Por Nelton Rivera
Este 1 de octubre se cumplieron cuatro meses del desplazamiento forzado de 450 personas de la comunidad Laguna Larga. Fueron desplazadas de sus hogares el 1 de junio de 2017 por las fuerzas de seguridad del Estado de Guatemala y se asentaron en un campamento improvisado en la linera fronteriza con México, el 8 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió finalmente otorgarles medidas cautelares a las familias luego de conocer su situación durante una visita In loco al país.
La crisis humanitaria afecta de manera directa a las 100 familias guatemaltecas que continúan desplazadas en condiciones precarias en un campamento provisional en el municipio de Candelaria, en el Estado de Campeche, México. La CIDH resolvió otorgarles medidas cautelares a las familias desde el 8 de septiembre, pero el Estado guatemalteco sigue sin darles cumplimiento.
“Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, y la información obtenida en la visita In loco a Guatemala, la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que los derechos a la vida e integridad personal de los pobladores desplazados de la Comunidad Laguna Larga se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de un daño irreparable”.[1]
El desplazamiento forzado fue el resultado de una orden de desalojo impulsada por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) que en este Gobierno se negó a ratificar legalmente el reconocimiento y la permanencia de las comunidades en áreas protegidas. El Ejército de Guatemala se instaló dentro de la comunidad, quemó las casas, usurpó varias instalaciones, como la escuela, y ubicó un puesto militar.
Las medidas cautelares requieren del gobierno de Jimmy Morales que en un plazo de 20 días garantice la retorno a la comunidad de las 450 familias. También debe garantizar las condiciones de acceso a salud, agua potable, la continuidad de la educación de la niñez, el acceso a sus áreas de trabajo y cosechas para su subsistencia, entre otras.
De la fecha de la resolución de las medidas cautelares por la CIDH se cumplió un mes con exactitud este 8 de octubre de 2017, y el gobierno de Jimmy Morales sigue sin darles complimiento y acatar con la protección de las 450 familias.
[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- Resolución 36/2017. Medida Cautelar No. 412-17. 8 de septiembre 2017.
