Por: Rosy Castillo
San Andrés Petén, 2 de junio de 2017, las familias que residen en la Laguna Larga fueron desplazadas de manera forzada por las fuerzas de seguridad del Estado, tal y como ocurrió en la década de los años 80s con la represión en el departamento de Petén. El Estado nunca les ha proveído de educación, salud, vivienda, seguridad, la única presencia estatal es para desplazarlos. Lo único que tenían estas familias era la tierra para poder producir y alimentar a sus familias.
A través de la agricultura y el trabajo campesino, las familias resuelven sus necesidades básicas, como proveer de vestuario, educación, vivienda, alimentación, educación, derechos constitucionales que el Estado incumplió históricamente.
Con una órden de desalojo emitida por un juzgado de Petén, varias familias fueron desplazadas de la tierra dentro de la Laguna Larga, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP argumenta como pretexto la conservación de la biosfera, pero se niega y entorpece cualquier proceso o alternativa que resuelva el reconocimiento de la población que habita dentro de la Laguna Larga, la Sierra Lacandona y la Laguna del Tigre.
Mil elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército se desplazaron hacia la comunidad para practicar el desalojo, las familias para resguardar su seguridad tuvieron que retirarse de la comunidad y desplazarse hacia México, país vecino que durante la guerra les brindo resguardo y refugio.
El mismo viernes 2 de junio, otro juzgado resolvió a favor de las comunidades para detener el desalojo, pero las fuerzas de seguridad ingresaron dentro de la Laguna Larga para efectuar el operativo, mientras tanto otras instituciones estatales guerdaron silencio, se prevé que hasta el día martes estaría emitiendo el juez la resolución correspondiente, mientras tanto la PDH y otras instituciones aún no se ha pronunciado.
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De nuevo a buscar el refugio
Frente a la amenaza del uso de la fuerza y la presencia del ejército en este desalojo, se confirmó que la población de la Laguna Larga se desplazó atemorizada para la frontera entre Guatemala y México, en el municipio de La Candelaria, Campeche.
Un total de 70 familias se buscaron refugio nuevamente en México, temen la represión de las fuerzas de seguridad del Estado, como sucedió recientemente en El Estor Izabal en contra de la población y los pescadores artesanales.
Este tipo de amenazas y desalojo sólo han venido generando desplazamientos forzados de población que huye para defender su vida. Nunca han sido una solución y peor aún, no cumplen con garantías mínimas de carácter internacional, puesto que las comunidades desalojadas en años anteriores, aún no han sido reubicadas y no hay una respuesta contundente con el tema tierras y que el Estado les proporcione las condiciones básicas para vivir.
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La línea fronteriza
Actualmente, los comunitarios han informado que se encuentran ubicadas más de sesenta familias en la línea divisoria entre Guatemala y México, refugiados en pequeñas champas de Nylón, soportando las inclemencias del tiempo y el hambre, muchas mujeres con niños en brazos en condiciones desfavorables y con la incertidumbre de lo que será el futuro de ellos.
El día de hoy, se espera que llegue una comisión desde México a verificar la situación de las familias, ya que se encuentran bajo condiciones inhumanas, además se ha vuelto una problemática internacional que afecta a México y Guatemala, producto de malas decisiones en el Estado guatemalteco.
Fuente: http://www.radioscomunitarias.info/
