Por: Marielos Monzón
La semana pasada me refería en este mismo espacio a la criminalización que sufren autoridades y líderes locales, defensores de derechos humanos y periodistas en el país. Aunque no es un fenómeno nuevo —la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Udefegua) registra los primeros casos en 2004— en los últimos años la criminalización ha ido en aumento.
Lo anterior no es casualidad. Existe una clara coincidencia entre la autorización y puesta en marcha de megaproyectos (mineras, hidroeléctricas y megacultivos) y las campañas de difamación y calumnia, procesos penales y estigmatización contra líderes e integrantes de los movimientos de resistencia y defensa de sus territorios. Lo mismo sucede con los periodistas locales que informan sobre las irregularidades en la autorización de las licencias o los impactos (sociales y ambientales) que se producen. Los miembros de las organizaciones ecologistas son también señalados como “desestabilizadores” y todos tienen en común que se les considere delincuentes o transgresores de la ley, sobre todo cuando se movilizan o realizan protestas en defensa de sus derechos.
Históricamente fueron los trabajadores (sindicalizados o no) y los campesinos que reclaman derechos sobre la tierra quienes llevaron la peor parte; sin embargo, el círculo se ha ampliado cada vez más y la criminalización se ha convertido en la herramienta favorita de grupos de poder para desarticular la organización y la movilización social. En su informe sobre “Criminalización en Guatemala: estado de situación 2012-2017”, Udefegua documenta 909 casos en las modalidades de detenciones ilegales y arbitrarias, difamación y denuncias judiciales. En varios casos de mujeres detenidas se logró establecer además que fueron víctimas de acoso y violencia sexual.
Aunque no siempre existe una correlación entre las campañas previas de difamación y calumnia con los atentados y amenazas contra la vida o denuncias penales, en varios de los casos sí se ha podido establecer un patrón que indicaría que existe una intención deliberada de hacer ver como delincuente a una persona para que luego se justifique el que sea capturada o atacada. Un caso emblemático en este sentido es el de los siete líderes indígenas de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, que fueron llevados a juicio por distintos delitos en base a acusaciones de la empresa hidroeléctrica que se asentó en la zona. Al momento de dictar la resolución, la presidenta del tribunal de Mayor Riesgo A, Yassmín Barrios, sostuvo que “ya entendimos que se quiere criminalizar la conducta de los líderes ancestrales y comunitarios por lo que le pedimos a los respetables fiscales que no criminalicemos a las comunidades indígenas”.
Otro peligro inminente en esto de la criminalización es la aprobación de leyes dizque “antiterroristas” que buscan en realidad evitar la movilización y la protesta social, coartar la libertad de expresión y asociación y el derecho de petición. Somos testigos de cómo en Honduras las protestas ciudadanas por el fraude electoral están siendo duramente reprimidas en base a una ley “antiterrorista”, aprobada previamente por un congreso dominado por el oficialismo.
En síntesis, la criminalización es un mecanismo recurrente de los sectores poderosos que utilizan su influencia en las instituciones de seguridad y justicia, los medios de comunicación, el congreso y el gobierno para defender sus intereses.
Fuente: prensalibre.com
