Por: Simón Antonio
“En nuestro país están sucediendo una serie de hechos que generan incertidumbre e inestabilidad política”, expuso la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) por lo que pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que envíe una misión especial a Guatemala para que se detenga el avance de personas interesadas en interrumpir la lucha contra la corrupción.
Entre los hechos que motivan la solicitud por parte de la CIJ, está la declaración por parte del presidente Jimmy Morales de non grato al comisionado Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG); las reformas al Código Penal en el Congreso de la República; la remoción del Superintendente de Administración Tributaria (SAT) Juan Francisco Solórzano Foppa; las intenciones de remoción ilegal del procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas Andrade; la nueva intención de modificar el mandato de la CICIG y la nueva intención de expulsión Velásquez; lo que según la CIJ “Estos gravísimos hechos demuestran que las autoridades del Estado de Guatemala pretenden con sus actos, menoscabar el funcionamiento de la administración pública y promover la impunidad”.
“Las autoridades del Estado de Guatemala al más alto nivel han diseñado y están implementando una política exterior fundamentada en una errónea interpretación de la soberanía nacional y en el absoluto desprecio por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, todo ello para defender los intereses personales de funcionarios de los tres poderes del Estado y así hacer prevalecer el sistema de impunidad que ha existido en el país, en las últimas décadas. Todo ello es parte del Pacto de Corrupción e Impunidad que existe y que proviene de las autoridades al más alto nivel.”, añadió Ramón Cadena, director de la CIJ para Centroamérica.
