Por: Nelton Rivera.
“La investigación criminal siguió la fiscalía especial de delitos contra el ambiente y tiene elementos suficientes para ligar a proceso penal a los representantes y beneficiarios de la empresa REPSA, hoy pedimos a la fiscal general continúe con la investigación del asesinato de Rigoberto Lima, las detenciones ilegales y que solicite a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia que el caso sea trasladado a un juzgado de mayor riesgo de la ciudad para que termine aquí la investigación y se lleve a cabo la primera declaración de los presuntos responsables del Ecocidio que son los representantes legales y propietarios de la empresa de Palma Africana.”
En el municipio de Sayaxché las comunidades no cesan en la búsqueda de justicia, en junio del 2015 fueron contaminados 185 kilómetros del río La Pasión uno de los ríos más grandes del país y el principal abastecedor del vital líquido para las poblaciones asentadas a su orilla. El desastre natural más grande en la historia de Guatemala se consideró como un Ecocidio por el asesinato de miles de animales de varias especies y por colocar en riesgo a las personas que dependen del agua. Las instituciones del Estado guatemalteco nada han hecho por revertir el daño provocado, la justicia ha permanecido entrampada en los tribunales de este departamento fronterizo con México y Belice. Por si esto fuera poco hace un año fue asesinado el profesor Rigoberto Lima Choc uno de los principales opositores a las empresas de Palma Africana en la región por la contaminación que provocan, por el clima de violencia que generan cuando se instalan y las violaciones a derechos humanos y laborales. Para miles de personas en las comunidades la justicia sigue siendo una deuda enorme, los responsables de la contaminación del río, del asesinato del profesor Lima siguen impunes.
Llegaron a la capital
Un grupo grande de representantes de las comunidades afectadas por el Ecocidio en el río La Pasión salieron con uno o dos días de anticipación desde sus hogares, luego tuvieron que viajar por más de 8 horas por la carretera del Atlántico hasta llegar a la ciudad capital, dejaron los guatales, la milpa, el frijol, la escuela y a sus familias, el trabajo deberá de esperar uno o dos días más, en algunos casos deberán dejar cuatro días sin trabajar para que el resto del país se entere que desde el año pasado uno de los ríos más caudalosos fue contaminado por químicos que posiblemente fueron vertidos de manera irresponsable por REPSA.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala OACNUDH en el mes de julio 2015 luego de la contaminación del río presentó un informe sobre este caso de contaminación. Resulta que la empresa opera sin tener autorización para la Planta de procesamiento REPSA II, no tienen Estudio de Impacto Ambiental EIA, tienen de forma ilegal plantaciones dentro del área protegida y en el área de amortiguamiento de la Biosfera Maya, el CONAP guardo silencio de esto. Además las pozas de oxidación que son los recipientes en donde deben de tratarse las aguas contaminadas no tenían revestimiento haciéndolas totalmente inseguras. La empresa no cuenta con planes de mitigación y prevención de desastres, accidentes, rebalses e inundaciones en una región en la que las fuertes lluvias generan constantes inundaciones, incluso la empresa no cumple con los requerimiento en el tratamiento de las aguas toxicas, ni monitorios, ni tratamientos de los lodos.[1]
Varios de los representantes se ubicaron en una mesa al frente de un salón, detrás de ellos otros comunitarios levantaron varias mantas, el abogado Rafael Maldonado de CALAS, Tita Godínez del movimiento de mujeres les acompañaron en la conferencia de prensa que convocaron para el día lunes 19 de septiembre en el Centro Histórico.
Nuevamente denunciaron el retraso malicioso del proceso penal que atrasa el desarrollo de la investigación para esclarecer quienes son responsables, desde los autores materiales e intelectuales del asesinato del profesor Rigoberto Lima Choc y del Ecocidio, además de los hechos de violencia que se desencadenaron por las denuncias hechas por la contaminación del río La Pasión, sumadas a otras denuncias que incluyen las formas violentas en que muchas de las tierras fueron despojadas a las comunidades y otorgadas a la empresa palmera, la violación constante del código de trabajo y los derechos laborales de quienes trabajan en las plantas de REPSA, un paquete grande de procesos penales y laborales.
