Por: Andrea Ixchíu Hernández
Hasta el año 2012, las investigaciones realizadas por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- y el Instituto Nacional de Bosques -INAB-, estimaban que la cobertura forestal de Guatemala en áreas protegidas era de 3,722,595 hectáreas que representan el 34.2% del territorio nacional.
Los bosques en Guatemala están sujetos a múltiples presiones, derivadas del modelo de propiedad y acceso a la tierra, además del modelo económico. Factores fundamentales para la creación y acumulación de riquezas que conforman buena parte de las relaciones de poder en la sociedad.
Previo a la colonización, los pueblos indígenas concebían de forma diferente su relación con el territorio, muy distante de la noción de propiedad individual absoluta que hoy es el corazón de la legislación guatemalteca. Dentro de la cosmovisión de los pueblos la tierra y los bienes naturales son un patrimonio común, colectivo, sobre el cual las personas y comunidades tienen derechos de posesión y usufructo, pero no de propiedad.
Esta cosmovisión fue agredida con la colonia, por la reforma liberal y ahora es agredida en la democracia extractivista. El modelo implementado por la Corona Española, dónde por medio de colonos se despojó de sus territorios a todas las comunidades indígenas e implementó legislación que no solo despojaba la tierra, sino que generó condiciones de esclavitud de las persona que la habitaban, ha cambiado poco. Hoy en día la noción de propiedad privada ha invadido la lógica comunitaria, transformándola abruptamente. El modelo de despojo de tierras concentró más del 70% del territorio en manos privadas de pequeñas familias, que con la propiedad de estas tierras ha concentrado poder económico, político y militar en el país y contribuyen a la deforestación a gran escala.
Sin embargo, a pesar de esa gran concentración de tierras en pocas manos, varias comunidades indígenas organizadas, han hecho subsistir sus sistemas de autoridades y gestión de la vida. Durante la colonia muchos pueblos acudieron al sistema de propiedad de tierras a principios de 1800, consiguiendo comprar títulos reales de propiedad sobre diversos territorios, registrandolos como propiedades colectivas y generando así modelos de gestión colectiva de tierras y con ellos manejo forestal comunitario.
Un ejemplo de ello es el municipio de Totonicapán, en donde por varios siglos un complejo sistema de organización comunitaria ha administrado más de 21,000 hectáreas de bosque, de las cuales se estima 11,000 se encuentran aún en buen estado de conservación, siendo un área importante de conservación forestal en el mundo.
Recientemente una gran porción del bosque de Totonicapán fue incendiada en un área con cercano acceso a la carretera Interamericana. La devastación y daño son grandes, se estima según cálculos hechos por la asociación de forestería comunitaria Utz’ Che que las perdidas de madera en pie son millonarias. Vecinos de Aldea Vásquez aún investigan sobre los responsables del incendio y sus motivaciones. La historia de Totonicapán y su tensión con empresas madereras, con transnacionales que instalan tendido eléctrico y conflictos limítrofes entre comunidades, dan lugar a varias hipótesis, pero la duda aún persiste.
¿Qué ocasiona que en pleno siglo XXI, con avanzados conocimientos sobre el impacto ambiental que traen los incendios forestales, con múltiples instituciones, legislación y políticas de Estado se sigan ocasionando estos incendios? El caso de Totonicapán no ha sido el único en los primeros 2 meses de este año 2018.
Según el Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad, de la Universidad Rafael Landivar -Iarna-, las causas de la deforestación y degradación de los bosques en Guatemala son varias, entre ellas las actividades agropecuarias que generan monocultivos, el consumo de leña, la extracción de madera industrial que se hace de manera legal y de manera ilegal, el crecimiento urbano por el que son deforestadas alrededor de 813 hectáreas al año. Y todas estas causas juntas se ven reflejadas en la pérdida anual de 132,137 hectáreas de bosque en todo el territorio nacional.
Sin embargo la respuesta institucional ante los incendios forestales y la deforestación es insuficiente. Considerando que la primera referencia concreta en la historia del país relacionada al manejo forestal se inicia hasta el año de 1,920, donde el Ministerio de Agricultura se atribuye las tareas de conservación e incremento de los bosques y no es hasta 1,945, cuando se promulga la segunda Ley Forestal, que dio vida dentro del Ministerio de Agricultura a la División Forestal para encargarse de la administración de los recursos forestales del país.
En 1,956 la legislación se reforma y se autorizaron múltiples formas de explotación de los bosques nacionales. Esto no cambió hasta 1,974, cuando se constituye la tercera ley forestal y se crea al Instituto Nacional Forestal –INAFOR- y con él hubieron algunos esfuerzos para tecnificar la actividad forestal, pero los mismos se diluyeron por la corrupción.
Durante los años ochenta se modificó dos veces más la legislación forestal, pero a pesar del trabajo de promoción del manejo forestal en forma racional y sostenible, las fincas y empresarios orientaron principalmente sus actividades al aprovechamiento selectivo de bosques, lo que motivo una degradación fuerte de la cobertura forestal del país.
Finalmente, en 1,996, se emitió el Decreto 101-96, la actual Ley Forestal y se crea al Instituto Nacional de Bosques –INAB-, también aparece el Consejo Nacional de Áreas Protegidas que por varias décadas han tratado de construir políticas y estrategias de conservación de bosques, pero han sido poco efectivas. A pesar de la existencia de un Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -SIGAP-, del Programa de Incentivos Forestales -PINFOR, del Programa de Incentivos para pequeños poseedores de tierras de vocación forestal -PINPEP- la presión sobre los bosques se mantiene al alza.
La falta de voluntad política para trabajar por la conservación y manejo de bosques, queda evidenciada por la historia y con cada decisión presupuestaria de los pasados gobiernos, en dónde se hizo una muy baja inversión pública en ambiente, conservación y manejo de bosques, pero altos presupuestos destinados para la compra de armas, la militarización de los territorios y la entrega de concesiones para la explotación de los bienes naturales.
A pesar de esto, muchas comunidades fortalecen sus propios modelos de gestión territorial, ya que pocas veces la institucionalidad pública ha podido coordinar de forma efectiva con la gestión comunitaria de bosques. La relación ha sido sobre todo vertical, criminalizante hacia las comunidades. Cientos de casos de autoridades indígenas, líderes comunitarios procesados por delitos relacionados con temas ambientales se registran en el Ministerio Público. Las comunidades cuestionan la corrupción en el manejo que realizan las instituciones públicas de las áreas protegidas y por ello son reprimidas. El modelo de conservación pública y privada de bosques se ha convertido en otro instrumento para el despojo de territorios de las comunidades.
Ante estas condiciones, la forestería comunitaria se posiciona como posibilidad de vinculación entre la cosmovisión de los pueblos indígenas y la gestión holística de los territorios. Hace compatibles la conservación de los recursos forestales y la búsqueda de mejoras en la calidad de vida de las comunidades, entendiendo que los bosques no son solamente proveedores de bienes tales como madera, leña, broza y otros productos no maderables, sino que también contribuyen a la regulación hidrológica y son espacios vivos.
