Huehuetenango: imposición de torres de telefonía crea oposición de vecinos y criminalización

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Créditos: Aroldo Mateo.
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Aroldo Mateo

La presencia de una empresa en  varias zonas de Huehuetenango que pretende construir torres para la telefonía celular, ha generado un problema social. Aproximadamente tres meses atrás, la empresa SBA Torres de Guatemala inicio con la construcción de dos torres en el lugar conocido como El Terrero y Alto, zona 4, lo que motivo a los vecinos a organizarse para oponerse a dichos proyectos de telecomunicación.

El descontento de las zonas del área urbana de Huehuetenango, inició desde que la empresa llegó con engaños, sin realizar una consulta previa e informada en cada comunidad, además, existe un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud OMS, que confirma que estos proyectos son dañinos para la salud y recomiendan que estos equipos sean instalados en lugares alejados a los centros urbanos.

Fotografía de Aroldo Mateo.
Fotografía de Aroldo Mateo.

 

Ante la llegada de la empresa los comunitarios se organizaron y en consenso decidieron oponerse a la imposición de estos proyectos e iniciaron un proceso legal para demostrarle a las instancias los abusos que se estaban cometiendo.

La empresa SBA, se dedica a la  construcción de torres telefónicas para alquiler o venta, a sistemas telefónicos que funcionan en el país, sin embargo, para este caso no han concluido con los procesos legales para ejecutar sus proyectos, operando de manera ilegal.

El informe presentado por el Ministerio de Ambiente en el oficio No.088-2016, detalla que los proyectos “Poste para Telecomunicaciones denominado  El Terrero zona 4 y Terrero Alto´´ resuelve que el estatus de los mismos, se encuentran en análisis y no ha llegado al proceso de Licencia Ambiental.

Los vecinos acompañados de activistas, ambientalistas,  solicitaron a los delegados de la empresa los documentos en donde les autorizan la construcción de las torres y demostraron carecer de ellos.

Además los vecinos solicitaron la suspensión de toda construcción, tras emitir un oficio  por la municipalidad de fecha 17 de agosto dirigido a Norma Yuliana Pérez Martínez, auxiliar fiscal 1 del Ministerio Publico MP, informando qué “no se ha otorgado ninguna licencia de construcción para instalación de Celas de Telefonía celular a la Empresa SBA Torres de Guatemala, Limitada´´.

Las protestas se intensificaron tras observar que la empresa ha obviado los procesos legales y opera ilegalmente.

La reacción empresarial, consistió en acusar a los representantes comunitarios para ser perseguidos judicialmente por la fiscalía del MP, como una estrategia de criminalización similar a los casos de empresas hidroeléctricas en el territorio Q´anjob´al y mestizo en el norte de Huehuetenango.

El 19 de diciembre, los vecinos se reunieron con las autoridades municipales  y gobernación departamental, en donde se determinó que la empresa  no estaba cumpliendo con los requisitos con el Ministerio de Ambiente y sin licencia de construcción. Por unanimidad se firmó el acta 149-2016, donde se acuerda que es necesario consultar a la comunidad previo a la instalación de equipo tecnológico, antenas, torres, etc.

CASOS ABIERTOS

Marvin Palacios, Gustavo Martínez, presidente y secretario, del Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE,  junto a Lucrecia Ramos, vecina de estas zonas, tienen tres procesos legales en el Ministerio Público por los delitos de amenazas, instigación a la comunidad, obstaculización al derecho a la comunicación.

Ante estas acusaciones,  se han sumado varias zonas que padecen del mismo problema, ya que actúan con el mismo formato en el departamento y que  ahora, los líderes se sienten perseguidos. La empresa ha aprovechado la oposición para estigmatizar la organización comunitaria de las zonas 4, 6, 7, 9, al llamarlos de “ignorantes´´  por oponerse a dichas construcciones.

Los líderes han sido perseguidos judicialmente por oponerse a la imposición de torres  de telefonía celular y al extremo de amenazas directas. Durante las últimas acciones realizadas, han indicado actuar en el marco legal para evitar enfrentamiento con las empresas, sin embargo, esperan conformar una mesa de dialogo en gobernación departamental, aunque este tema ya se había tratado en meses pasados.

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