Minera cabildea para que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá intervengan en la decisión de corte guatemalteca de suspender la mina El Escobal

Miles de personas afuera de la Corte Suprema de Justicia en Guatemala el 28 de agosto 2017. Foto: José Pablo Chumil

El siguiente artículo fue co-escrito por AlertaMinera Canadá y Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA) con el apoyo de la expersonal del NISGUA, Ellen Moore.

Tahoe Resources está presionando a autoridades estadounidenses y canadienses para que intervengan en su nombre tras una decisión tomada en julio por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala de suspender temporalmente las operaciones en la mina de plata, El Escobal. La decisión señala la discriminación y la falta de consulta previa de las comunidades indígenas Xinka, cuyo territorio ancestral se encuentra afectado por el proyecto, ubicado en el sureste de Guatemala. La Corte de Constitucionalidad ratificó la suspensión la semana pasada en respuesta a un recurso interpuesto por el subsidiario guatemalteco de la empresa. Argumentos para determinar la decisión final en el caso fueron escuchados ante la Corte Suprema de Justicia el 28 de agosto.

En una carta pública a la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala con fecha del 23 de agosto de 2017, Tahoe Resources acusó a la Corte de Constitucionalidad de “posible improcedencia judicial”, alegando que los jueces involucrados en la decisión de la semana pasada fueron manipulados. En la carta, Tahoe Resources también reiteró la retórica estigmatizante contra personas de seis municipios que desde junio han manifestado pacíficamente en el municipio de Casillas en contra del proyecto debido a los impactos actuales y futuros de la mina.

Las acusaciones infundadas de la empresa contra la corte más alta del país son preocupantes ya que Guatemala entró en otra crisis política la semana pasada, con los funcionarios de justicia  que se encuentran bajo ataque. El 25 de agosto, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público presentaron una solicitud de antejuicio a la Corte Suprema de Justicia quitar al presidente Jimmy Morales de su inmunidad presidencial para proceder con cargos relacionados con el financiamiento ilícito de su campaña presidencial de 2015. Dos días después, Morales anunció la expulsión del funcionario comisionado por de las Naciones Unidas a dirigir la CICIG, Iván Velásquez de Colombia, declarándole una persona no grata. En pocas horas, una decisión de la Corte de Constitucionalidad suspendió la orden de expulsión. Nueve países con presencia diplomática en Guatemala, incluyendo Canadá y Estados Unidos, emitieron una declaración en apoyo de Velásquez y la CICIG.

Los esfuerzos de cabildeo de Tahoe comenzaron en julio de acuerdo con una carta de seguimiento que envió Tahoe al Subsecretario Adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Tahoe también ha reclutado el apoyo del senador republicano Dean Heller y del congresista republicano Mark Amodei, quienes escribieron cartas a los secretarios de Estado y de Comercio, respectivamente. En ambas cartas, los congresistas alegan que los ataques en contra de las operaciones mineras de Tahoe en Guatemala tienen motivaciones políticas y advierten de inestabilidad económica y política y daños a las relaciones de Estados Unidos con América Latina si se permite que la decisión judicial se mantenga. Ambos exhortan a la Administración Trump a intervenir para proteger los intereses estadounidenses en Guatemala.

El registro del cabildeo canadiense muestra que Tahoe también ha estado presionando muy activamente a funcionarios públicos canadienses desde que sus licencias mineras fueron suspendidas en julio. Aunque los registros aún no están disponibles para agosto y son generalmente breves en detalles, los cabilderos de Tahoe se reunieron con el Director General de Servicios de la Comisión de Comercio, asesores de política de la oficina del Ministro de Comercio Internacional, los presidentes del Comité Permanente de Relaciones Exteriores e Internacionales Desarrollo y el Comité Permanente de Recursos Naturales, el Secretario Parlamentario del Ministro de Relaciones Exteriores y la oficina del Consejero de Responsabilidad Social Corporativa del Sector Extractivo.

Si bien se conocen pocos detalles sobre el contenido de estas reuniones, la estrategia de la compañía puede ser iluminada en un reciente artículo figurando a Representante Amodei, quien sugiere que el cierre permanente de la mina podría resultar en un aumento del narcotráfico y delincuencia en la región. En su llamamiento al miedo, Amodei no reconoce que la llegada de Tahoe a la región en 2010 ha llevado a la desestabilización, y que los residentes que se oponen a las operaciones de la compañía han enfrentado una estrategia de contrainsurgencia marcada por la criminalización del disenso, la represión y la violencia selectiva. El argumento de que sin la mina El Escobal, los residentes de Santa Rosa y Jalapa no tendrán otra opción que recurrir a delinquir “para llegar a fin de mes”, no sólo es falso y paternalista, sino una afrenta a la dignidad de los residentes locales en esta área mayormente agrícola.

