Por: Carlos Fernández
@carlosfercid
Los medios de comunicación tradicional en Guatemala han jugado un papel importante para la preservación del sistema. Por lustros, permanecieron unidos en comunidad de gananciales y eso para nadie es un secreto. De esa cuenta, en páginas de diarios, estaciones radiales y televisivas las puertas para la “libre emisión del pensamiento”, permanecieron abiertas para aquellos que estuvieran al servicio de los poderes fácticos. Si no me cree, vaya a la Hemeroteca Nacional e investigue el tipo de publicaciones que se plasmaron en las décadas del conflicto armado. Crímenes de lesa humanidad que ocurrían en diferentes departamentos del país, fueron tratados con una lisura periodística que provoca nauseas. Importante es reconocer, que muchos periodistas no se prestaron al juego, y por ello fueron perseguidos, secuestrados y desaparecidos. El precio por denunciar la barbarie, expoliación, corrupción o abusos de las mafias corporativas, siempre ha sido alto aún en nuestro días. Pero estas personas con ética periodística y altos valores humanos fueron la excepción y no la norma.
Aún con ello, los medios eran parte del pacto, el cual se fue perfeccionado para tener control de los contenidos por ejemplo, a los que por décadas las y los guatemaltecos en los canales de televisión nacional, tuvimos acceso. Los medios escritos llegan a una élite lecto-escritora, pero la televisión o la radio, tienen mayor posibilidad de orientar la opinión pública. Por ello, no es casual que los medios de comunicación televisivos fueran otorgados en eternos usufructos a Ángel González, un empresario mexicano nacionalizado guatemalteco. Empresario que también es dueño de medios de comunicación en otros países de Centro y Sudamérica, en donde ha mantenido el mismo esquema empresarial poco transparente.
El poder de Ángel González y sus televisoras en Guatemala, fue construido por una larga cadena de favores a todos los partidos políticos quienes accedieron a espacios publicitarios cuyo “único” costo, fue mantener el usufructo en manos de González. Una relación perversa, perfeccionada por décadas y mantenida por las utilidades que un sistema corrupto permitió de manera constante a ambas partes. Para muestra de lo anterior, es necesario leer el informe presentado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en donde detalla los mecanismos por lo que ha operado este pacto.
Lo anterior, es un breve resumen, pero sirve para entender la campaña de difamación emprendida por los canales nacionales 3, 7, 11, 13, 23, incluida Radio Cadena Sonora, medios de González, que se han prestado al ataque y difamación de las protestas ciudadanas, desencadenadas por la intentona de los diputados al Congreso de la República de aprobar un #PactoDeCorruptos el pasado 13 de septiembre.
Albavisión, en las protestas de 2015, también jugó un papel de desinformación y servil al deteriorado régimen de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. En ese momento, como ahora, dedicaron largas horas de tiempo de aire, para demeritar las manifestaciones que ocurrían en la Plaza Central, tildándolas de violentas y de ser manejadas por poderes oscuros para desestabilizar el país.
La derecha guatemalteca es asidua en señalar que en países socialistas, los medios de comunicación se prestan a los intereses del gobierno, pero nada dicen de la función que Albavisión ha jugado durante décadas para mantener la desinformación en el país. En Cuba, la televisión al menos imparte contenidos para educar y sensibilizar a su población. En Guatemala, los canales nacionales se han caracterizado por su vocación de priorizar programas como Combate en horario estelar por ejemplo.
El Gobierno de Jimmy Morales, en conjunto con los canales nacionales, han montado una clara estrategia de desinformación, tomando eventos ocurridos el pasado 14 de septiembre en el Parque Central, mostrando imágenes con la clara intención de criminalizar las protestas pacíficas. Entre las miles de muestras de solidaridad, respeto, empatía y participación ciudadana responsable, han decidido tomar imágenes de incidentes aislados y que fueron contenidos por los mismo manifestantes que llamaron a la cordura y de manera ejemplar, ordenaron lo que otros en la emoción del momento, tiraron al suelo. Entiendo que sillas, pódium y unas vallas tiradas al suelo son lejanas a un escenario idílico de manifestación pacífica, pero tampoco son el fin del mundo. Caso distinto es el del individuo que agredió al director de la Policía Nacional Civil (PNC), persona se supone por información oficial, ha sido capturada y a quien deben deducir responsabilidades como corresponda.
La estrategia de desinformación que opera actualmente para deslegitimar y evitar a toda costa que el #ParoNacional convocado por distintos colectivos sociales para el 20 de septiembre sea un éxito, no se limitará a los medios tradicionales. Utilizarán los característicos net-centers en los que desde perfiles falsos e incluso suplantando identidades, diseminarán información falsa e intentaran atemorizar a la población en redes sociales como Facebook y Twitter. Jimmy Morales y las mafias beneficiarias del #PactoDeCorruptos saben que la movilización social iniciada puede ser el principio del fin. Por eso, no debemos dejarnos sorprender por estas estrategias y corresponde, ser cuidadosos de las fuentes de información que consumimos, porque en tiempos de crisis como los que actualmente atravesamos, los medios de comunicación son claves para destruir la movilización social.
Pero no todo está perdido. Existen canales transmitidos por señal satelital que llegan a muchos hogares vía cable, que son consecuentes y no se han prestado al #PactoDeCorruptos. Por otra parte, la era de la información ha traído alternativas a medios impresos, sitios web en los que se han desnudado casos de corrupción con rigurosa investigación periodística, presentan historias comunitarias silenciadas por los medios de comunicación tradicional y además abren sus espacios para nuevas voces.
Este 20 de Septiembre, sin miedo y de manera masiva, debemos participar en el #ParoNacional, para enviar un mensaje claro a la clase política y empresarial de este país. El derecho a la manifestación, consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala y que Jimmy Morales supuestamente intentaba limitar vía un Estado de Excepción que no logró concretar en tanto el Congreso está fuera de funciones por razones obvias, ha sido garantizado por la Corte de Constitucionalidad –CC- gracias a un recurso interpuesto por Jordán Rodas, actual Procurador de Derechos Humanos (PDH) y se le ordena al decadente gobierno de Morales, brindar garantías para la seguridad de todas las personas que lleguen a manifestar.
