Por: Simón Antonio
La Corte Interamericana en una resolución del 9 de enero, le indicó al Estado de Costa Rica que ‘‘el reconocimiento de la identidad de género resulta de vital importancia para el pleno goce de los derechos humanos de las personas trans’’.
El Estado de Costa Rica había hecho una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para recibir asesoría sobre el procedimiento a seguir para garantizar el derecho a la identidad a las personas transgénero y el derecho de unión a las personas del mismo sexo, con lo que pretendía tener claridad sobre la protección que brinda la Convención Americana a quienes quieren cambiar de nombre por su identidad de género o vincularse legalmente con otras personas del mismo sexo.
La Corte con sede en San José, Costa Rica, resolvió a la solicitud del Estado costarricense “que el cambio de nombre, la adecuación de la imagen, así como la rectificación a la mención del sexo o género, en los registros y en los documentos de identidad que sean acordes a la identidad de género auto-percibida, es un derecho protegido por la Convención Americana. Como consecuencia, los Estados están en la obligación de reconocer, regular, y establecer los procedimientos adecuados para tales fines”.
En otra solicitud de Costa Rica sobre la interpretación a cuál es la protección que brinda la Convención Americana al reconocimiento de los derechos patrimoniales derivados de un vínculo entre personas del mismo sexo; la Corte resolvió “que en ocasiones la oposición al matrimonio de personas del mismo sexo está basada en convicciones religiosas o filosóficas”. La Corte indica “que el principio de la dignidad humana deriva la plena autonomía de la persona para escoger con quién quiere sostener un vínculo permanente y marital, sea natural (unión de hecho) o solemne (matrimonio)”.
La solicitud de Costa Rica se realizó el 18 de mayo de 2016 y en el marco del proceso se recibieron 91 observaciones escritas por parte de los Estados, organizaciones sociales e instituciones académicas. El 16 y 17 de mayo se celebró una audiencia pública en San José, Costa Rica, donde la Corte recibió las observaciones orales de 40 delegaciones.
