Por: Carlos Fernández
@carlosfercid
Encrucijada terrible enfrenta nuestro país, después que los diputados al Congreso de la República de Guatemala aprobaran por mayoría uno de los pactos políticos que desnuda las aviesas intenciones de sumir al país en un paraíso de impunidad. Las acciones que la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) ha emprendido contra la corrupción, por primera vez, se acercaron al último de los partidos políticos que quedaban intactos en la historia democrática del país. La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien gobernó al país en el período de 2008-2012 finalmente era alcanzada por la CICIG. Después de casi dos años de lucha encarnizada contra la corrupción y de tener a la mayoría de la plana mayor del Partido Patriota (PP) en prisión preventiva o con orden de captura y/o fugados, dieron el primer paso y denunciaron junto al Ministerio Público (MP) a Orlando Blanco Lapola, quien fuera (o fingiera ser) el Secretario General de dicha agrupación política, que tuvo como candidata a la Presidencia de la República a la ex primera dama de la Nación Sandra Julieta Torres Casanova (ex esposa de Álvaro Colom Caballeros), acusándole de financiamiento ilícito.
Si las denuncias de corrupción impulsadas por CICIG y MP, se hubieran circunscrito al FCN-NACIÓN, el escenario desatado el 13 de septiembre por el planteamiento de Orlando Blanco Lapola de garantizar impunidad a quienes estuvieren señalados de financiamiento ilícito, quizá habría sido una batalla con menores posibilidades de victoria, porque hay que tener claro lo siguiente: la UNE reaccionó para blindar a Sandra Julieta Torres Casanova. Vamos, Orlando Blanco Lapola es un simple testaferro, que hace las veces de operador político y que dicho sea de paso, tampoco lo hace de gratis, porque vive a cuerpo de rey. El movimiento emprendido por la UNE fue en su ajedrez político, una burda jugada para blindar a la reina encarnada en Torres Casanova y si para ello hay que sacrificar peones, pues se hace.
En más de una ocasión, he señalado que la posible selectividad con la que operó el MP y la CICIG en los casos de corrupción ampliamente denunciados y documentados, ocurridos durante el Gobierno de la UNE, era un error que iba a pasar factura tarde o temprano. Desde que Claudia Paz y Paz fue Fiscal General, obran sendos expedientes y denuncias en el MP, los cuales, por alguna extraña razón, jamás prosperaron cuando ella fue Fiscal General y que hasta la fecha, duermen el sueño de los justos. En este sentido, el blindaje a la UNE ha sido una práctica concebida y operada bajo la lógica de: “son un aliado político en la lucha contra la impunidad”. ¡Ahí tienen a su aliado!
Insisto, así como era necesario desmantelar la estructura criminal del PP, de la misma forma, era importante desmantelar la de la UNE, en tanto es imposible concebir que en el denominado caso Cooptación del Estado, no existan interconexiones de intereses o actores beneficiarios de dicha corrupción. Dicho en otras palabras, el PP era una banda criminal, que seguramente tenía vínculos con la gavilla de la UNE. De la misma forma, hay que enderezar procesos hacia otras estructuras criminales enmascaradas en diversos sellos de partidos políticos que campean en esa cueva de forajidos llamada Congreso de la República de Guatemala.
Ojalá, los hechos del 13 de septiembre de 2017, hagan que los ojos de la población no se aparten de la necesaria, urgente e impostergable depuración del sistema electoral y de partidos políticos. Así mismo, que la CICIG y el MP avancen sustantivamente en el desmantelamiento de la mafia representada por Orlando Blanco Lapola en el #PactoDeCorruptos que el y su partido impUNE de manera artera impulsaron.
Finalmente, a la población, solo nos queda la calle para manifestar hasta #QueSeVayanTodos y se inicie un proceso de refundación del Estado guatemalteco. No basta con exigir la renuncia de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, dejando intacto el Congreso de la República. Llegó el momento de expulsar de una buena vez a esa ralea de delincuentes enquistados en el Estado y que lo han cooptado para su beneficio personal y familiar.
