Los pobladores en Guerrero, México, están en resistencia por proyecto hidroeléctrico

Ftografía:: CECOP 3 – Tlachinollan

El pueblo mexicano de La Concepción  estaba celebrando un festival local,  cuando hombres armados no identificados atacaron la unidad local de la policía comunitaria la madrugada del 7 de enero. El ataque dejó dos policías comunitarios y seis agresores armados muertos , y fue seguida  por una violenta represión estatal.

La Concepción es parte  de Cacahuatepec,  que está compuesta por 47  pueblos, ubicados en el distrito de Acapulco, en el estado sureño de Guerrero, México. El ataque se centró en miembros de la fuerza policial comunitaria conocida como CRAC-PC (Coordinación Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria), junto con miembros del Consejo de Ejidos (tierras comunales) y Comunidades Opositoras de la Represa

Estas organizaciones populares encabezaron la resistencia a una planta de energía hidroeléctrica que  construiría  la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el río Papagayo desde el 2006. La formación de la unidad local de CRAC-PC en Cacahuatepec está estrechamente relacionada con los crecientes enfrentamientos armados como resultado del conflicto en torno al proyecto de la presa.

Luego del ataque armado, esa misma tarde, un gran número de policías estatales y federales, así como también miembros del ejército, se movilizaron en La Concepción y sus alrededores, se dispersaron por las aldeas circundantes y allanaron las casas de otros miembros de CECOP, a pesar de no tener permisos oficiales u órdenes de allanamiento.  Lanzaron una segunda ronda de ataques violentos contra los residentes de La Concepción, matando a otros tres miembros de CRAC-PC, la policía luego arrestó a dos voceros clave de CECOP, Marco Antonio Suástegi Muñoz y su hermano Vicente Suástegi Muñoz, además de otros 30 miembros de la organización.

El CRAC-PC surgió en el estado de Guerrero en 1998 como un esfuerzo ciudadano para tratar de garantizar la justicia y la seguridad en un contexto en el que el crimen organizado y las fuerzas policiales estatales están inextricablemente vinculadas.

Mientras tanto, los periodistas que cubrían los hechos fueron golpeados por la policía y un fotógrafo fue obligado a entregar la tarjeta de memoria de su cámara a punta de pistola. Vale la pena señalar que entre los agresores armados en este ataque a Cacahuatepec, había personas  de la localidad que se han ganado la vida con la venta de la extracción de arena a lo largo de las orillas del río Papagayo, una práctica que CECOP había restringido debido al daño que esto causa a la vida del río.

Este ataque sigue a una larga historia de violencia y represión al movimiento contra la represa La Parota en Cacahuatepec, que comenzó en 2006, donde presenciaron el asesinato de miembros de la comunidad antisemita, así como la violenta represión policial desatada sobre los residentes para evitar que asistieran a las audiencias públicas relacionadas con el proyecto. Si bien se realizaron cinco audiencias públicas entre los años 2004 y 2005, cada una de ellas se llevó a cabo al eludir el procedimiento obligatorio, incumpliendo las normas establecidas para llevar a cabo dichas audiencias y utilizando la fuerza bruta de la seguridad del Estado para evitar que los residentes asistieran a las audiencias y presentaran sus puntos de vista. Un Tribunal Agrario consideró que los procedimientos eran ilegales, y resolvió entre 2006 y 2008 anular las cinco audiencias sobre la base de ser casos archivados y combatidos por CECOP.

En agosto de 2005 se dirigían para asistir a una de estas audiencias fraudulentas en la aldea de Campanaria, cuando la policía municipal que había puesto una barricada en la carretera, se enfrentó al vocero de CECOP, Marco Antonio Suástegi Muñoz,  junto con otros miembros de la misma organización. En el  intercambio, la policía apuntó con un arma al cofre de Suástegi Muñoz para amenazar su vida, diciendo:  “Indios pendejos, aquí se van  a morir”.

Celebración del décimo aniversario de CECOP en 2013. Fotografía: Vasundhara Jairath

En 2014, Marco Antonio fue arrestado y estuvo en la cárcel durante 14 meses por cargos falsos de homicidio. Varias organizaciones en México se unieron para protestar por el uso de la violencia contra él en la cárcel. La policía municipal con estas  detenciones arbitrarias y violencia, ignoró y pisoteó los derechos al debido proceso, incluido el requisito de presentar documentos obligatorios y órdenes de arresto, garantizar el acceso a abogados, proporcionar información sobre el paradero de los detenidos y garantizar el acceso a los miembros de la familia.

El evidente desprecio por el debido proceso en esta última instancia de violencia contra residentes de Cacahuatepec que se opone a la presa La Parota, viola los derechos humanos de los arrestados. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha pedido al gobierno estatal de Guerrero que tome medidas para proteger los derechos humanos en la región, y la organización local de derechos humanos Tlachinollan, ha pedido garantías procesales y garantías de Habeas corpus para los detenidos.

La confrontación armada en Cacahuatepec se remonta a la entrada del ejército por primera vez en 2013, con el fin de supervisar la elección de autoridades agrarias locales conocida como comisariado . La posición del comisariado ha adquirido una importancia renovada en el contexto del conflicto por la tierra, en particular la capacidad de vender o arrendar tierras, ya que la confrontación entre los miembros de la comunidad pro-dam y anti- represa ha alcanzado una intensidad mayor con la introducción del proyecto propuesto. CECOP inició la formación de una unidad local de la CRAC-PC como una forma de autodefensa tras las nuevas incursiones del ejército, hostigamiento de miembros individuales de CECOP por el ejército, así como amenazas de malhechores armados, en su mayoría a favor del proyecto de energía hidroeléctrica.

El CRAC-PC surgió en el Estado de Guerrero en 1998 como un esfuerzo ciudadano para tratar de garantizar la justicia y la seguridad en un contexto en el que el crimen organizado y las fuerzas policiales estatales están fuertemente vinculadas. Ha mantenido una estrecha relación con las voces de la comunidad que se han resistido a las industrias extractivas, defendiendo el derecho a sus tierras y territorios y afirmando su derecho a la autodeterminación a la hora de decidir el  futuro de sus comunidades. Incluso cuando el gobierno reconoce a CRAC-PC como una organización legítima en el Estado de Guerrero, las fuerzas estatales han tenido un historial de ataques constantes, provocación y confrontación con la policía comunitaria, deteniendo a sus líderes y desestabilizando a la organización, ya sea al deshacer sus intentos de garantizar la seguridad y la justicia, o al generar divisiones.

Existe una conexión clara y directa entre el intento de avanzar con el proyecto de la hidroeléctrica en el río Papagayo y el aumento de las confrontaciones violentas en una atmósfera  tensa y volátil en Cacahuatepec. La introducción del proyecto ha dividido no solo a las comunidades, sino también a los amigos y las familias, entre los partidarios de la represa y los que se oponen a ella, habiendo serias implicaciones en las relaciones comunitarias en esta región. Las fuerzas estatales han explotado, exacerbado y creado activamente esta división para fomentar la violencia de alta intensidad.

En conjunto, este contexto deja al descubierto el mensaje que se envía a los miembros de CECOP y CRAC-PC: que enfrentarán amenazas, intimidación e incluso asesinatos por alzar la voz contra la injusticia, defender su derecho a sus tierras y territorio ancestrales, y por afirmar su derecho a la autodeterminación en el desarrollo y futuro de su comunidad.

Vasundhara Jairath es un académico con sede en la India que trabaja en temas relacionados con la tierra, el desarrollo y la desposesión en América Latina y la India.

Fuente: upsidedownworld.orgestrecha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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