En su carta enviada el día 23 de agosto a la Embajada de Estados Unidos, Tahoe perpetuó la representación falsa de una protesta local en el municipio de Casillas como “un bloqueo ilegal de carreteras”, alegando que “el gobierno no ha logrado hacer cumplir el estado de derecho en la zona y hoy el bloqueo continúa”. Desde principios de junio, los residentes de seis municipios de la zona alrededor de la mina El Escobal han mantenido una asamblea pacífica en propiedad de personas locales, de la cual han estado regulando selectivamente el paso vehicular relacionado con las operaciones de la mina. El trabajo en la mina se paró como resultado de estas acciones previo a la resolución de la Corte Suprema  de suspender dos de las licencias de la empresa. A finales de junio, la policía reprimió la protesta usando gas lacrimógeno, pero no logró intimidar a los residentes locales que reanudaron su protesta con miles de personas que salieron a participar apenas horas después de la represión. A finales de julio, miembros de la policía nacional atacaron a los 15 o 20 hombres, mujeres y niños presentes en el campamento pacífico de Casillas a eso de las 2:00 de la mañana. Los miembros de la comunidad han cuestionado la legalidad del intento de desalojo y han informado que cuatro de las personas fueron intoxicados por el gas pimienta y que otros tres fueron golpeados y tuvieron que ser hospitalizados.

Durante los últimos dos meses, los proveedores de Tahoe Resources, los trabajadores y la Cámara de Industria de Guatemala han llevado a cabo una campaña de difamación en la prensa guatemalteca contra el Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) y sus aliados por haber interpuesto la demanda contra el Ministerio de Energía y Minas que llevó a la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Vista Pública de la Corte Suprema de Justicia el 28 de agosto

Durante los argumentos presentados ante la Corte Suprema de Justicia el 28 de agosto, el abogado de la subsidiaria de Tahoe, Minera San Rafael, negó una vez más la presencia de las comunidades Xinka en el área inmediata de influencia de la mina El Escobal. Afirmó que la Evaluación de Impacto Ambiental aprobada por el Ministerio de Energía y Minas, que utilizó datos de un censo de 15 años atrás y el Registro Nacional de Personas, notorio por ser excluyente, fue suficiente para determinar la presencia del pueblo indígena de acuerdo al derecho nacional e internacional.

En cuanto al proyecto El Escobal, el presidente del Parlamento del Pueblo Xinka, Aleisar Arana, comentó, “sabemos que hay una amenaza en nuestros territorios. Somos un pueblo Xinca que aún tenemos nuestras propias formas de vida y tenemos nuestros propios terrenos comunales, por lo tanto, queremos que nos respeten. Represento al parlamento y pueblo Xinca que está en todo el departamento [de Santa Rosa], está en San Rafael. Sabemos que tenemos un camino que recorrer y quitar estigmas que nos está poniendo. Dicen que no existimos como acabamos de escuchar.”

El representante legal de Arana y miembro del pueblo Xinka, Quelvin Jiménez, pidió al tribunal que considerara que su decisión no es sólo acerca del derecho a la consulta, sino también el derecho a la auto-identificación indígena. “Realmente es una pena que el Ministerio de Energía y Minas, por proteger los intereses de una empresa multinacional, diga que el pueblo Xinca no existe. Si bien es cierto que no tenemos un traje que nos puede identificar y que nuestro idioma casi se ha perdido, el elemento más importante de nuestra identidad étnica es nuestro territorio … Hoy no está en juego simplemente el derecho a la consulta al pueblo Xinca, sino está en juego el derecho a nuestra libre determinación reconocida también en la declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas … ustedes tienen la obligación de valorar en este momento, de manera ponderativa, los valores y principios que la constitución reconoce y garantiza, lo que en este caso lo más importante es el derecho a la vida, que está íntimamente ligado a nuestro derecho a la consulta, que es una práctica diaria que realizamos como pueblo Xinca,” dijo Jiménez.

Preocupación internacional por los riesgos que enfrentan los defensores y las defensoras de los derechos humanos

En respuesta al esfuerzo de cabildeo de la empresa y con profunda preocupación por el potencial de mayor represión y criminalización mientras la mina permanece suspendida, cuarenta organizaciones canadienses y estadounidenses enviaron una carta a la Embajada de los Estados Unidos y Canadá. La carta pide a las autoridades canadienses y estadounidenses que insistan en que el debido proceso sea seguido en el caso ante la Corte Suprema de Justicia y que no intervengan en nombre de Tahoe Resources con las autoridades guatemaltecas. Además, pide a las Embajadas que denuncien la campaña de difamación contra los activistas y que, públicamente y a través de canales diplomáticos, demuestren apoyo a la legitimidad e importancia de los esfuerzos de las organizaciones, las comunidades y las personas indígenas y no indígenas que defienden pacíficamente sus derechos, bienestar y un medio ambiente libre de los daños que se sienten en la mina El Escobal de Tahoe Resources.

Fuente: http://nisgua.org

Título original: Tahoe Resources hace cabildeo ante los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para que intervengan en la decisión de corte guatemalteca de suspender la mina Escobal

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