Por: Luis Juárez
Fotografías: Publinews /CACIF
Cuando al empresariado le favorece la sentencia de la Corte, sí hay certeza jurídica, Cinismo oligárquico. Cuando las sentencias favorecen a las comunidades, a los pueblos indígenas y a los sectores más vulnerables, no hay certeza jurídica, qué paradoja.
El 10 de mayo de 2013, José Efraín Ríos Montt fue hallado culpable por los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad y fue condenado a 80 años de cárcel, inmediatamente la cúpula oligárquica atacó la resolución judicial de la Corte de Constitucionalidad y a la misma jueza Yassmín Barrios, aduciendo una infinidad de vicios en el proceso judicial hasta que lograron revertir la sentencia diez días después. En esa oportunidad la cúpula empresarial quedó complacida porque sí hubo “certeza jurídica” violentando el estado de derecho y la institucionalidad del país.
Esa misma cúpula vuelve a atacar de nuevo invocando el Estado de derecho, certeza jurídica y la libre empresa. Hablan de libertad y explotan a sus trabajadores, hablan de respetar la independencia judicial y se oponen a la resolución de la Corte Suprema de Justicia que suspendió las operaciones de la Minera San Rafael por no cumplir con los requisitos de ley que mandata les leyes nacionales e internacionales como el convenio 169 de la OIT, hablan de certeza jurídica y son ellos los que no respetan las leyes del país, hablan de libertad de competencia y tienen monopolizado el mercado, hablan de democracia y no respetan las consultas comunitarias, hablan de República a su conveniencia, hablan de transparencia y son los principales corruptos, quieren darnos cátedra de ética y valores morales y son grandes ladrones, evaden impuestos y parasitan el Estado, etc., etc. Ese mismo grupo oligárquico es tan cínico que ahora nos hacen creer que es “normal” lo que sucede en nuestro país, que no hay mano peluda y responsable de la situación del país y se limpian las manos. Decir, que lo que sucede es “normal” es tan peligroso que pone en juego el futuro del país.
El grupúsculo organizado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se opone férreamente a la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que resolvió el cierre de las operaciones de la Minera San Rafael para retorcer las leyes a su sabor y antojo. Ahora ya no es por genocidio, ahora es por ecocidio, considerado recientemente por los organismos internacionales como delito de lesa humanidad porque violenta los derechos humanos de los habitantes por el daño masivo y destrucción ambiental en el territorio donde opera la canadiense Minera San Rafael.
El sector privado organizado en el CACIF, los columnistas oligárquicos-libertarios, los grandes medios corporativos manipuladores de noticias y toda esa línea que hipoteca la nación a la merced de las grandes empresas transnacionales a cambio de plusvalía y de su propia libertad.
¿Qué entienden ustedes por certeza jurídica? Tanto hablan de aplicación de la ley y respetar el Estado de derecho, pero lo que están haciendo con la resolución apegada a derecho de la CSJ, que otorgó un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), el cual deja en suspenso dos licencias de operación de la minera, el Escobal y San Juan Bosco, emitida el 22 de junio del año en curso, es retorcer la ley desacreditando la institucionalidad y las resoluciones judiciales de las máximas autoridades de impartición de justicia.
La ley debe aplicarse a todos por igual, nadie es superior a la ley y se le debe acatar. La resolución judicial de la CSJ en contra de la minera, es por no cumplir con los requisitos de ley para operar en el territorio nacional, por los graves impactos ambientales y porque no se consultó a las comunidades xincas si estaban de acuerdo o no con la operación de la minera en su territorio. Es un mensaje positivo para el país y los grandes inversionistas, porque con ello se garantiza la certeza jurídica y el Estado de derecho del que tanto se jacta el CACIF.
La aplicación de la ley no ahuyenta la inversión, genera condiciones favorables a la inversión e invita a cualquier persona individual o jurídica a invertir, pero cumpliendo con los requisitos de ley y no bajo el manto de la impunidad y corrupción. Con el cierre de las operaciones de la Minera mejora la calidad de vida de los habitantes, los focos de conflictividad social disminuyen, elimina la contaminación visual y auditiva, del aire, del suelo y de los mantos acuíferos. El uno por ciento de regalías nunca eliminó la pobreza y extrema pobreza en la que viven los habitantes en los alrededores donde opera la minera.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), tiene un largo camino por recorrer, los casos de corrupción en el Micivi, la vinculación de funcionarios públicos, partidos políticos, empresas y megaproyectos, forman parte de las redes criminales y de corrupción que están afectando a miles de personas en todo el país.
