dos municipios. Días antes la Corte Suprema de Justicia otorgó un el amparo provisional a favor de las comunidades de la Resistencia La Puya porque no había sido consultadas como lo establece el Convenio 169 de la OIT ordenando así la suspensión de las actividades de la mina “El Tambor”.
A criterio del abogado de CALAS Rafael Maldonado “lo que buscaba el director de la Cámara de la Industria, es influenciar en la decisión de la Corte Suprema”.