Litigio malicioso de la Reforestadora de Palmas del Petén S.A. REPSA
Para los comunitarios es preocupante que los abogados en representación de REPSA ejercen como estrategia legal el litigio malicioso, buscan entrampar y detener el proceso de investigación y el desarrollo del proceso judicial en contra de la empresa, varios recursos han utilizado en menos de un año de haber iniciado el proceso judicial.
Cuatro recursos de forma directa la empresa ha colocado para retardar el proceso, otro recurso más fue colocado por varios trabajadores en la misma línea de la defensa de la empresa.
Sumado a esto la Sala de Apelaciones del departamento del Peten benefició a la empresa para revertir la resolución del Juzgado Pluripersonal de Delitos Contra el Ambiente de Peten que ordenó el cierre de operaciones de la empresa REPSA, la Corte de Constitucionalidad amparo al CONAP y CALAS revocando la resolución de la Sala de Apelaciones de Peten, pero la empresa continuó con los trabajos y no se aplicó la resolución del juzgado Pluripersonal.
“La conllevada reiteración de negación de la justicia, falta de tutela judicial efectiva en riesgos de la salud para las comunidades que viven en la cuenca del río la pasión en el municipio de Sayaxché Peten”
Para las comunidades es preocupante que la jueza Karla Hernández quien preside el juzgado Pluripersonal de Delitos Contra el Ambiente, quien ha estado recibiendo fuertes presiones por el caso del Ecocidio del río, la respuesta de los empresarios no se hizo esperar, inmediatamente accionaron contra la jueza, poniendo en riesgo sin que el Estado guatemalteco garantice su seguridad y también están atentado en contra del debido proceso: a) Antejuicio presentado en septiembre de 2016 por abogados vinculados a la empresa REPSA, el cual fue declarado sin lugar por la Corte Suprema de Justicia el 9 de diciembre de 2015; b) Demanda de juicio sumario civil para deducción de responsabilidades civiles por “extralimitación de sus facultades como juez B del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Municipio de San Benito, Departamento de El Petén, toda vez que ordenó una medida precautoria que no está contemplada en la ley”; esta denuncia fue aceptada para su trámite por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de El Petén, Municipio de Poptún el 6 de octubre de 2015 y se encuentra en trámite.[2]
Para la gente la resolución de la jueza Karla Hernández fue histórica y contundente, no solo para las comunidades de Peten sino para toda América que se encuentra sufriendo por empresas que promueven este monocultivo que busca consolidarse frente a la crisis del petróleo y sus derivados.
REPSA por su parte emitió un Campo Pagado expresando: “Que lamentamos profundamente el asesinato del Consejal Electo Rigoberto Lima y solicitamos al Ministerio Público y a la CICIG que desarrollen de forma conjunta las investigaciones para el esclarecimineto de este hecho a la mayor brevedad posible…”
Continúan las amenazas a autoridades comunitarias
En el departamento de Peten corren muchos riesgos las autoridades comunitarias, sean indígenas o populares, especialmente los líderes y lideresas que en su papel representan los intereses colectivos de la gente, este es el caso de muchas personas que frente a la problemáticas social originada con la Palma Africana en el territorio han tenido que enfrentarse a intimidaciones, amenazas, asesinatos y despojo de la tierra.
“Nos preocupan las acciones ilegales e intimidatorios, y violentas que se desarrollan en contra de líderes, como las retenciones arbitrarias, las amenazas que se viven en Sayaxché, también el abogado Rafael Maldonado de CALAS le ha tocado que padecer esto por llevar la dirección del litigio para las comunidades en el proceso penal en contra de la empresa de Palma Africana.”
Los comunitarios piden al Estado guatemalteco garantizar la seguridad de toda la población, de los actores procesales como jueces que actúan apegados a derechos, la jueza Karla Hernández y los querellantes en este proceso penal contra la empresa.
Pidieron una ampliación de la competencia penal para que este proceso penal sea trasladado a la ciudad capital porque en la región o en otros departamentos no se podrá garantizar la objetividad de este por la mala intención con la que la empresa lleva su estrategia de litigio.
“REPSA nunca se clausuró sigue operando porque logró que no se hiciera cumplir la resolución del juzgado Plurifamiliar, otras empresas también están operando lastimosamente, hay muchísimas quejas comunitarias, también de los trabajadores de estas empresas se quejan porque son explotados, son mal pagados, no tienen derechos laborales y tienen que guardar silencio mientras se siguen contaminando sus aguas.”
“La empresa REPSA presento aproximadamente cuatro amparos y los trabajadores presentaron otros dos, la sala de apelaciones la Sala de Apelaciones de forma exprés, inmediata, ordenó dejar en suspenso la resolución de la jueza, la estrategia coordinada entre CALAS y CONAP logramos apelar cada uno de estos recursos y revertirlos pero lamentablemente pasaron los seis meses sin que se suspendiera la empresa.”
“Mientras me encontraba en la ciudad capital en la oficina de CALAS reunido con los abogados para saber cómo se encontraba el proceso penal de Poptún Peten, fui perseguido por un vehículo desconocido y se llevaron el mío, vemos que esto es parte de la intimidación para que nosotros desistamos de llevar las denuncias y los casos judiciales. No podemos estar tranquilos cuando llegan a nuestras casas y las rodean personas desconocidas, es lamentable que en Guatemala haya mucha impunidad y que los órganos de justicia no sean imparciales.”
Arroyo El Mico también fue contaminado
La problemática con la contaminación de los afluentes es seria, en menos de un año 185 kilómetros del río La Pasión fueron contaminados, ahora las comunidades denunciaron que el rio El Mico es otro que registra contaminación, cinco mil personas dependen del agua para el consumo, para los cultivos, usan el agua para el aseo personal, la empresa responsable de la contaminación puede ser la empresa NAISA.
Los comunitarios denunciaron que en esta época las empresas de Palma Africana están fumigando con químicos las grandes plantaciones para librarlas de muchos insectos, abejas, mosquitos, pájaros, Tepezcuintles porque estos animales buscan el fruto de la Palma.
NAISA fue una de las que se establecieron en Sayaxché Peten y es propiedad de la familia Köng Vielman – Köng Ossaye , que produce la marca aceite Ideal a base de girasol a través de la empresa Alimentos Ideal, S.A. ( Idealsa )[3]
Esta empresa junto a la Reforestadora de Palmas de Petén (REPSA), que integra el grupo palmero HAME forman parte de la Gremial de Palmicultores de Guatemala –GREPALMA–, adscrita a la Cámara del Agro forman parte del CACIF.
La FAO miente
Las comunidades tienen un fuerte reclamo, representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO en Guatemala mantienen una campaña en medios de comunicación que está totalmente alejada de la realidad, en las comunidades afectadas por la contaminación del río La Pasión no han visto a la FAO o al CONAP hayan llegado a las comunidades a trabajar en conjunto con los líderes comunitarios.
Esta institución internacional no está trabajando para revertir el desastre, poniendo en riesgo la vida de muchas generaciones de habitantes y la naturaleza.
[1] Presentación de los hallazgos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH). http://www.ohchr.org.gt/documentos/comunicados/20150721_ConferenciaPrensa_RioLaPasion.pdf
[2] Guatemala: nuevas presiones en contra de la jueza Karla Hernández de El Petén por caso de contaminación ambiental en el río la Pasión. http://www.icj.org/guatemala-nuevas-presiones-en-contra-de-la-jueza-karla-hernandez-de-el-peten-por-caso-de-contaminacion-ambiental-en-el-rio-la-pasion/
[3] Por Luis Solano, Agrocombustibles: proyecto de ley reabre debate. 4 de diciembre de 2007. http://www.albedrio.org/htm/articulos/l/ls-020.htm
